El Gobierno prorroga una excepción de la pandemia por quinto año consecutivo.
A través de un decreto, el Ejecutivo Provincial extendió hasta julio de 2026 la facultad del Ministerio desusana Educación para eludir las licitaciones públicas en la adecuación de escuelas, utilizando ahora el dengue y la gripe como justificaciones.
A casi cinco años de su creación en el pico de la crisis sanitaria por COVID-19, el Gobierno de Tucumán volvió a echar mano a una herramienta normativa de excepción que le permite al Ministerio de Educación realizar contrataciones directas, apartándose de los mecanismos de transparencia y control que exige la Ley de Administración Financiera.
Bajo el argumento de la urgencia epidemiológica actual, la gestión provincial decidió estirar la vigencia de un esquema que nació para la emergencia y que, con esta nueva resolución, se mantendrá activo al menos hasta mediados de 2026.
La medida tiene su génesis en el Decreto N° 264/1 del 10 de febrero de 2021. En aquel entonces, la norma estableció medidas extraordinarias para agilizar la compra de bienes y servicios (como elementos de higiene y provisión de agua) necesarios para el retorno seguro a las aulas en el marco de la pandemia.
Sin embargo, lo que surgió como una respuesta transitoria se convirtió en una práctica recurrente. El reciente Decreto 3989/1, rubricado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, enumera una larga cadena de extensiones (siete en total desde 2021) que han mantenido este régimen especial de compras sin licitación de manera ininterrumpida.
Con la firma del ministro de Gobierno, Regino Amado, la cartera educativa a cargo de Susana Montaldo, podrá realizar compras directas.
En los considerandos de la nueva prórroga, el Ejecutivo sostiene que la flexibilidad en el manejo de fondos es vital debido a las amenazas sanitarias estacionales. El texto oficial argumenta: «Continúa siendo indispensable contar con las herramientas dispuestas por el citado acto administrativo, en el contexto actual de proliferación de contagios de virus del Dengue y otras situaciones epidemiológicas, como el contagio del virus de la Gripe».
A pesar de que el propio documento reconoce el «esfuerzo realizado por el Gobierno mediante la aplicación de vacunas», justifica la continuidad del esquema de contratación directa bajo la premisa de «atender toda posible contingencia con la agilidad necesaria que garantice la efectiva prestación de los servicios educativos».
El artículo 1° del nuevo decreto es tajante al prorrogar las facultades extraordinarias «hasta el 30 de julio de 2026». Esto implica que el Ministerio de Educación, a cargo de Susana Montaldo, podrá seguir disponiendo mediante resolución la compra directa de bienes y servicios para establecimientos escolares, «cualquiera sea su financiamiento», evadiendo el sistema de licitación pública que la Ley de Administración Financiera prevé para garantizar la competencia de precios y la transparencia en el gasto público.
Con esta decisión, la «excepcionalidad» de la pandemia cumplirá más de un lustro de vigencia, consolidándose como la metodología estándar para la infraestructura y el mantenimiento escolar en la provincia.
Gabriel Toledo-Tendencia de noticias
