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Buscan extender el blindaje financiero a la SAT

Luego de recibir, en lo que va del año, más de $1.700 millones. El oficialismo propuso una nueva prórroga a la Ley 9062 que mantendría a la Sociedad Aguas del Tucumán exceptuada del control estricto de la Ley de Administración Financiera, a pesar de los más de $11.000 millones recibidos a lo largo de los últimos ocho años y el presunto «autofinanciamiento» de la empresa.

Buscan extender el blindaje financiero a la SAT luego de recibir, en lo que va del año, más de $1.700 millones

Una propuesta legislativa presentada por 14 parlamentarios del oficialismo, encabezados por el titular de la bancada del PJ en la Cámara, Roque Tobías Álvarez, busca modificar la Ley 9062 para extender hasta diciembre de 2026 la facultad del Poder Ejecutivo Provincial (PE) de otorgar Aportes Financieros No Reintegrables (AFNR) a la Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM (SAT). Estos fondos se destinan a financiar obras, infraestructura, inversiones y adquisición de equipamiento esenciales para la prestación de los servicios a su cargo.

El punto más relevante de la iniciativa es la prórroga hasta fines del otro año de lo dispuesto en el Artículo 2 de la norma en cuestión, donde se exceptúa a la SAT de las disposiciones establecidas en el Artículo 204 de la Ley N° 6970 (de Administración Financiera), el cual prohíbe a las entidades del sector público realizar aportes o transferencias a empresas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de la misma ley, un requisito que también es imprescindible para operaciones de crédito público.

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—————————————————————————————————————————–Dado que la SAT no proyecta sus gastos en el Presupuesto General de la Provincia, la sanción original de la Ley 9062 fue la vía legal que encontró el Poder Ejecutivo hace ocho años para garantizar el flujo de fondos necesarios para que la empresa pudiera concretar trabajos hídricos, cloacales y de saneamiento ante la deficiente prestación que registraba.

La norma actual permite al PE realizar aportes no reintegrables a la SAT por el monto contemplado en las previsiones presupuestarias de cada ejercicio, una facultad que el nuevo proyecto de Álvarez y el bloque oficialista pretende ampliar esta previsión por un año más.

Cifras

El proyecto de extensión se da en un contexto de significativos desembolsos por parte del Ejecutivo hacia la empresa de agua y saneamiento. De acuerdo con los decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, la SAT percibió en lo que va de este año la suma total de $1.756,2 millones en concepto de estos aportes no reintegrables. La principal partida de este año, que asciende a $625,2 millones, fue destinada específicamente a dos obras clave de infraestructura: «Renovación de Red Cloacal en calle Belgrano entre Lucas Córdoba y RN N° 38» y «Renovación de Red Cloacal en Av. Lídoro Quinteros entre Av. Campero y Av. Terán».

Con estas cifras, el monto total recibido por la Sociedad Aguas del Tucumán por parte del gobierno, a lo largo de los últimos ocho años, supera los $11.706 millones.

caponio jaldo sat.jpegMarcelo Caponio, titular de la SAT, junto al gobernador Osvaldo Jaldo.

Paradójicamente, la solicitud de prórroga ocurre cuando el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacara un proceso de reestructuración que, según sus palabras, posibilitó el autofinanciamiento de la empresa. «Realmente, en un año de funcionamiento de esta empresa (desde que asumió Caponio), no solamente hemos tomado decisiones políticas, sino que se la ha reorganizado financieramente, por lo que hoy la SAT recauda los fondos necesarios para pagar los sueldos de los empleados, para garantizar el funcionamiento interno y para hacer obras. Es una Sociedad que se autofinancia con recursos propios de la empresa, que ha dado un verdadero giro y demostró que el servicio de calidad para los tucumanos es posible», sostuvo el funcionario jaldista.

La nueva iniciativa deberá ser debatida en la Legislatura, donde será avalada por el peso del oficialismo, pero nuevamente se pone en la balanza la necesidad de sostener la inversión en infraestructura hídrica versus la conveniencia de mantener a la SAT bajo un régimen de excepción que la exime de un control financiero más riguroso.

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