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Una demanda colectiva presentada ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego abri\u00f3 un nuevo frente en la disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas. La Fundaci\u00f3n Agustina Lerena<\/strong>, presidida por el especialista en pesca y Atl\u00e1ntico Sur C\u00e9sar Augusto Lerena<\/strong>, reclama indemnizaciones que podr\u00edan alcanzar los 26.464 millones de d\u00f3lares por la explotaci\u00f3n de recursos pesqueros en aguas cuya soberan\u00eda reclama la Argentina.<\/p>\nLa presentaci\u00f3n, realizada el 9 de octubre ante el Juzgado Federal de R\u00edo Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, tiene un alcance que excede a las empresas que capturan pescado y calamar. Tambi\u00e9n apunta contra bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores espa\u00f1oles que, seg\u00fan los demandantes, sostienen financieramente las operaciones pesqueras autorizadas por la administraci\u00f3n brit\u00e1nica de las islas.<\/strong><\/p>\n El aspecto m\u00e1s sensible para la pol\u00edtica pesquera argentina est\u00e1 en otro cap\u00edtulo del expediente: la demanda exige retirar permisos y cuotas de pesca a compa\u00f1\u00edas radicadas en el pa\u00eds que, seg\u00fan la presentaci\u00f3n, mantienen v\u00ednculos comerciales o societarios con operadores de Malvinas.<\/p>\n De prosperar, el planteo podr\u00eda tener consecuencias sobre empresas con actividad en puertos patag\u00f3nicos y obligar\u00eda a revisar el cumplimiento de las restricciones establecidas por la legislaci\u00f3n nacional.<\/p>\n PUBLICIDAD<\/strong> La acci\u00f3n judicial cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y fue presentada como un proceso colectivo por presuntos da\u00f1os ambientales, morales y punitivos. Seg\u00fan los c\u00e1lculos aportados por los demandantes, entre 1989 y 2025 se extrajeron 4.101.131 toneladas de recursos pesqueros mediante operaciones que consideran ilegales por carecer de autorizaci\u00f3n argentina.<\/strong><\/p>\n La estrategia consiste en extender las responsabilidades a quienes financian, construyen, aseguran y abastecen los buques. Entre las entidades se\u00f1aladas figuran Banco Santander, ABANCA, CaixaBank y Banco Sabadell,<\/strong> adem\u00e1s de astilleros como Nodosa, Arm\u00f3n y Freire. El objetivo declarado es cuestionar el entramado econ\u00f3mico que permite sostener la actividad pesquera bajo licencias brit\u00e1nicas, cuya validez Argentina desconoce.<\/p>\n El foco sobre empresas que tambi\u00e9n tienen permisos en Argentina<\/strong><\/span><\/p>\n Uno de los puntos centrales de la presentaci\u00f3n es la presunta existencia de compa\u00f1\u00edas que participan del sistema pesquero argentino y, al mismo tiempo, mantienen relaciones con sociedades que operan en Malvinas. Entre las firmas mencionadas aparecen Estrella Patag\u00f3nica S.A., Bricel S.A. y CONARPESA. La demanda atribuye a estas empresas distintos v\u00ednculos societarios o comerciales con grupos espa\u00f1oles que participan en la explotaci\u00f3n pesquera alrededor de las islas.<\/p>\n El planteo tambi\u00e9n menciona a Iberconsa de Argentina, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, El Marisco, Pesquera Ceres, PESANTAR, Vieira Argentina y Ulises Castagnaro.<\/p>\n La Fundaci\u00f3n solicita que se aplique el r\u00e9gimen de restricciones previsto por la Ley Federal de Pesca y sus modificaciones, incluida la caducidad de permisos y cuotas cuando se configuren los supuestos legales correspondientes.<\/strong><\/p>\n El caso introduce as\u00ed una discusi\u00f3n relevante para el sector: hasta d\u00f3nde llegan las obligaciones de las empresas autorizadas a explotar recursos en aguas argentinas cuando mantienen relaciones con grupos internacionales que tambi\u00e9n participan de la actividad pesquera en Malvinas.<\/p>\n PUBLICIDAD<\/strong> La demanda sostiene que las capturas realizadas alrededor de Malvinas afectan especies que se desplazan entre distintas \u00e1reas del Atl\u00e1ntico Sur, como el calamar Illex argentinus, la merluza com\u00fan y la merluza de cola.