La Justicia finalmente dio marcha atrás la orden de desalojo que pesaba sobre la familia Rocchia, propietaria de uno de los locales comerciales donde funciona la casa de calzados Gerf, en Concepción.
La jueza María Ivonne Heredia aceptó un planteo de la familia para suspender el desalojo que estaba previsto para el 29 de febrero. El Ministerio Público de la Defensa, que lidera Washington Navarro Dávila tenía pensado trasladar a ese inmueble oficinas públicas.
Desde la familia habían cuestionado que el Estado quisiera cerrar un comercio para instalar oficinas públicas cuando en la zona hay otras propiedades que pertenecen al Gobierno de la provincia y de ese modo no perjudicaban a una empresa privada, que es el sostén de 70 familias de la provincia.
Extraoficialmente le dijeron a la familia que iban a dar marcha atrás con el proceso de expropiación que se había iniciado en junio de 2019 cuando la Legislatura aprobó la ley que declaraba a este inmueble sujeto a expropiación.
En el medio, algo que generó cuestionamientos legales, el Gobierno se demoró casi tres años para iniciar el juicio de expropiación, cuando el límite legal son dos años.
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, se había pronunciado en sus redes sociales en favor de la empresa local. «Repudiamos la conducta del Ministerio de la Defensa de querer posesionarse por supuesta expropiación improcedente y extemporánea del inmueble donde funciona el local comercial de una fábrica de calzados de calidad , propiedad de jóvenes empresarios emprendedores concepcionenses».
El intendente radical contó que ya habían adelantado al ministro de la Defensa que era imposible construir en altura en esa propiedad céntrica y que además eso generaría un caos vehicular.
