A través de tres cartas documento, el empresario Sergio Alejandro Gómez Sansone rechazó la sanción impuesta por la entidad, que lo declaró persona no grata, y formuló graves denuncias contra sus autoridades, incluyendo hechos de violencia y presuntas irregularidades.
El empresario del transporte Sergio Gómez Sansone, propietario de la firma El Rayo Bus SRL, que explota la Línea 8 de ómnibus, respondió formalmente a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que días atrás lo declaró persona no grata por sus persistentes críticas a la entidad.
Mediante una serie de cartas documento, a las que TDN tuvo acceso, Gómez rechazó la sanción que le impuso la entidad y formuló graves denuncias institucionales, que incluyen un episodio de presunta agresión física, supuestas irregularidades administrativas y cuestionamientos al manejo de fondos y a la contratación del sistema de boleto electrónico.
Las presentaciones, enviadas tanto a la propia AETAT como a su presidente, Daniel Orell, constituyen la primera reacción formal del empresario luego de que la entidad lo declarara persona no grata y dispusiera una prohibición de acceso y permanencia en su sede y en otros ámbitos institucionales por considerar que incurrió en “conductas graves que incluyen difamación pública y hostilidad manifiesta” contra la entidad y sus autoridades. Esta medida, según interpretó Gómez Sansone, constituye “una represalia” frente a sus críticas a la conducción de AETAT.
En una de las cartas dirigidas a la asociación, el empresario denunció haber sido víctima de una agresión física durante una reunión institucional realizada el 28 de noviembre pasado.
“Denuncio la agresión física de la cual fui víctima por parte del señor Jorge Berreta, vicepresidente de la asociación, en presencia de varios testigos, incluyendo al señor Daniel Orell, presidente de AETAT. Este acto de violencia, perpetrado en un ámbito laboral y durante una reunión convocada para tratar asuntos institucionales, resulta inaceptable y denigra la imagen de nuestra asociación”, expuso Gómez Sansone.
En el mismo documento, el empresario puso en conocimiento de la entidad la detección de presuntas irregularidades en la emisión de cheques, algunos de los cuales —según denuncia— no habrían sido entregados a sus beneficiarios, mientras que otros presentarían supuestas falsificaciones de firmas.
“He detectado irregularidades en la emisión de cheques cuyos beneficiarios fueron empresas asociadas, incluyendo la mía. Estos cheques, emitidos por AETAT, nunca fueron entregados a sus destinatarios, lo cual constituye una grave falta a la confianza depositada en la asociación y podría configurar los delitos de estafa y administración fraudulenta”, sentenció.
En ese marco, solicitó “una auditoría exhaustiva de las cuentas de AETAT” y una rendición detallada del uso de fondos administrados por la asociación, al remarcar que se trata de recursos públicos destinados al sistema de transporte.
Otro de los ejes centrales de la respuesta formal es el proceso de implementación del boleto electrónico. En sus cartas documento, Gómez Sansone cuestiona la urgencia con la que la conducción de AETAT avanzó en la firma de un contrato y afirma que se desestimaron propuestas alternativas que, según sostiene, permitirían reducir costos y mejorar la eficiencia del sistema. En ese contexto, advierte sobre una presunta falta de transparencia en la toma de decisiones y solicita que se investigue el procedimiento de contratación.
“Esta falta de transparencia en el proceso de contratación, sumada a las irregularidades financieras y al acto de violencia, genera una profunda sospecha sobre la existencia de posibles actos de corrupción y favoritismo en la elección del proveedor del sistema de boleto electrónico”, denunció el titular de la Línea 8 en una de las cartas documento.
En una carta enviada directamente al presidente de AETAT, Daniel Orell, el empresario rechaza los argumentos esgrimidos por la entidad y ratifica sus denuncias, además de exigir el envío de información contable detallada de los últimos cinco años vinculada a cheques, transferencias, subsidios y descuentos aplicados a las empresas que representa. Allí anticipa que, de no recibir esa información, avanzará por la vía judicial.
Finalmente, en una tercera comunicación, Gómez Sansone notificó a AETAT la revocación de todas las autorizaciones para actuar como agente de retención de fondos correspondientes a sus empresas y exigió que se transfieran de manera íntegra los montos que les correspondan, además de solicitar los comprobantes de retenciones realizadas en los últimos años.
Las cartas documento marcan un agravamiento del conflicto interno dentro del sector del transporte automotor en Tucumán y abren un nuevo capítulo con posibles derivaciones administrativas y judiciales.