<\/p>\n Los demandantes denuncian posibles impactos sobre la reproducci\u00f3n de las especies, descartes pesqueros y da\u00f1os al fondo marino provocados por redes de arrastre. Para fundamentar el reclamo citan investigaciones del INIDEP y estad\u00edsticas pesqueras de la administraci\u00f3n de las islas<\/strong>.<\/p>\n La Fundaci\u00f3n pidi\u00f3 una medida cautelar para detener las operaciones cuestionadas y propuso destinar eventuales indemnizaciones a un fondo de compensaci\u00f3n ambiental que contribuya al equipamiento cient\u00edfico y al control mar\u00edtimo argentino.<\/p>\n El antecedente petrolero y la respuesta que deber\u00e1 dar la Justicia<\/strong><\/span><\/p>\n La presentaci\u00f3n llega despu\u00e9s de otra intervenci\u00f3n del mismo juzgado en un conflicto por los recursos de Malvinas. En septiembre, Borruto orden\u00f3 cautelarmente detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper y Navitas, a partir de una acci\u00f3n por posible da\u00f1o ambiental y soberano.<\/strong><\/p>\n Ese antecedente no determina el resultado de la nueva demanda pesquera, pero muestra que el tribunal ya intervino en controversias vinculadas con la explotaci\u00f3n de recursos naturales en el \u00e1rea.<\/p>\n El conflicto tambi\u00e9n enfrenta interpretaciones jur\u00eddicas opuestas. Argentina reclama soberan\u00eda sobre las islas y sus espacios mar\u00edtimos, mientras que el Reino Unido administra el archipi\u00e9lago y rechaza la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n argentina sobre esas operaciones.<\/strong><\/p>\n PUBLICIDAD La cuesti\u00f3n que queda planteada es concreta: si las empresas con permisos argentinos pueden ser sancionadas por sus v\u00ednculos con operaciones pesqueras en Malvinas y qu\u00e9 responsabilidad corresponde a quienes financian esa actividad. La respuesta depender\u00e1 de las pruebas, las defensas de los demandados y las decisiones judiciales.<\/p>\n PUBLICIDAD<\/strong> La presentaci\u00f3n judicial reclama indemnizaciones por la explotaci\u00f3n pesquera en el Atl\u00e1ntico Sur y busca quitar permisos a empresas que tambi\u00e9n operan en Argentina. PUBLICIDADUna demanda colectiva presentada ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego abri\u00f3 un nuevo frente en la disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas. 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Una demanda millonaria que busca alcanzar a toda la cadena pesquera<\/strong><\/span><\/p>\n![\"Argentina](\"https:\/\/www.escenariomundial.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Pesca-ilegal-malvinas-.jpg\")
La Fundaci\u00f3n estima un perjuicio de 12.351 millones de d\u00f3lares a valores FOB y de 26.464 millones a valores mayoristas. Se trata de montos reclamados por la parte actora, no de indemnizaciones reconocidas judicialmente.<\/strong><\/p>\n![\"La](\"https:\/\/www.tiempoar.com.ar\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/be3777834783b695f148801bd2f7228e_BIG.jpg\")
Sin embargo, la inclusi\u00f3n de una compa\u00f1\u00eda en la demanda no acredita por s\u00ed misma una infracci\u00f3n. La existencia de los v\u00ednculos denunciados, su alcance jur\u00eddico y las eventuales responsabilidades deber\u00e1n ser examinados por las autoridades competentes.<\/strong><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SAT-JU11.jpg\")
El da\u00f1o ambiental y la disputa por los recursos del Atl\u00e1ntico Sur<\/strong><\/span><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG-20260331-WA0032-1024x256.jpg\")
Por ahora, la acci\u00f3n promovida por Lerena representa un reclamo judicial, no una condena ni una suspensi\u00f3n efectiva de permisos. La propia Fundaci\u00f3n anticip\u00f3 que buscar\u00e1 ampliar sus presentaciones contra operadores de otros pa\u00edses.<\/strong><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/file_000000006cc8820e862d51b9594b78ea-1024x403.png\")
FUENTE:https:\/\/confidencial.ar\/nota\/3561\/una-demanda-por-us-26-000-millones-apunta-a-pesqueras-y-bancos-espanoles-en-malvinas\/<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"