«Jaldo no defiende la independencia judicial, protege a ‘Pirincho’ Jiménez»
La legisladora Silvia Elías de Pérez criticó con dureza la postura del gobernador Osvaldo Jaldo frente a la medida impulsada por el Ministerio Público Fiscal que restringe la labor de un medio local. “Escuchar al gobernador hablar de respeto a la justicia, cuando esta toma decisiones, resulta, cuanto menos, hipócrita”, afirmó.
En medio de la controversia generada por la medida cautelar que prohíbe a un medio de comunicación tucumano difundir contenidos críticos sobre fiscales y jueces provinciales, la legisladora Silvia Elías de Pérez lanzó fuertes críticas contra el gobernador Osvaldo Jaldo, a quien acusó de mantener “un doble discurso” en su relación con la Justicia.
Elías de Pérez reaccionó luego de que el mandatario provincial defendiera la resolución judicial y adoptara una postura de “respeto institucional” frente al fallo. “Jaldo hace del doble discurso su identidad política. Escuchar al gobernador Jaldo hablar de respeto a la justicia, cuando esta toma decisiones, resulta, cuanto menos, hipócrita. La coherencia también es una forma de respeto institucional, y aquí vemos una profunda falta de ella”, sostuvo la parlamentaria opositora.
La medida cuestionada fue dictada por el juez subrogante Lucas Alfredo Taboada, a pedido del fiscal Daniel Esteban Sosa Piñero y del ministro fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez, e impone un bozal legal de seis meses al periodista Gustavo Olarte, titular de Compañía de Circuitos Cerrados S.A., y a su equipo. El fallo ordena “cesar de manera inmediata la difusión de cualquier contenido que injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de fiscales y jueces provinciales”, lo que fue interpretado por amplios sectores del ámbito periodístico como un acto de censura previa.
En declaraciones recientes, Jaldo optó por una postura de prudencia institucional, destacando que “son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”.
El mandatario insistió en que el respeto a la división de poderes es un principio que debe sostenerse “nos guste o no nos guste”, y que “en democracia todos pueden opinar, pero los fallos deben acatarse”.
Un recuerdo incómodo
Elías de Pérez cuestionó esa defensa del gobernador al advertir que su discurso “no resiste el archivo”. “Parece que para el gobernador, las decisiones judiciales solo deben respetarse cuando le resultan convenientes. En aquel momento, ante un fallo adverso, montó una protesta frente al Poder Judicial. Hoy, cuando la justicia toma decisiones que benefician al oficialismo o restringen la libertad de prensa, se erige en defensor del respeto institucional. Esa contradicción habla por sí sola”, aseveró.
La legisladora recordó los hechos ocurridos en 2015, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló las elecciones provinciales debido a denuncias de fraude. En aquel entonces, “Jaldo encabezó un acampe frente a Tribunales acompañado de cientos de militantes peronistas, ejerciendo una presión política directa sobre los jueces que debían resolver el caso. Todos recordamos el apriete que ejercieron Jaldo, (Juan) Manzur y (José) Alperovich a la Justicia”, afirmó.
En su declaración, la radical también apuntó directamente contra el titular del Ministerio Público Fiscal, promotor de la medida que derivó en la restricción al medio local. “La realidad es que Jaldo no defiende la independencia judicial, ni se bañó de institucionalidad de repente; sino que protege y apoya a uno de los líderes y socio del oficialismo hace décadas: Pirincho Jiménez. El hombre que les garantiza la impunidad”, disparó.
Un fallo que encendió las alarmas
La resolución del juez Taboada se enmarca en una causa iniciada a partir de una denuncia del propio Jiménez, quien acusó a Olarte de encabezar una “campaña de desprestigio” contra funcionarios judiciales. La presentación judicial fue caratulada como “Entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional”, y derivó también en la apertura de una causa penal contra el periodista.
El fallo fue notificado al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que deberá supervisar su cumplimiento. Distintos especialistas en derecho constitucional y organizaciones de periodistas calificaron la medida como “un retroceso institucional”, al considerar que limita el ejercicio del periodismo bajo el argumento de proteger a los funcionarios judiciales.
