ANSES denunció a un estudio contable de Chaco por presunto fraude
BUENOS AIRES.- En la tarde de ayer a través de su cuenta en la red social X, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), informó que presentó una denuncia ante la Justicia Federal en la provincia de Chaco, contra un estudio contable de la ciudad de Resistencia, acusado de implementar un esquema de fraude para facilitar el acceso indebido a jubilaciones.
En base a una investigación realizada por ANSES, el estudio habría simulado vínculos laborales inexistentes, declarando empleos falsos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con esta maniobra, clientes que no cumplían con los 30 años de aportes exigidos por ley lograban cumplir los requisitos formales para jubilarse, gracias a la inclusión de datos de otros clientes como supuestos empleadores y la presentación de declaraciones juradas rectificadas en fechas posteriores.
El «modus operandi» fraudulento, fue descubierto a través de un trabajo coordinado entre ANSES y ARCA, que utilizando la parametrización de sus sistemas lograron detectar irregularidades. El esfuerzo conjunto entre la Dirección de Detección de ANSES en Buenos Aires y las autoridades del organismo en Chaco permitió identificar, en una primera etapa, 23 casos sospechosos. Sin embargo, la búsqueda sigue en curso, y no se descarta que surjan nuevos involucrados.
Durante la investigación, se tomaron declaraciones a varios de los supuestos empleadores, quienes confesaron no conocer a las personas que figuraban como empleados. Algunos incluso señalaron haber sido instruidos por el estudio contable para mentir en caso de ser consultados por las autoridades. Estos testimonios se convirtieron en pruebas clave para fundamentar la denuncia presentada.
Gracias a una intervención temprana, se logró evitar el pago de la mayoría de éstas jubilaciones obtenidas de forma irregular, y otras fueron suspendidas luego de apenas algunos meses.
ANSES colabora con la Justicia para esclarecer lo sucedido, identificar a todos los responsables y recuperar los recursos públicos afectados, cuyo perjuicio económico para el sistema previsional podría alcanzar cifras millonarias.
