Con escasa oposición y con el sorpresivo acompañamiento de Fuerza Republicana en una de las votaciones, los decretos fueron ratificados por el cuerpo parlamentario.
La Legislatura de Tucumán tuvo su primera sesión del 2026. En una fecha atípica, el cuerpo legislativo se concentró para votar dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo. Ambos decretos fueron ratificados por el cuerpo parlamentario por amplia mayoría.
La sesión, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, debió convocarse luego de que la Justicia rechazara el artículo constitucional mediante el que se permitía la aprobación ficta o tácita (por el paso del tiempo) de los DNU. Por eso, debieron ser ratificados los DNU N° 11/3, presentado el 29 de diciembre, y el N° 1/3, enviado el 8 de enero.
Primero se votó el decreto N° 11/3, que establece una serie de restricciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, sus entes autárquicos y descentralizados, y aquellos que, aun con autonomía financiera, requieran aportes y/o asistencias para afrontar el pago de haberes y/o gastos de funcionamiento. Apenas tres legisladores se opusieron al proyecto: los radicales Silvia Elías de Pérez y Manuel Courel, además de Walter Berarducci (José Cano se abstuvo).
«Esto es un hermoso caballo de troya. Nos dicen que se prohíben nuevos nombramientos, pero con el ok de Abad sí se pueden seguir haciendo nombramientos. No entiendo al Gobernador: dijo que las adscripciones eran una estafa, las prohibió, y ahora ya no son más estafa», cuestionó Elías de Pérez.
«La facultad de designar empleados públicos queda en cabeza excluyente del poder Ejecutivo», señaló Cano, que remarcó que, de no ser por la Justicia, se hubiera mantenido un sistema «inadmisible» mediante el cual los DNU se consolidaban por silencio legislativo. Algo similar con respecto al nombramiento de empleados expresó Courel. «Es necesario hacer más eficiente el Estado en Tucumán, y es una discusión que tenemos que llevar adelante, pero este DNU no es la forma ni el modo», sostuvo el radical.
Desde el oficialismo defendieron el decreto. «En Tucumán las instituciones funcionan. Esto no es un unicato. Esto es absolutamente nutritivo para la democracia», le respondió Gerónimo Vargas Aignasse a Cano, con respecto a la decisión judicial. En cuanto al decreto, indicó: «esta medida busca previsibilidad, sustentabilidad, asegurarle a los tucumanos el funcionamiento del Estado, y asegurarle a los trabajadores del Estado que sus recursos van a ser pagados en tiempo y forma».
«Queremos dar la posibilidad de que la obra pública en Tucumán no se pare. Creemos necesario que estas cosas se cumplan, y esos recursos, evitando el nombramiento de mayor personal, va a ir destinado a eso», aportó, por su parte, Mario Leito.
La gran sorpresa en esta primera votación fue el acompañamiento de Fuerza Republicana. «Es un pequeño avance. Está a la puerta una reforma laboral, hay que atenderla. El Estado como empleador no da más», indicó Eduardo Verón Guerra.
Tras ser aprobado el primer decreto, se sometió a votación el segundo DNU, mediante el cual se exceptúa, hasta el 31 de diciembre de 2026, la presentación del certificado de cumplimiento fiscal, a los efectos de la admisibilidad de las ofertas y propuestas que se presenten en las contrataciones de bienes y servicios que realice el Estado provincial.
La oposición repitió su postura, aunque esta vez se sumó el rechazo de Fuerza Republicana. «Estamos ante una norma que bajo la excusa de la emergencia institucionaliza un privilegio selectivo y quiebra el principio fundamental y constitucional de igualdad ante la ley», sostuvo Verón Guerra.
» Este DNU, por lo menos, es irresponsable. ¿Elegiríamos para hacer obras en nuestra casa a alguien que nos debe? Es una irresponsabilidad bajar este control que es indispensable para que un contratistas del Estado lo sea», lanzó Elías de Pérez. «Es de naturaleza y esencia tributaria e impositiva el certificado de cumplimiento fiscal. La forma y los procedimientos hacen a la salud institucional de la provincia y de este poder legislativo»; sostuvo Berarducci, a su tiempo.
«Esto no resuelve el problema de fondo: esta excepción se viene prorrogando año tras año bajo el mismo pretexto: las condiciones económicas del país. Hay que reconocer que las variables macroeconómicos han mejorado sustancialmente. Seguir apelando a la emergencia como regla hace cuestionable a este DNU. Por otro lado, el certificado de cumplimiento fiscal no es un requisito arbitrario ni costoso, y permite algo elemental, que es que el Estado no contrate con quienes incumplen las obligaciones tributarias», argumentó Courel.
Nuevamente, Vargas Aignasse y Leito salieron en defensa del decreto. «No estamos discutiendo un tema tributario; este decreto no exime deudas, no va a afectar la recaudación; establece una excepción para poder ofertar, para poder participar de una licitación. Es beneficioso para el Estado», apuntaló Vargas Aignasse. «La idea es que sean varios los oferentes y puedan ayudar al Gobierno de la provincia a tener obras, seguramente con costos más bajos, y poder llevarlas adelante», contribuyó el presidente de Atlético.
Joel Katz Tendencia de noticias
