El gobierno de Milei disolvió la Secretaría de Vivienda, encargada del Procrear y Casa Propia

El gobierno de Javier Milei anunció la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.  La administración libertaria traspasó así las políticas de vivienda y hábitat a las provincias, los municipios y el sector privado, sin la intervención del Estado Nacional.

«En el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) explicaron que la disolución de la Secretaría responde a un análisis de gestión. La mayoría de las tareas que cumplía la ex Secretaría de Vivienda se realizaban a través de tres fondos fiduciarios, uno de ellos el programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), que, según afirmaron, mostraron una falta de control, mala utilización de los recursos y un escaso impacto en los resultados, argumentos que se establecieron en otras medidas de disolución». 

Según consignó el sitio de noticias «Ámbito», estos fondos habían sido objeto de críticas debido a las demoras en la entrega de viviendas y las malas condiciones de habitabilidad de las unidades entregadas, tras una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), en manos de la administración libertaria. El gobierno de Milei también anunció el cierre de otros fondos relacionados con el sector, como el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (creado con fines políticos y clientelistas, según argumentaron en el comunicado oficial) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que sigue actualmente un proceso de disolución.

En términos de la organización administrativa, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura, que dependían de la Secretaría disuelta, serán reubicadas dentro de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, bajo el Ministerio de Economía, como parte del proceso de reestructuración. La transición será llevada a cabo de manera progresiva y ordenada, para lo cual se ha creado una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET) que se encargará de coordinar el traspaso de responsabilidades y asegurar una continuidad adecuada de los proyectos en curso.

Este cambio se enmarca en el nuevo enfoque de la administración, que busca reorientar la política pública de vivienda y desarrollo territorial hacia una mayor autonomía de los gobiernos locales, con la participación del sector privado, en un intento por mejorar la eficiencia y eficacia de las políticas en este ámbito. En su último tramo, la Secretaría también había trabajado en la implementación del Título VII de la Ley N° 27.742, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en coordinación con la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, un esfuerzo que ahora quedará bajo la órbita de otras dependencias del gobierno.

La medida ha generado distintas reacciones en el ámbito político, con sectores que celebran la mayor la eliminación de las políticas públicas y otros que cuestionan la efectividad del nuevo modelo.