Los taxistas y la Municipalidad firmaron un acuerdo para reforzar el control de las aplicaciones

Tras la masiva convocatoria de los taxistas fuera de los edificios estatales, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán firmó un acta acuerdo con las partes en la que se compromete a realizar en la vía pública los controles necesarios para combatir la ilegalidad de las plataformas electrónicas.

Esta mañana, choferes de taxis reforzaron el reclamo sobre Uber y el resto de las aplicaciones no reguladas por el municipio y formaron filas afuera de la Municipalidad, del Concejo Deliberante y de la Casa de Gobierno. “El transporte público debe ser legal”, expresaron.

Fue así que funcionarios de la sede ubicada en Lavalle y 9 de Julio recibieron a los trabajadores y redactaron un documento que determina “el compromiso del municipio de realizar en la vía pública los controles tendientes al cumplimiento dentro del ejido municipal de las normativas vigentes, con la finalidad de combatir todo tipo de ilegalidad en la vía pública”.

El sector taximetrero agregó que el monitoreo se realizará sobre los taxis, las motos y los autos particulares. La diferencia está en que, para el caso en que un chofer adherido al Sutrappa sea descubierto utilizando Uber, la multa sería mayor. Además, se le caducaría la licencia, según informaron choferes que protagonizaron la reunión.

El escrito lleva la firma de Camila Giuliano, secretaria General; Martín Viola, secretario de Gobierno; Julio Ricardo Rodríguez, delegado gremial, y otros actores. Se firmaron cinco ejemplares en los que además se sostiene el compromiso de “conformar una mesa de diálogo y trabajo colaborativo con el objetivo de mejorar el servicio de transporte público”.

En la misma línea se manifestó el mandatario provincial, Osvaldo Jaldo, que sostuvo: “El gobernador va a acompañar este proceso de resolución de conflicto a través del diálogo para que podamos resolver el problema”.

Además, ratificó la creación de un grupo de debate y discusión. “Junto a la intendenta, Rossana Chahla, al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y al vicegobernador, Miguel Acevedo, hemos conformado una comisión interpoderes para atender la problemática de los taxistas y del servicio público del pasajero para colaborar en la búsqueda de soluciones”.

El reclamo del sector taximetrero

Al menos en la sede del Ejecutivo municipal, las calles estuvieron cortadas desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía. Desde General Paz hasta Lavalle, sobre la calle 9 de Julio, había filas de coches que frenaban el paso. “Por todo eso que reclamamos es que estamos acá y vamos a seguir hasta que nos den una solución”, dijo Roque Acosta.

“Tenemos que poder trabajar todos. Sé que la situación está dura para toda la sociedad, pero no puede ser que haya quienes trabajen en la ilegalidad. Que no se olvide la intendenta (Rossana Chahla) que nosotros tributamos y pagamos un canon”, remarcó.

El planteo de los trabajadores del sector no es, precisamente, que desaparezcan las aplicaciones como Uber, Cabify o Didi, sino que todos los sistemas que funcionen en la Provincia se manejen dentro de la legalidad. “Hay 2.500 licencias que están aquí en la Municipalidad a disposición del que quiera trabajar; que las compren, como lo hicimos todos”, enfatizó.

La problemática ha sido planteada por los choferes adheridos al Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) desde hace bastante tiempo y ha sido motivo de varias manifestaciones en las calles. “¿Por qué la intendenta no hace los controles a todos? Sale un taxi y lo paran, le piden todos los papeles; al resto no”, cuestionó el taxista.

Durante la manifestación, cada vehículo tenía cubiertos con papel la patente y el número de licencia. Además, algunos tenían pegados carteles que expresaban, por ejemplo: “¿Para qué una ordenanza nueva? Si no puede hacer cumplir la ordenanza vetusta” o “¡Fuera Uber y todas las aplicaciones ilegales! ¡Los taxistas tributamos al municipio!”.

“Gastamos $480 millones al año en Sutrappa. Estamos todos registrados. No es justo para nosotros”, soltó un chofer. Rubén Luis Sotelo, en tanto, remarcó lo “tremendamente difícil” que resulta la situación para todos los trabajadores del transporte público. “La ilegalidad está ganando. Aparte, trabajando de Uber estás pagando, por lo menos, $50.000 o $60.000 por semana; terminás siendo un esclavo de una aplicación que se lleva tu ganancia”, sostuvo.

El chofer consideró que “Sutrappa está en riesgo”. “¿Qué pasaría si los taxis dejáramos de pagar, de tributar? Todos vamos a usar Uber y Sutrappa va a perder trabajo. Parece que quieren que aquí todo sea ilegal”, reclamó Sotelo. “Hoy estamos más unidos que nunca. Queremos que la intendenta saque esa aplicación y que estemos todos legales”, agregó.

El trabajador diferenció que los choferes de plataformas electrónicas trabajan aún más que los que están adheridos al sistema municipal, lo cual considera injusto por los impuestos que se les cobra a los empleados de Sutrappa. “Con este trabajo ya no podemos mantener a la familia. Lo están destruyendo poco a poco, pese a que nosotros estamos en la legalidad”, lamentó.

Por su parte, Marcelo García comentó que su situación económica empeoró “hasta un 50%” desde la llegada de Uber. “Tienen que regularizar a todos (los sistemas). Nosotros tenemos carnet de manejo profesional, tenemos seguro para transportado y no transportado, pagamos canon, carnet de sanidad… Es un montón lo que nos piden a nosotros y a ellos, nada”, manifestó.

También Samuel Piñol se sumó a los reclamos. Aseguró que su presencia en Lavalle y 9 de Julio se debía a “la necesidad de solicitar que se haga valer la ley”. “Hay una norma que dice que el taxi es el único transporte legal para circular en Tucumán. Lo otro es una plataforma que no está autorizada para trabajar y nos está quitando la rentabilidad, casi un 70 u 80%. Ya ni el chofer ni el titular pueden vivir hoy en día; no llegamos a cubrir gastos de alimento, del domicilio”, reclamó. /La Gaceta