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Negocios cruzados en Osprera: un socio de Martín Menem fue contratado por la obra social intervenida
La empresa HTECH Innovation, fundada por Sergio Aguirre, obtuvo contratos millonarios en la obra social de los peones rurales. Aguirre es socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados en el rubro de suplementos dietarios.
La intervención de Osprera, la obra social de los trabajadores rurales, sumó un nuevo capítulo de controversia. El Gobierno contrató a HTECH Innovation, una firma creada en abril de 2024 por Sergio Andrés Aguirre, socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. La empresa fue seleccionada para realizar tareas de auditoría informática, migración de sistemas y desarrollo de herramientas digitales, como un chatbot para atención médica.
Aguirre comparte con Menem la propiedad de TR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. En su última declaración jurada, Menem reconoció tener el 50% de las acciones de esa firma, lo que vincula directamente al entorno del titular de Diputados con los contratos adjudicados en Osprera.
Según registros oficiales, HTECH Innovation recibió pagos por más de $47 millones en noviembre de 2024, y mantiene un contrato mensual de $16 millones. La obra social, intervenida por el Gobierno desde agosto de 2024, es la segunda más grande del país, con 500.000 afiliados y una estructura territorial clave. La intervención fue oficializada por decreto y actualmente está a cargo de Marcelo Petroni, abogado penalista vinculado al entorno de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia.
La contratación de Aguirre generó malestar entre empleados y sectores gremiales, que denuncian recortes salariales y falta de prestaciones médicas en varias provincias. Además, se investiga si Aguirre ejerce funciones operativas desde oficinas privadas fuera de Osprera, lo que refuerza las sospechas sobre el direccionamiento de recursos y decisiones estratégicas.
Consultados por la prensa, desde el entorno de Martín Menem evitaron hacer comentarios. Mientras tanto, el caso suma presión sobre la transparencia de la intervención y el uso de fondos públicos en una obra social que arrastra un déficit mensual de $2.300 millones y deudas con prestadores por más de $80.000 millones.
