La entidad porteña repudió el fallo que prohíbe a medios y periodistas criticar al Ministerio Público Fiscal tucumano y lo calificó como un grave atentado contra la libertad de expresión. Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Tucumán sigue sin pronunciarse sobre el tema. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) expresó su “más enérgico rechazo” a la resolución dictada por el Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que ordenó el cese inmediato de toda difusión que cuestione o critique a miembros del Ministerio Público Fiscal, que conduce Edmundo “Pirincho” Jiménez, o a magistrados.
La medida, que además dispone su comunicación al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), fue considerada por la institución como una grave violación a la libertad de prensa y al derecho de crítica. “Una decisión de esa naturaleza resulta por completo incompatible con los principios esenciales de una República democrática”, advirtió el Colegio porteño, y subrayó que “ningún funcionario, y mucho menos un juez, puede erigirse en censor de las ideas”.
El comunicado remarca que la libertad de expresión, garantizada por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos, “no admite restricciones preventivas”. Y sostiene que el sistema republicano “exige que los funcionarios públicos estén sujetos al escrutinio de la sociedad y no protegidos por un cerco judicial que los blinde frente a la opinión ciudadana”.
La entidad consideró además “particularmente grave” que un magistrado disponga una prohibición genérica de difundir información u opiniones sobre una rama completa del gobierno, en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que califican esas medidas como censura previa, vedada por el derecho internacional. El Colegio de Abogados de Buenos Aires exhortó a las autoridades a impulsar los procesos de responsabilidad institucional y disciplinaria que correspondan frente a lo que calificó como un “apartamiento de los principios republicanos y constitucionales”.
Mientras tanto, el CAT se mantiene en silencio
El pronunciamiento de la entidad que representa a los letrados porteños contrasta con el silencio absoluto que mantiene sobre este tema el Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), que preside Alberto José López Domínguez. A pesar de que la medida judicial fue dictada por un tribunal con sede en la provincia y que afecta directamente a periodistas y medios locales, el CAT no emitió ningún pronunciamiento público sobre el tema ni fijó posición institucional respecto del fallo.
“La vigencia de la libertad de expresión y de prensa constituye una garantía indispensable para el control de los poderes públicos y para la preservación del Estado de Derecho”, concluyó el comunicado difundido por el Colegio de Abogados de Buenos Aires.
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