Jaldo refuerza el control político sobre las comunas rurales: ¿centralización o eficiencia?
Según trascendió, el gobierno provincial impulsa cambios en la estructura y en la modalidad de gestión de varias comunas, promoviendo funcionarios afines directamente al Ejecutivo, en reemplazo de cuadros locales que venían ejerciendo con relativa autonomía. El argumento oficial: mejorar la eficiencia en la gestión, controlar el uso de fondos y alinear políticas públicas con el plan provincial.
“Necesitamos comunas que no sean feudos personales sino parte de una estrategia de gobierno”, señaló una fuente del entorno de Jaldo, en alusión a prácticas históricas donde algunos delegados acumulaban poder sin control ni articulación con el resto del Estado. La decisión también responde, en parte, a la necesidad de ordenar políticamente el territorio de cara a 2027.
Sin embargo, la medida ya genera resistencias. Algunos delegados —consultados en off— afirman que se está vaciando la figura del delegado comunal y que las nuevas designaciones “bajan desde Casa de Gobierno sin consensos locales”. La crítica es que, en lugar de fortalecer capacidades institucionales en el territorio, se estaría construyendo una red de dependencia política vertical, donde la gestión local queda subordinada a decisiones del Ejecutivo central.
En paralelo, varios actores advierten que la descentralización prometida en los discursos no se traduce en autonomía real. “Hablan de eficientizar, pero en realidad se están asegurando obediencia”, dijo un dirigente del oeste provincial, con historial dentro del peronismo.
Este proceso también tiene implicancias presupuestarias: los fondos coparticipables y los programas provinciales están siendo condicionados a la adhesión a determinadas pautas de gestión, en muchos casos firmadas sin debate público. Así, se configura un mapa de comunas alineadas bajo supervisión directa, donde el margen de acción local es cada vez más limitado.
Para algunos analistas, se trata de una estrategia de control territorial clásica, con matices del viejo modelo clientelar, pero aggiornado a un contexto de crisis institucional y fiscal, donde el gobierno necesita asegurar gobernabilidad territorial, evitar disidencias y mantener una red operativa para la gestión de planes, obras y asistencia social.
En definitiva, el proceso abre una pregunta de fondo: ¿se trata de una verdadera modernización del Estado o de un nuevo ciclo de concentración del poder? ¿Centralización para ordenar o recentralización para controlar?
Como casi siempre en la política tucumana, la frontera entre eficiencia y dominación es difusa.
