{"id":14573,"date":"2026-02-04T06:14:09","date_gmt":"2026-02-04T05:14:09","guid":{"rendered":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/?p=14573"},"modified":"2026-02-04T14:27:55","modified_gmt":"2026-02-04T13:27:55","slug":"el-pleito-entre-el-consorcio-y-la-ex-concesionaria-suma-capitulos-en-la-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/2026\/02\/04\/el-pleito-entre-el-consorcio-y-la-ex-concesionaria-suma-capitulos-en-la-justicia\/","title":{"rendered":"El pleito entre el Consorcio y la ex concesionaria suma cap\u00edtulos en la Justicia"},"content":{"rendered":"
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Moviser cuestiona multas aplicadas por el GIRSU y aduce que se trata de una maniobra para eludir el pago de las diferencias por servicios prestados que reclama la empresa.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\"Gesti\u00f3n<\/div>\n<\/div>\n
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El litigio entre la ex concesionaria Moviser SRL y el Consorcio P\u00fablico Metropolitano para la Gesti\u00f3n de Residuos S\u00f3lidos Urbanos (GIRSU) escal\u00f3 a un nuevo nivel de confrontaci\u00f3n judicial. La empresa present\u00f3 una demanda contencioso-administrativa solicitando la nulidad de una serie de resoluciones con multas aplicadas por el Consorcio, porque entiende que fueron dictadas sin competencia, sin causa y con una finalidad desviada, cuando el\u00a0v\u00ednculo<\/a>contractual ya estaba extinguido. En total, el GIRSU le reclama a la empresa poco m\u00e1s de $ 112 millones.<\/strong><\/p>\n

El planteo judicial apunta directamente contra la Resoluci\u00f3n N\u00ba 004\/25 del Consejo de Administraci\u00f3n del Consorcio, que rechaz\u00f3 el recurso jer\u00e1rquico interpuesto por Moviser y convalid\u00f3 sanciones econ\u00f3micas previamente impuestas.<\/p>\n

Para la firma, que tuvo a su cargo hasta abril las operaciones en las plantas de San Felipe (clasificaci\u00f3n de la basura) y de Overo Pozo (disposici\u00f3n final), adem\u00e1s del traslado de los residuos, ese acto no solo carece de sustento jur\u00eddico, sino que constituye un caso paradigm\u00e1tico de arbitrariedad administrativa, acumulando vicios que lo tornan nulo de nulidad absoluta.\"\"<\/strong><\/p>\n

Uno de los ejes centrales de la demanda es temporal: Moviser sostiene que el contrato qued\u00f3 extinguido el 30 de abril de 2025, luego de un proceso licitatorio que la empresa tambi\u00e9n impugna judicialmente. Desde el 1 de mayo, afirma, ya no exist\u00eda relaci\u00f3n contractual alguna que habilitara al Consorcio a ejercer potestades sancionatorias.<\/strong><\/p>\n

Sin embargo, seg\u00fan consta en la presentaci\u00f3n judicial, las multas y resoluciones cuestionadas fueron dictadas con posterioridad a esa fecha, lo que -a criterio de la empresa- configura un vicio de incompetencia funcional y un claro exceso de poder. Es decir, el Consorcio habr\u00eda sancionado cuando ya no ten\u00eda potestad para hacerlo.<\/p>\n

La demanda es categ\u00f3rica al se\u00f1alar que la potestad sancionadora en los contratos administrativos tiene una finalidad coercitiva y correctiva, orientada a asegurar el cumplimiento del contrato. Una vez extinguido el v\u00ednculo, esa potestad se agota. Persistir en su ejercicio, advierte Moviser, transforma la sanci\u00f3n en un castigo meramente punitivo, ajeno al inter\u00e9s p\u00fablico.<\/strong><\/p>\n

El rayo como caso fortuito<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

Otro punto neur\u00e1lgico del conflicto es el hecho que dio origen a la sanci\u00f3n: la ca\u00edda de un rayo que afect\u00f3 el funcionamiento de una b\u00e1scula en la planta de Overo Pozo. El Consorcio imput\u00f3 responsabilidad a Moviser bajo el argumento de una obligaci\u00f3n de resultado y responsabilidad objetiva.<\/p>\n

La empresa rechaza de plano esa interpretaci\u00f3n y sostiene que se trata de un caso fortuito o fuerza mayor, plenamente eximente de responsabilidad incluso en reg\u00edmenes objetivos, conforme al art\u00edculo 1730 del C\u00f3digo Civil y Comercial. La demanda cita doctrina y jurisprudencia para reforzar la idea de que un evento natural, imprevisible e inevitable, interrumpe el nexo causal y no puede dar lugar a sanci\u00f3n alguna.<\/p>\n

\u201cNo se acredit\u00f3 incumplimiento ni negligencia\u201d, afirma el escrito firmado por el abogado\u00a0Augusto Mart\u00edn Bruchmann<\/strong>, y agrega que el equipamiento y las condiciones del servicio eran adecuadas, por lo que el da\u00f1o no puede vincularse al riesgo propio de la actividad desarrollada por la empresa.<\/p>\n

Pero el planteo va a\u00fan m\u00e1s lejos. Moviser acusa al Consorcio de incurrir en una desviaci\u00f3n de poder, al dictar resoluciones sancionatorias con una finalidad encubierta: no pagar las acreencias que mantiene con la empresa. Seg\u00fan la demanda, las multas habr\u00edan sido \u201cfabricadas\u201d tras la extinci\u00f3n del contrato para compensar o licuar de manera ileg\u00edtima los cr\u00e9ditos exigibles.<\/strong><\/p>\n

\"MOVISER2.JPG\"<\/p>\n

En ese marco, la empresa sostiene que el inter\u00e9s p\u00fablico -que debe guiar toda actuaci\u00f3n administrativa- est\u00e1 completamente ausente. \u201cNo hay nada que corregir ni optimizar cuando el contrato ya termin\u00f3\u201d<\/strong>, advierte, y califica la conducta del Consorcio como un burdo arbitrio recaudatorio incompatible con los principios del derecho p\u00fablico. \u00abResulta burdo que despu\u00e9s de extinguido el contrato, y contrariando la t\u00e9lesis de la normativa contractual punitoria, ese Consorcio pretenda ‘fabricar’ ilegitimas acreencias en detrimento del cr\u00e9ditos exigibles y consolidados como los que tiene mi mandante\u00bb<\/strong>, alert\u00f3 Bruchmann en la demanda.<\/p>\n

Esto \u00faltimo, en alusi\u00f3n a que este\u00a0litigio<\/a> transcurre en un contexto de deuda cruzada, ya que Moviser reclama al Consorcio pagos adeudados que superar\u00edan los $1.900 millones por servicios prestados entre 2024 y 2025.<\/p>\n

La presentaci\u00f3n incluye, adem\u00e1s, una reserva de caso federal, lo que anticipa que el conflicto podr\u00eda escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n si no obtiene una resoluci\u00f3n favorable en la provincia. Por lo pronto, la C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo de Tucum\u00e1n dio curso a la demanda por nulidad de acto administrativo iniciada por la empresa y orden\u00f3 al Consorcio que remita en un plazo de diez d\u00edas la totalidad de los expedientes administrativos vinculados a las resoluciones sancionatorias cuestionadas.<\/strong><\/p>\n

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\"AvatarFernando Stanich- <\/b>Tendencia de noticias<\/span><\/strong><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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