En los primeros seis meses de 2025, la coparticipación federal que reciben las provincias argentinas sufrió una caída del 18% en términos reales.
Así lo indicó un informe reciente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, que además ubicó a Tucumán entre las cinco jurisdicciones más afectadas, junto con Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.
La merma se explica por una combinación de factores: la fuerte desaceleración de la economía, la recesión en el consumo, la licuación de impuestos coparticipables por efecto inflacionario y la decisión del Gobierno nacional de acelerar el recorte del gasto público como parte del ajuste fiscal planteado por el presidente Javier Milei.
El informe revela que Tucumán perdió un 21,3% de poder adquisitivo en los fondos transferidos desde Nación en comparación con el mismo período de 2024. La caída, que representa alrededor de 115 mil millones de pesos menos en términos reales, afecta directamente la capacidad de la provincia para sostener sus gastos corrientes, financiar obra pública y garantizar prestaciones básicas como salud y educación.
Consultado por la prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo fue tajante:
“Las provincias no podemos seguir ajustando sin poner en riesgo la paz social. El ajuste no puede ser siempre sobre el interior profundo. La coparticipación no es un favor, es un derecho constitucional”, señaló.
Jaldo aseguró que la situación financiera provincial “todavía está bajo control”, pero reconoció que “la combinación entre caída de ingresos, aumento de costos y demanda social creciente” está llevando a “un límite peligroso para la gobernabilidad fiscal”. Además, evitó confrontar directamente con el Gobierno nacional, aunque deslizó una crítica:
“Entendemos la necesidad de ordenar las cuentas del país, pero no puede ser a costa de las provincias que están haciendo enormes esfuerzos para sostener el empleo público y la asistencia social”.
Por su parte, desde el Gobierno nacional, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, defendió el rumbo económico adoptado:
“La Nación está haciendo un esfuerzo sin precedentes para equilibrar las cuentas. Entendemos que hay tensiones en las provincias, pero la prioridad es evitar una nueva crisis macroeconómica. La disciplina fiscal es la base para volver a crecer”.
Catalán afirmó que “no hay favoritismos ni castigos políticos en las transferencias”, y remarcó que las provincias deben ajustar sus estructuras de gasto para acompañar el programa nacional de estabilización.
“Estamos abiertos al diálogo con los gobernadores, pero no vamos a abandonar el compromiso con el equilibrio fiscal. Es el único camino para evitar el colapso del Estado”, sostuvo.
Perspectivas para el segundo semestre
El IERAL advierte que la tendencia podría agudizarse en la segunda mitad del año si no se estabiliza la recaudación nacional. Mientras tanto, en Tucumán crecen las presiones internas por aumentos salariales, asistencia a municipios y continuidad de obras públicas paralizadas.
En los pasillos de Casa de Gobierno se admite que la situación financiera es “crítica pero manejable”, aunque con un margen de maniobra cada vez más estrecho. En paralelo, los intendentes oficialistas y opositores comienzan a reclamar mayor participación en la discusión presupuestaria provincial, conscientes de que la asfixia fiscal ya llegó a los gobiernos locales.
En el horizonte, una pregunta se repite en más de un despacho tucumano: ¿cuánto más se puede ajustar sin romper?
FUENTE; https://quediario.com.ar/2025/06/24/la-provincia-acelera-recortes-a-provincias-tucuman-entre-las-mas-afectadas-por-la-caida-de-la-coparticipacion/
