Aydar adelantó que va a entablar una querella contra Altamirano ante la Justicia Federal, representando a unos 75 damnificados de la pirámide de Ponzi. El fiscal Federal II Agustín Chit ya tiene en sus manos otras ocho denuncias que le giraron desde La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial de Concepción, que se declaró incompetente en este caso.
El auxiliar fiscal Juan José Ibañez, explicó que al tomar esa decisión el Ministerio Público ordinario “entendió que, además de encontrarnos ante la posibilidad de la comisión de los delitos de estafas reiteradas, también se estaría ante la posible comisión del delito de Intermediación Financiera no autorizada agravada por la difusión masiva, contemplado en el artículo 310 del Código Penal”. Este último ilícito “al proteger un bien jurídico nacional como lo es la estabilidad financiera y afectar intereses colectivos regulados y protegidos por entidades supraprovinciales, corresponde entender la Justicia Federal».
Aydar afirmó que entre las víctimas de la estafa hay una mayoría de inversores que depositó entre U$S 6.000 y U$S 10.000. Pero también hay un grupo de grandes inversores de entre U$S 50.000 y U$S 150.000.
“PEAK Capital cerró el sistema para que la gente no pueda seguir sacando. Por eso vamos a contratar a un grupo de especialistas a fin de que haga un seguimiento de la ruta del dinero”, sostuvo el letrado.
Aunque Aydar reunió a 75 denunciantes, entre los damnificados sostienen que hay cientos que no pudieron sumar su denuncia contra Altamirano y otros que integraban su organización, ya que ni en la dependencia de la Policía Federal ni en la de la provincia le quisieron recibir su exposición, porque en esas dependencias se desconoce aún el fuero que interviene en el caso.
Al final se impuso la lógica que se viene aplicando en todo el país., con lo que el juez federal José Manuel Díaz Vélez decidió rechazar parcialmente la competencia de la causa Peak Capital por lo que parte del expediente deberá ser investigado, según se especula por estas horas, en la justicia ordinaria.
Según decidió el magistrado, el fuero federal sólo investigará si Daniel Altamirano efectuó actividades financieras sin autorización del Banco Central de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores.
Díaz Vélez dispuso también que la fiscal Mónica García se encargue de analizar las posibles estafas en las que incurrió Altamirano con dinero de los ahorristas que confiaron en su maniobra, funcionaria judicial que se había despojado originariamente de la causa argumentando que estaba frente a un caso que debería ser investigado por la Justicia Federa, posición respaldada por el juez de garantías Rodrigo Sebastián Martearena.
Los especialistas afirman que la idea es acelerar los procesos, y que los afectados podrán plasmar las denuncias que correspondan en el lugar donde se concretó la maniobra, decisión que tomó Díaz Vélez y que no implica necesariamente que los investigadores de ambos fueros trabajen de manera conjunta para obtener resultados más abarcadores.
