El dirigente radical, Federico Romano Norri, abrió un diagnóstico político y social de enorme profundidad que dejó al descubierto un mapa detallado de lo que él considera los grandes desafíos estructurales de Tucumán.
Pero lejos de detenerse en la formalidad del trámite, introdujo una visión crítica sobre la esencia de la planificación estatal. “El presupuesto es la ley de leyes, la madre de todas las decisiones del Estado. Ahí un intendente revela dónde está la verdadera prioridad de su gestión y de su ideología, por su gabinete o por los requerimientos reales de los ciudadanos ”, subrayó.
Y anticipó que, dentro del análisis, él colocará en el centro un dato que considera inaceptable para una capital del siglo XXI: «el 18% de los tucumanos no tiene agua potable y el 23% no posee red cloacal«. “Eso no puede seguir pasando. A partir de 2026 debe haber una decisión política irreversible.
Es un tema de dignidad humana”, reclamó. Para Norri, el presupuesto no debe ser un listado técnico, sino la expresión de un rumbo ético: reflejar si una gestión decide intervenir en las desigualdades estructurales o si se limita a administrarlas.
El concejal dedicó buena parte de la entrevista al deteriorado sistema de transporte público: “El servicio es deficitario y no hay respaldo contractual. Desde hace más de un año y medio exijo la licitación total de las líneas”. Y aseguró que es “insostenible” que la ciudad continúe con empresas sin contratos vigentes.
Norri propone que el precio del boleto deje de ser una variable política: “Me encantaría correr a los concejales del medio. No podemos seguir siendo los verdugos de la sociedad votando aumentos con la presión empresarial por detrás. La tarifa debería tener un mecanismo automático de actualización y no depender de presiones ni de demagogia”.
Cuestionó, además, los pedidos de aumento de los empresarios: “A los siete días de que el municipio eleva los aportes, aparecen nuevos reclamos. Tucumán no está en condiciones socioeconómicas para un boleto de $1.250 o $1.500”.
Al mismo tiempo, defendió su proyecto para declarar servicio esencial al transporte urbano y apunta a garantizar frecuencias mínimas durante los paros: “No puede ser que cada conflicto termine afectando a los ciudadanos. Con un sistema esencial, como mínimo deberían circular con frecuencia de feriado”, enfatizó.
Norri trazó un diagnóstico detallado del fenómeno Uber —especialmente Uber Moto— que ha transformado silenciosamente la movilidad de la ciudad: “Hoy reemplaza muchos viajes en colectivo. La gente elige el servicio”, reconoció. Propuso una regulación metropolitana —no solo municipal— debido a que las plataformas operan sin las fronteras jurídicas que sí limitan a taxis y remises.
Pero también advirtió sobre el costo social de una regulación improvisada: “Si hoy están circulando 10.500 motos y la norma habilita 3.500, estamos dejando afuera a 7.000 trabajadores. Eso sería un desastre social y político”. La crítica más fuerte la dirigió al gobierno provincial: “No quisieron tocar el tema antes de las elecciones para no pagar el costo. Fue una especulación política que agrandó el problema”.
Para Norri, la regulación debe reconocer la realidad: las plataformas ya forman parte del ecosistema laboral y de movilidad, y prohibirlas o restringirlas artificialmente solo generaría conflicto, informalidad y desempleo.
“Las familias debutan en la desesperación cuando un hijo o un ser querido cae en adicciones, depresión o cualquier patología. El Estado tiene que acompañar con profesionales, guías y un camino claro para evitar judicializar casos que requieren contención”, explicó.
El centro incluiría atención para adicciones, trastornos del espectro autista, depresión, intentos de suicidio y otras afecciones, tanto para pacientes como para sus entornos familiares. Norri describió casos recientes de suicidios transmitidos en vivo en redes sociales y subrayó que la salud mental ya no es una cuestión de especialistas: es una crisis social que exige políticas públicas inmediatas.
Consultado sobre la reconfiguración política y si el radicalismo desapareció tras las elecciones de medio término, Norri fue categórico: “El radicalismo no ha desaparecido ni va a desaparecer. Estamos en crisis, sí, pero es cíclico. El resultado no es solo del radicalismo: toda la oposición fuera del peronismo fue castigada”.
Reconoció que el radicalismo perdió volumen institucional y que hoy el partido no tiene el peso que supo recuperar en 2009, cuando llegó a tener varios senadores, diputados e intendencias clave. Señaló que la migración de votos respondió al miedo de volver al pasado y a la búsqueda de la fuerza opositora con mayor competitividad. Pero fue igual de crítico puertas adentro: “El radicalismo nacional no está organizado. El provincial, menos. Primero hay que ordenar la casa. Después, discutir poder”.
Romano Norri confirmó reuniones con dirigentes como Mariano Campero, Sebastián Salazar, Manuel Courel y otros actores, aunque aclaró que no se trató de un cierre político sino de una lectura estratégica: “somos jóvenes, tenemos responsabilidad de construir una alternativa. Y eso implica conversar, aun en las diferencias. Tucumán no se puede seguir gobernando desde la atomización de la oposición”.
Y dejó un mensaje estratégico que sintetiza su lectura del presente: “Si queremos disputar el poder en serio en 2027, debemos dialogar entre nosotros. La sociedad ya habló: no quiere más peleas internas”. También fue crítico con quienes se acercaron a La Libertad Avanza: “A la UCR le faltaron el respeto, pero cada dirigente toma su camino. Nosotros debemos mantener la identidad y construir una alternativa real de poder”.
