El Ejecutivo Nacional prioriza la aprobación de la modernización laboral con ajustes impositivos acotados ante el rechazo de gobernadores a la pérdida de coparticipación. Tucumán podría dejar de percibir más de $51.600 millones en 2026, mientras el ministro Santilli intensificará el diálogo con Jaldo y otros mandatarios para lograr los apoyos necesarios.
El Gobierno nacional decidió no enviar al Congreso una reforma tributaria integral, por lo menos durante la primera parte de este 2026, y optará por incorporar modificaciones impositivas puntuales dentro del proyecto de modernización laboral, que actualmente concentra los esfuerzos oficiales para su aprobación en el corto plazo.
Esta estrategia responde a la resistencia de varios gobernadores, entre los que se anota el tucumano Osvaldo Jaldo, quienes se oponen a recortes en impuestos coparticipables que reducirían sus recursos, en un contexto de necesidad de mantener el equilibrio fiscal. La resistencia provincial frena la ambición reformista y obliga al oficialismo a avanzar con cambios graduales y focalizados, priorizando lo que considera factible sancionar.
El principal punto de conflicto radica en las propuestas de reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades en los tramos superiores (del 30% al 27% y del 35% al 31,5%), junto con exenciones para alquileres de vivienda y eliminación de ciertos impuestos internos. Estas medidas, aunque buscan impulsar la competitividad empresarial, implican una disminución en la recaudación coparticipable, con un impacto proyectado de alrededor de $1,12 billones para el conjunto de provincias y la Ciudad de Buenos Aires en 2026, según estimaciones como las del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y otras proyecciones.
En este marco de tensiones, Tucumán emerge como uno de los distritos afectados, con una pérdida estimada de $51.682 millones en recursos por coparticipación durante 2026, ubicándose entre las provincias con mayor impacto (por detrás de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos).
La administración, que depende en gran medida de estos fondos automáticos, ya expresó preocupación por la potencial erosión de ingresos en un escenario económico restrictivo. El mandatario tucumano, que mantiene una postura dialoguista, tiene previsto reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la gira que este funcionario realiza por varias provincias para negociar apoyos y consensos para la aprobación de la reforma laboral en el Senado (prevista para mediados de febrero) y su posterior tratamiento en Diputados. 
De a poco
“Primero va esta reforma. Después veremos cómo queda el déficit y, recién entonces, evaluaremos si hay margen para algo más integral”, explicó un referente parlamentario del Gobierno, según lo consignado por el diario La Nación. En el oficialismo reconocen que el plan original se modificó tras obstáculos como la eliminación del capítulo XI del Presupuesto 2026 en Diputados, que incluía derogaciones consideradas clave para las cuentas públicas.
El proyecto de modernización laboral ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado, donde la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa negociaciones intensas durante la segunda quincena de enero para asegurar los votos necesarios y preservar el capítulo impositivo impulsado por el Ministerio de Economía. Fuentes oficiales indican que, para obtener respaldos de legisladores alineados con gobernadores como Jaldo, se evalúan posibles compensaciones mediante mayores transferencias discrecionales o apoyo en infraestructura, aunque aún no hay definiciones concretas.
De esta forma, el Gobierno de Javier Milei apuesta a un enfoque escalonado de reformas, concentrando energías en la modernización laboral como paso inicial, mientras el diálogo con las provincias continúa como factor determinante para el avance legislativo
