Afirmaron que su patrimonio “se sustenta en su trabajo” Con nuevas pruebas contables, la defensa busca desactivar las imputaciones por narcotráfico y lavado que pesan sobre la legisladora y el exintendente, y reclama la falta de mérito en el expediente que se tramita en la Justicia Federal.
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El abogado Camilo Atim, representante de la legisladora Sandra Figueroa y del exintendente de Juan Bautista Alberdi, Luis «Pato» Campos, presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán en el que solicita la falta de mérito para sus defendidos en el expediente “Giménez Roque Cayetano y otros s/ infracción a la Ley 23.737”. En el documento, el letrado afirma que “ni Figueroa ni Campos tienen alguna actividad ilícita y su patrimonio se sustenta en su trabajo”, rechazando así las imputaciones que los vinculan con delitos como narcotráfico y lavado de activos. La falta de mérito es una resolución judicial en el ámbito penal que indica que no hay pruebas suficientes para procesar a alguien, pero tampoco para desvincularlo del caso por completo. Es una etapa intermedia entre el procesamiento y el sobreseimiento, y significa que la investigación debe continuar.
El matrimonio Campos quedó en el ojo de la tormenta tras la viralización de un audio en el que el empresario Roque “Chipi” Giménez, en un diálogo con Campos, sugiere presuntos vínculos de dirigentes políticos de Alberdi con el narcotráfico. En la grabación, que fue incorporada como prueba en el expediente judicial, se escucha a uno de los interlocutores decir: “Acá a la policía la manejo yo, a la droga la manejo yo, necesito un Al Capone para gobernar, ¿me entendés lo que te digo?”. El escándalo desatado por este hecho desencadenó en la intervención de ese Municipio del sur provincial a mediados de este año por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y dio pie a una causa penal en la Justicia Federal en la que Figueroa y Campos fueron procesados como presuntos integrantes de una organización criminal.
En la presentación realizada esta semana ante el Juzgado Federal N° 2, que subroga el juez Guillermo Díaz Martínez, el abogado Atim incorporó declaraciones juradas del origen de fondos de ambos imputados, con certificación del contador Omar Reinoso y legalización del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Esa documentación, sostuvo el defensor, permite acreditar los ingresos, la actividad económica y la evolución patrimonial de la legisladora y del exjefe municipal, “compatibles con su capacidad económica”.
El escrito remarca que “la prueba demuestra que Figueroa y Campos no tienen ninguna actividad ilícita, que su patrimonio se origina en su trabajo y que no integran ninguna organización criminal”. En el planteo, el abogado insistió en que los fondos cuestionados “provienen de actividades lícitas y representan los ahorros de toda una vida”. En ese marco, la defensa pidió al juez Díaz Martínez que tenga por presentada la nueva prueba y que, en consecuencia, dicte la falta de mérito para ambos imputados. Afirmó además que “no existe ninguna evidencia que los vincule a maniobras delictivas” en el marco de la causa.
Graves acusaciones
En el expediente las imputaciones incluyen la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, comercialización de estupefacientes, lavado de activos e intimidación pública. Además de Campos, Figueroa y Giménez, fueron procesados el exsecretario de Hacienda José Roldán y otras personas vinculadas a la anterior gestión municipal.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz había solicitado la detención de varios de los acusados, pedido que fue rechazado por el entonces juez a cargo de la causa, José Manuel Díaz Vélez. No obstante, el magistrado dictó el 8 de octubre el procesamiento de seis imputados: Campos, Giménez, Figueroa, Roldán, el exconcejal José Albano Loru y Pablo Exequiel Barrionuevo, este último por asociación ilícita.
Con respecto al matrimonio Campos, el magistrado dispuso que ambos permanezcan en libertad, aunque les prohibió la salida de la provincia y del país sin autorización judicial. Los acusados también deben presentarse quincenalmente en una dependencia policial cercana a su domicilio y tienen vedado comunicarse con coimputados, testigos o personas vinculadas a la investigación.
Además, el juez ordenó un embargo sobre los bienes de la legisladora Figueroa por $250 millones, monto que busca garantizar posibles responsabilidades civiles y costas procesales. Tras ser procesada, la parlamentaria tomó licencia en su banca para poder dedicarle tiempo a su defensa en este proceso.
