El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó por unanimidad una iniciativa que establece capacitaciones obligatorias sobre prevención de violencia, manejo de conflictos y Derechos Humanos para los empleados municipales que se desempeñan en la Dirección Operativa de Tránsito y en la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC).
La ordenanza sancionada, promovida por el concejal José María Canelada con el acompañamiento de Fernando Juri (presidente del cuerpo), Ernesto Nagle, Juan Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Eduardo Gómez, Carlos Arnedo, Gustavo Cobos, Emiliano Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito y Hugo Andina Lizárraga, establece que las capacitaciones serán obligatorias para todo el personal, sin distinciones de jerarquía o función, y siendo un requisito para la promoción de ascensos.
«Se trata de un proyecto que llega al recinto con el acompañamiento de casi la totalidad de los presidentes de bloques, lo que habla de una mirada compartida por todos los concejales. La iniciativa surgió a raíz de un hecho de violencia registrado entre un inspector municipal y un automovilista, que por desgracia terminó en la pérdida de conciencia del agredido.
En absoluto buscamos aquí estigmatizar ni pretender decir que tales o cuales actores sociales son violentos, por el contrario buscamos una actitud de carácter preventivo y proactivo por parte del estado municipal, a través de una capacitación que evite que sucesos de esta naturaleza se vuelvan a repetir», planteó Canelada.
«El objetivo es sistematizar estas capacitaciones, que deben reiterarse con una periodicidad anual, brindando herramientas para garantizar intervenciones estatales profesionales, respetuosas de los derechos de la ciudadanía y que otorguen herramientas para evitar que las situaciones de violencia se repitan.
Queremos que el personal adquiera herramientas de intervención pacíficas. Nos encontramos en un contexto nacional atravesado por violencia, por lo que buscamos que el estado tenga un rol proactivo en la prevención de la violencia», defendió el proyecto Canelada.
