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La tarifa eléctrica en Tucumán: impuestos ocultos, aumentos avalados y un ente regulador que dejó de defender al usuario

La discusión sobre la tarifa eléctrica en Tucumán volvió al centro de la agenda pública, pero lo hace con un problema de origen: el debate está incompleto.
Audiencias públicas, comunicados técnicos y promesas de aumentos “por debajo de la inflación” se repiten sin abordar el núcleo real del conflicto. Mientras tanto, el usuario sigue recibiendo boletas altas, confusas y cada vez más difíciles de pagar.

En ese escenario, el rol del ERSEPT aparece cada vez más cuestionado. El organismo que debería proteger al consumidor frente a una empresa monopólica y al peso del Estado terminó funcionando como un amortiguador político del sistema, no como un defensor del usuario.

La percepción social no es un error: la boleta pesa

Para miles de hogares tucumanos, la electricidad es cara. No porque lo digan estadísticas comparativas, sino porque impacta de lleno en ingresos que crecen por debajo de la inflación. El problema se agrava en verano, cuando el consumo aumenta y la boleta se convierte en un gasto fijo difícil de eludir.

Desde el discurso oficial se intenta relativizar esta percepción, señalando que Tucumán tiene una de las tarifas residenciales más bajas del NOA. Pero esa comparación omite un factor clave: una tarifa puede ser “baja” en términos regionales y, al mismo tiempo, impagable para una economía doméstica deteriorada.

El argumento engañoso: “no supera la inflación”

El ERSEPT repite como principal defensa que los aumentos tarifarios no superarán la inflación. El problema es que ese criterio no protege al usuario, sino que legitima subas automáticas.

Si los salarios suben menos que la inflación —como viene ocurriendo—, la tarifa aumenta en términos reales. Además, indexar la tarifa por inflación no obliga a revisar costos, eficiencia ni calidad del servicio. Es un atajo técnico que evita el conflicto político y social.

El dato que se oculta: hasta un tercio de la boleta son impuestos

El punto más grave, y el menos discutido, es la carga impositiva escondida en la factura eléctrica. Estimaciones técnicas coinciden en que entre el 25% y el 35% del total de la boleta corresponde a impuestos y tasas, conceptos que no tienen relación directa con la energía ni con el servicio.

De manera aproximada, la composición de una boleta residencial típica en Tucumán es la siguiente:

  • Costo de energía, transporte y distribución: 60% a 70%
  • Impuestos y tasas: 25% a 35%

Dentro de esa carga impositiva se incluyen:

  • IVA (21%), aplicado sobre casi todo el consumo
  • Impuestos provinciales, como Ingresos Brutos trasladados al usuario
  • Tasas municipales, que varían según la localidad
  • Cargos y contribuciones específicas, poco claras y escasamente explicadas

En términos simples: uno de cada tres pesos que paga el usuario no mejora el servicio ni va a la empresa, sino que se distribuye entre Nación, Provincia y municipios.

Facturas opacas y silencio regulatorio

La boleta de la luz es deliberadamente compleja. El usuario promedio no puede identificar con claridad:

  • cuánto paga por energía,
  • cuánto por distribución,
  • cuánto por impuestos.

Un ente regulador que defendiera al usuario exigiría facturas simples, desagregadas y pedagógicas, donde la carga fiscal quede expuesta sin ambigüedades. El ERSEPT no lo hace. Tampoco impulsa campañas de información ni abre un debate público sobre el peso del Estado en el costo final de la energía.

Ese silencio no es neutro: protege al sistema y desprotege al usuario.

EDET pide, el ERSEPT acompaña

Cuando EDET solicita aumentos tarifarios, lo hace con argumentos empresariales clásicos: inflación, costos operativos, salarios, inversiones pendientes. Son planteos legítimos desde la lógica privada.

Lo preocupante es que el ente regulador no actúa como contraparte firme. No se conocen auditorías públicas profundas, ni evaluaciones detalladas del cumplimiento de inversiones anteriores, ni sanciones ejemplares por deficiencias del servicio. La discusión se reduce a cuánto subir y cómo comunicarlo.

En la práctica, el esquema funciona así:

  • la empresa plantea necesidades,
  • el ente valida el marco técnico,
  • el usuario absorbe el impacto.

Audiencias públicas: participación sin incidencia

Las audiencias públicas son presentadas como instancias democráticas de participación. En los hechos, tienen escasa capacidad de modificar decisiones. Los usuarios reclaman, pero el esquema tarifario ya está delineado.

El ERSEPT no amplifica esos reclamos ni los transforma en exigencias estructurales. Funciona como filtro, no como representante.

El rol perdido

Un ente regulador existe para equilibrar una relación profundamente desigual. Cuando evita discutir impuestos, legitima aumentos atados a inflación y acompaña sin conflicto a la empresa, abandona su función esencial.

Hoy, en Tucumán:

  • el Estado recauda,
  • la empresa asegura ingresos,
  • el ente garantiza previsibilidad,
  • el usuario queda solo.

El dato que nadie quiere decir

Si se redujera o transparentara la carga impositiva, la boleta eléctrica podría bajar entre un 20% y un 30% sin tocar el costo energético ni la rentabilidad empresaria. Ese dato no forma parte del discurso oficial porque implica asumir costos políticos.

Mientras tanto, el ERSEPT discute aumentos, pero no discute el abuso fiscal escondido en la factura.

La pregunta final

La discusión ya no es si la tarifa es cara o barata en términos técnicos. La verdadera pregunta es más incómoda:

¿Para qué existe el ERSEPT si no está dispuesto a defender al usuario frente a la empresa y frente al Estado?

Porque regular sin incomodar no es regular. Es administrar el malestar social.

FUENTE:  https://quediario.com.ar/2026/01/09/la-tarifa-electrica-en-tucuman-impuestos-ocultos-aumentos-avalados-y-un-ente-regulador-que-dejo-de-defender-al-usuario/

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