La escena no cerraba. Nunca cerró. Un cuerpo descartado, un vínculo atravesado por control y violencia, y una serie de datos que empezaron a aparecer cuando la Justicia miró más allá del crimen. El femicidio de Erika Antonella Álvarez no fue solo el final de una relación: fue la puerta de entrada a una trama donde el dinero se mueve en la sombra, los nombres se repiten y el silencio pesa.
El acusado, Felipe Sosa, ex militar y empresario de seguridad privada, hoy cumple prisión preventiva. La pregunta ya no es únicamente qué hizo, sino en qué estaba metido y con quiénes se vinculaba.
El cerco
Las pruebas fueron cerrando filas: pericias telefónicas, geolocalización, contradicciones en el relato. La reconstrucción de las últimas horas de Erika dejó grietas imposibles de explicar. Para los investigadores, el perfil de Sosa —entrenado, metódico— no encajaba con un arrebato descontrolado. El operativo para su detención fue de alto riesgo. La Justicia no lo trató como a un detenido común.
El dinero que no explica nada
Después llegó el rastro que incomoda: transferencias sospechosas, movimientos financieros bajo análisis y una línea narco que, sin afirmarse como conclusión, empezó a ganar volumen en el expediente. No es una acusación: es una hipótesis que se abre cuando el dinero no coincide con la versión de los hechos. Aparecen menciones a un ciudadano paraguayo, referencias cruzadas, un secuestro de marihuana investigado en paralelo. Las fiestas electrónicas —no como escenario del crimen, sino como territorio de vínculos— vuelven una y otra vez. Noche, consumo, contactos. Un circuito donde los límites se diluyen y las lealtades se compran.
La doble vida
De día, una empresa formal. De noche, otro mapa. Sosa se movía entre la legalidad y la nocturnidad con la naturalidad de quien cree conocer el terreno. Para los investigadores, esa doble vida no explica el crimen por sí sola, pero contextualiza: dinero, sexo, poder y control conviviendo en el mismo espacio.
El nombre que aparece
En ese proceso de reconstrucción surge un dato sensible. Un empleado de Sosa, en declaración, menciona a Justina Gordillo, señalada como novia del acusado. El nombre queda asentado como parte del testimonio, no como imputación. La Justicia incorpora la referencia para ordenar vínculos personales y entender el entorno inmediato del acusado. La aclaración es clave: no hay cargos contra Gordillo. Su nombre no aparece como acusación, sino como dato aportado por un testigo dentro del expediente. Aun así, en una causa donde cada relación se analiza al detalle, la mención suma tensión.
Nombres que se repiten
No es el único caso. Hay otros nombres que aparecen más de una vez en distintos tramos del expediente. Empleados, conocidos, personas que orbitan alrededor del acusado. La repetición no prueba nada, pero genera preguntas. Y en Tucumán, cuando las preguntas se acumulan, el murmullo crece.
Justicia bajo presión
El caso avanza con lupa. Cada paso es observado. La Justicia sabe que está frente a un expediente que salpica poder. La política mira de reojo. Nadie quiere quedar expuesto, pero todos saben que este femicidio se convirtió en algo más: un caso testigo sobre violencia de género, dinero oscuro y posibles zonas de impunidad.
Lo que queda
Sosa está preso. Las pruebas existen. Las líneas de investigación siguen abiertas. La familia de Erika exige justicia sin atajos. Y Tucumán observa, atrapado por una historia donde el crimen fue el inicio, no el final. Porque en esta trama —hecha de sexo, dinero y silencios— la verdad no se impone de golpe. Se arma pieza por pieza. Y todavía faltan piezas.
FUENTE: 
https://quediario.com.ar/2026/01/27/un-pabellon-para-menores-dentro-ma-de-una-carcel-de-adultos/
