La caída de la torre de la Capilla Nuestra Señora de la Candelaria, Monumento Histórico Nacional, reavivó interrogantes sobre obras anunciadas, fondos asignados y la falta de políticas sostenidas de conservación del patrimonio en Tucumán.
La caída del campanario de la histórica Capilla Nuestra Señora de la Candelaria, en Villa Chicligasta, se convirtió en un símbolo del deterioro del patrimonio histórico en Tucumán y de una burocracia que, pese a los anuncios y expedientes, no llegó a tiempo. La estructura, que desde hacía años presentaba serios problemas edilicios, terminó colapsando tras soportar el paso del tiempo y las inclemencias climáticas.
El templo tiene un valor histórico excepcional. San Francisco Solano estuvo en ese lugar entre 1595 y 1596, cuando probablemente ya existía una primera capilla. La construcción actual data de 1797 y habría sido levantada sobre las ruinas del edificio original. Está emplazada frente a un espacio abierto a modo de plaza y cuenta con una nave simple, un atrio cubierto y una galería lateral. La torre campanario, de sección cuadrada y remate cónico, albergaba una campana del siglo XVII y era uno de los elementos más característicos del conjunto.
En su interior, la capilla conserva superficies revocadas y encaladas, pinturas religiosas anónimas y valiosas imágenes de los siglos XVII y XVIII. Allí se venera a la Virgen de la Candelaria, protagonista de una de las festividades religiosas más antiguas del interior tucumano. Todo ese patrimonio quedó ahora bajo amenaza
Según pudo constatar Tendencia de Noticias a través de documentación oficial del Tribunal de Cuentas de la Provincia, existían antecedentes administrativos concretos para la puesta en valor del templo. En diciembre de 2024, el Ente Autárquico Tucumán Turismo autorizó una transferencia de $7.000.000 a la Comuna Rural de Villa Chicligasta para la primera etapa de la refacción, que incluía específicamente la rehabilitación del campanario. La resolución fue aprobada sin observaciones bajo el Acuerdo N° 5583 del Tribunal de Cuentas. La pregunta que hoy surge con fuerza es qué ocurrió con esos fondos.
Además, la obra de mayor envergadura había avanzado en el plano administrativo desde 2022. El expediente N° 79-126-U-2022 contempló la restauración integral y puesta en valor de la capilla, con un presupuesto que fue creciendo hasta superar los $800 millones. A lo largo de 2025, el Tribunal de Cuentas avaló la documentación técnica, la contratación directa por razones de urgencia y, finalmente, la adjudicación a la firma Anticorrosiva del Norte S.R.L. mediante el Decreto N° 3.746/8, firmado en diciembre de ese año.
Incluso, en enero de 2026, el propio Gobierno provincial había difundido un comunicado en el que anunciaba la planificación técnica para iniciar una obra de restauración con un plazo estimado de 12 meses. El plan era presentado como una prioridad del gobernador Osvaldo Jaldo y estaba encabezado por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, junto a funcionarios del Ente Cultural y de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Sin embargo, el campanario no resistió y se vino abajo antes de que las tareas comenzaran.
El derrumbe dejó expuesta una contradicción difícil de explicar: mientras los expedientes avanzaban, los acuerdos se firmaban y los fondos se aprobaban, la estructura seguía deteriorándose sin una intervención efectiva. Tampoco hubo controles visibles por parte de los organismos nacionales responsables de la preservación de los Monumentos Históricos Nacionales, pese al estado crítico que ya había sido informado.
Tucumán es un territorio atravesado por la historia. Basta excavar para una vivienda o recorrer cualquier punto de la provincia para encontrar vestigios del pasado. Sin embargo, la falta de políticas públicas sostenidas de conservación amenaza con borrar ese legado. La caída del campanario de la Capilla de la Candelaria no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de años de demoras, anuncios incumplidos y ausencia de decisiones a tiempo.
Mientras se buscan responsabilidades, el daño ya está hecho. El patrimonio histórico provincial volvió a pagar el costo de la incapacidad estatal y de un sistema que, entre papeles, resoluciones y burocracia, llegó demasiado tarde para salvar una parte irremplazable de la historia tucumana.
José Romero Silva-Tendencia de noticias
