La Nación exige ajustes y los gobernadores se inquietan
Sin embargo, la asistencia nacional ya no es incondicional. Desde la Casa Rosada baja un mensaje firme: los fondos solo llegarán si las provincias muestran voluntad real de reducir el gasto político. Y ahí es donde comienzan las tensiones.
“No podemos seguir financiando estructuras políticas inviables. Si quieren ayuda, que empiecen por ordenarse ellos”, repiten cerca del ministro de Economía, que centraliza el reparto de recursos discrecionales.
El mensaje está dirigido a varios, pero Tucumán aparece siempre en la lista corta. La provincia carga con un estigma difícil de desmontar: tiene la Legislatura más cara del país en relación a su población, con 49 legisladores y un presupuesto que supera los 70 mil millones de pesos anuales, sin que se conozca con precisión cuántos empleados tiene ni cómo se distribuyen los recursos.
Además, el poder judicial tucumano ostenta algunos de los sueldos más altos del país, con jueces de primera instancia que superarían los $12 millones mensuales en bruto, y miembros de la Corte Suprema provincial que duplican esa cifra, según fuentes internas. Todo esto, sin una ley de acceso a la información pública provincial que permita a los ciudadanos auditar el funcionamiento del Estado.
En ese marco, el reclamo de ATN suena contradictorio para Nación. “¿Para qué quieren más fondos si no son capaces de revisar sus privilegios?”, planteó un funcionario del Ejecutivo nacional en off, apuntando directamente a la falta de voluntad de las provincias para ajustar sus propios gastos de funcionamiento.
Los gobernadores, sin embargo, insisten en que los ATN no son premios sino recursos de emergencia para sostener servicios básicos, como salud, seguridad o transporte. Y en muchos casos, señalan que la responsabilidad de la crisis fiscal es compartida, dado que Nación recortó unilateralmente transferencias, subsidios y programas sociales. En Tucumán, por ejemplo, los subsidios al transporte están prácticamente congelados, mientras el costo del boleto urbano supera los $1.000. La falta de obras públicas nacionales también paralizó empleos e inversiones clave en rutas, cloacas y escuelas.
En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo juega una partida compleja: necesita sostener la paz social y el equilibrio fiscal, pero evita confrontar abiertamente con el gobierno de Javier Milei, consciente de que cualquier gesto de rebeldía podría traducirse en un cierre total del grifo financiero.
En paralelo, otros mandatarios del Norte Grande —como Zdero, Zamora y Capitanich— exploran caminos comunes, desde la presión parlamentaria hasta eventuales reclamos judiciales, para evitar que los ATN se conviertan en premios políticos a provincias “amigas” y se recuperen criterios objetivos de distribución.
La disputa, sin embargo, ya no es solo por fondos: es por autonomía, por legitimidad y por quién fija las reglas del federalismo fiscal argentino. Y la pregunta de fondo retumba en todas las gobernaciones:
¿pueden las provincias reclamar ayuda sin revisar sus propios privilegios?
