El Ministerio de Educación de Tucumán, bajo la dirección de Susana Montaldo, cesó los contratos de casi 100 trabajadores del área, explicó Facundo Juez Pérez, subsecretario de Asistencia Legal y Técnica. Las bajas se dieron a través de dos resoluciones (1.257 y 1.320) luego de detectar irregularidades en las designaciones de personal.
«Cuando asumimos nuestras funciones, encontramos que había designaciones de personal en cargos docentes que no cumplían con los requisitos establecidos por el estatuto docente, la ley 34/70», afirmó en una entrevista con LG Play. Este estatuto -dijo el funcionario- establece que «todas las incorporaciones a la docencia deben pasar por las juntas de clasificación docente, las cuales evalúan los antecedentes y la titulación de los aspirantes para elaborar un padrón de antecedentes».
Juez Pérez señaló que se identificaron situaciones donde los nombramientos se realizaron sin la intervención de las juntas de clasificación docente, e incluso en algunos casos, los individuos designados no poseían títulos. Las irregularidades abarcan desde horas cátedras hasta cargos técnicos, algunos de los cuales equivalen a puestos de alta jerarquía en el sistema educativo provincial, como el de supervisor.
En cuanto a las resoluciones emitidas, el subsecretario explicó: «La primera afecta a 29 personas, que fueron designadas sin un acto administrativo formal; es decir, no existe una resolución de propuesta o de designación. En estos casos, solo había un formulario firmado por las anteriores autoridades, lo cual no constituye un procedimiento legal válido».
Además, mencionó que otras personas (56) fueron afectadas por una segunda resolución, que también anuló sus nombramientos debido a la falta de intervención de las juntas de clasificación.
El subsecretario subrayó la importancia de actuar conforme a la ley y respetar los procedimientos establecidos, especialmente considerando que hay más de 12.000 aspirantes inscritos en las juntas de clasificación docente esperando una oportunidad para tomar un cargo. «No es una medida que nos resulte grata, pero es necesario hacer cumplir la ley y asegurar que las vacantes se cubran de manera legal y justa», concluyó.
Finalmente, Juez Pérez informó que el Ministerio está trabajando para reducir las adscripciones y garantizar que solo se mantengan aquellas estrictamente necesarias y justificadas por razones de servicio. «El gobernador determinó en diciembre del año pasado la conclusión de todas las adscripciones, y desde entonces se ha reducido notoriamente su número, aproximadamente un 30% en comparación con el periodo anterior», señaló.
