Con su camioneta pero no irá a juicio. En octubre de 2024, Leal «compró su impunidad» a la humilde familia de la víctima por $53.000.000.
El 12 de diciembre de 2023, Brenda Carrazano, una madre trabajadora de 27 años, murió tras ser atropellada en Yerba Buena, Tucumán, por una camioneta Toyota conducida por Mercedes Leal, vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Brenda, quien era el único sostén de sus tres hijos, viajaba en moto con un compañero cuando Leal, manejando a alta velocidad y hablando por celular según testigos, la embistió y huyó, dejando el cuerpo en la calle por más de 6 horas.
A pesar de las pruebas de homicidio culposo agravado —exceso de velocidad, uso del celular y no respetar la prioridad de paso—, Leal evitó el juicio penal. Pagó $53.000.000 (unos U$S 44.000) a la familia de Brenda, que, en una situación económica desesperada, aceptó el acuerdo. La fiscalía archivó el caso, aplicando de forma irregular el Artículo 59 del Código Penal, que permite extinguir la acción penal por reparación del daño, aunque esto contradice fallos de la Corte Suprema que prohíben su uso en homicidios viales agravados.
Este caso refleja la impunidad en Tucumán, donde el poder político y judicial favorece a los influyentes. Mientras en otras provincias hay condenas por casos similares, Leal, respaldada por la UNT y abogados poderosos, compró su libertad. La familia de Brenda, sin recursos para enfrentar un proceso largo, quedó atrapada en la injusticia. Ocurrido cerca del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este hecho subraya la desigualdad: una madre humilde perdió la vida y una funcionaria evadió las consecuencias.
