Por una defraudación al PAMI
INVESTIGACION. Varias farmacias del sur tucumano están en las miras de la justicia.Una defraudación millonaria al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) puso en la mira a propietarios de farmacias, directores técnicos y otros implicados en el sur de Tucumán. La Justicia Federal investiga un perjuicio superior a los 282 millones de pesos ocurrido entre junio y julio de 2023, en el marco de una maniobra de falsificación de recetas y facturación fraudulenta.
La investigación se inició el 24 de julio de 2023 tras una denuncia presentada por el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, que detectó anomalías en la facturación de tres farmacias a la obra social. Según informó la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Agustín Chit y la auxiliar fiscal Julia Vitar, la maniobra consistía en la emisión de recetas digitales falsas con la complicidad de profesionales médicos o personas con acceso a sus claves digitales. Estas recetas eran validadas por las farmacias investigadas, donde se falsificaban troqueles de medicamentos para simular su venta y así cobrarle al PAMI por medicamentos nunca dispensados.
Entre las irregularidades detectadas, se descubrió que en una misma farmacia se validaron dos recetas en menos de un minuto, que la caligrafía de los encargados de retirar los medicamentos era idéntica en múltiples órdenes y que se registraron errores de tipeo en los nombres de los fármacos. Además, en la mayoría de los casos, no existía relación entre los nombres de quienes figuraban como terceros intervinientes y los DNI consignados en las órdenes.
A raíz de estos hallazgos, la Fiscalía solicitó la suspensión preventiva de la atención a afiliados de PAMI en las farmacias investigadas y pidió al Juzgado Federal N°1 el dictado de una medida cautelar de no innovar, para evitar pagos pendientes por parte del PAMI y del Colegio de Farmacéuticos a los establecimientos denunciados.
El juez subrogante Guillermo Díaz Martínez ordenó allanamientos simultáneos en las farmacias implicadas y en los domicilios de sus propietarias. El secuestro de documentación clave permitió ampliar la investigación a otras personas. Como resultado, fueron citadas a declaración indagatoria las propietarias de los comercios, las directoras técnicas y una persona señalada como explotador de los fondos de comercio de los establecimientos involucrados.
En las últimas jornadas, los acusados comparecieron ante la Justicia para prestar declaración. Paralelamente, la fiscalía solicitó medidas cautelares sobre los bienes detectados en la investigación patrimonial de los implicados. Además, se mantiene abierta la investigación para determinar la responsabilidad de médicos y prestadores de PAMI que podrían haber participado en la maniobra fraudulenta.
El caso revela una red de corrupción en la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados, afectando directamente los recursos de la obra social más grande del país. La Justicia avanza en el análisis de nuevas pruebas para esclarecer el alcance del fraude y deslindar responsabilidades en un esquema que habría funcionado durante meses sin ser detectado.
