Acuden a la Legislatura en contra del presidente del Tribunal de Cuentas
“Existen graves motivos que lo inhabilitan para continuar siendo seriamente un integrante máximo del organismo que ejerce la delicadísima función de controlar la ejecución presupuestaria de la Provincia de Tucumán”, aseguró Rougés. Dijo que fundamentará su pedido de remoción en “una práctica sistémica montada por el funcionario en el ente de contralor, durante los períodos gubernamentales José Jorge Alperovich y que continuaron durante los de su sucesor, Juan Manzur”.
“El Tribunal de Cuentas ha sido depravado, por imperio del denunciado (Terraf) y ha sido transformado en un aparato de extorsión en desmedro del patrimonio de todos los tucumanos”, dijo. “En lugar de cumplir con sus funciones de velar por el apego a los procedimientos administrativos para resguardo de los recursos de los contribuyentes, el Tribunal de Cuentas, durante la presidencia sempiterna de Terraf, se ha dedicado a avalar operaciones que perjudicaron el erario, a pesar inclusive de la advertencia de los equipos técnicos del propio organismo de control”, denunció.
El denunciante advierte que durante la presidencia de Terraf, el rol del TC se desvirtuó y que Terraf incurrió e incurre , en diversas oportunidades, en “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Rougés detalló las diversas acciones irregulares que, a su entender, serían diseñadas o convalidadas desde el Tribunal de Cuentas, refiriéndose puntualmente “a la falta de control en la fiscalización del uso de recursos en las comunas rurales de Tucumán durante los últimos 16 años”; “la no emisión del dictamen constitucionalmente previsto respecto de la razonabilidad de la contabilidad de la administración pública centralizada durante un ejercicio presupuestario completo en el año 2007”; “a la convalidación de adjudicación directa de obras con presuntos sobreprecios en la construcción de 3.000 viviendas sociales en Lomas de Tafí”; “al supuesto encubrimiento de los millonarios faltantes en los trabajos realizados por una empresa privada en el Área de Emergentología del Hospital Padilla”; “y a la no excusación de Terraf de intervenir en la celebración de contratos del Estado provincial con Luis Eduardo González, su consuegro”.
