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El Juez Mario Velázquez resolverá si avanza con cargos penales contra siete acusados por la venta fraudulenta de terrenos estatales en la Reserva La Angostura

El Mollar: la Justicia define imputaciones por usurpación y estafas con tierras fiscales

Este lunes, el juez penal Mario Velázquez deberá tomar una decisión clave en la causa que investiga la usurpación y comercialización ilegal de tierras fiscales en la zona de El Mollar, específicamente en el emprendimiento conocido como “Loteo Gaucho Castro”, ubicado en el perilago de La Angostura.

El expediente, iniciado a comienzos de 2025, apunta a una presunta organización que habría vendido terrenos estatales dentro de una reserva natural con medida de no innovar vigente. El Ministerio Público Fiscal identificó al menos cuatro operaciones fraudulentas, con montos que van desde $200.000 hasta $5 millones, cuyos compradores no lograron escriturar ni recuperar el dinero.

Entre los acusados figuran:

Castro, señalado como principal organizador, con cargos por usurpación.

Trujillo, Barreiro y Cruz, por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes.

Rogel Chaler, por falsedad ideológica e incumplimiento.

La Fiscalía presentó pruebas como boletos de compraventa, informes de EDET sobre factibilidad eléctrica para 65 lotes, imágenes satelitales que muestran construcciones avanzadas, y documentación oficial que certificaba a Castro como poseedor, emitida desde la ex Subsecretaría de Regulación Dominial y Hábitat.

Durante la audiencia, los imputados negaron los cargos y alegaron que actuaron dentro de trámites administrativos regulares. Las defensas sostienen que las tierras no estaban protegidas al momento de iniciar las operaciones. El juez deberá decidir si formaliza las imputaciones, si aplica medidas cautelares de menor intensidad y si prorroga por seis meses la restitución provisoria del inmueble al Gobierno provincial, otorgada en enero. También se evaluará si el proceso penal queda suspendido hasta que se resuelvan tres causas civiles en curso.

La resolución marcará el rumbo de una causa que expone el conflicto entre intereses inmobiliarios, funcionarios públicos y el patrimonio natural de Tucumán.

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