Los choferes de la UTA cobrarán $ 987.000.

Después de cinco horas de reunión y de tensión en la Secretaría de Trabajo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias llegaron a un acuerdo y finalmente no habrá paro de colectivos. Se trata de un acuerdo parcial, por el que los empresarios pagarán 500.000 pesos no remunerativos en dos cuotas mensuales de $ 250.000 el 15 de mayo y el 14 junio.

«Sabemos que no podemos resignar nuestro salario, por eso continuamos con la discusión y necesitamos el apoyo de todos ustedes para continuar peleando por el sustento de nuestras familias», comunicó la UTA

Y cerró: «La discusión salarial continúa abierta». La nueva reunión sería la semana próxima, por el tema paritarias.

Con todo, se trata de un aumento en el bolsillo de 83% acumulado en el año, frente a una inflación que en abril acumularía cerca del 66% y recién en mayo alcanzaría el 83%, si la variación promedio de los precios de la economía continúa en el 10% mensual. Los 50.000 choferes de la UTA cobrarán $ 987.000.

La audiencia en Trabajo con las cámaras empresariales y la UTA comenzó pasadas las 13.30. El sindicato conducido por Roberto Fernández quería que les reconozcan a más de 50.000 choferes un salario básico mensual de al menos $ 987.000. A esa cifra se llegará con los bonos no remunerativos, y el monto está muy por encima de lo que el Gobierno busca convalidar (paritarias a la baja o salarios que apenas igualen a la inflación).

La estructura de costos reconocida por la Resolución 15/2024 de la Secretaría de Transporte solamente autoriza a las empresas a pagar $ 737.000 a los choferes o poner la diferencia de su bolsillo.

Hace dos semanas, la UTA había intimado a las empresas a resolver el conflicto antes del jueves 25, o retomaría la «retención de tareas» (un paro, en concreto, que no puede ser alcanzado por una conciliación obligatoria) el viernes 26.

La reunión de este miércoles continuó en la misma sintonía: el gremio llegó a plantear la posibilidad de trabajar con la validadora SUBE desactivada y, por lo tanto, con viajes gratis. Era una forma de eludir el paro, «para no perjudicar al usuario».

La medida novedosa era «salir a trabajar sin activar la SUBE (que es un rubro salarial) como medida de protesta». «Sería como no cobrar boleto», indicaron las fuentes. El gremio trazó durante la tarde un paralelismo con la situación en los subtes. «Ellos levantan los molinetes y no pasa nada», sostuvieron.

La medida encontraba el previsible rechazo de las empresas: decían que sería ilegal desactivar la validadora SUBE. Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), su vicepresidente, Luciano Fusaro, era pesimista y había aventurado en la previa que no se alcanzaría una solución, aunque esperaba encontrar más tiempo para alcanzar un acuerdo.

«Todavía no tenemos precisiones, espero que el Gobierno sea quien informe la política de tarifas y subsidios para las próximas semanas», dijo Fusaro cuando ingresaba a la audiencia. Además, insistió en que la tarifa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) «debería ser de $ 1.000 como mínimo, para que permita tener colectivos nuevos, aire acondicionado y coches cada 5 minutos».

La reunión no alcanzó a resolver la «incertidumbre» que rodea al sector. Así lo sostuvo el propio Fusaro, a la salida de la audiencia en la Secretaría de Trabajo.

«Nos queda hablar con las autoridades a ver cómo se financia. Nosotros acordamos con el gremio en un marco de una gran incertidumbre. Estamos negociando con incertidumbre, no sabemos en mayo si habrá suba de tarifas, tomamos el riesgo para evitar un conflicto y ganar tiempo para seguir negociando. Esto se financia con subsidios o tarifas. Los colectivos siguen funcionando a pesar de todo», afirmó el vicepresidente de AAETA.

«Nos resulta raro que esté pisada la tarifa con una economía desregulada», agregó Fusaro, que destacó que el dinero «tiene que estar el 15 de mayo», fecha del pago de la primera cuota. «Hacemos un esfuerzo y ganamos tiempo. Con el gremio hicimos un acuerdo, firmamos el acta. Si el dinero no está habrá un conflicto», enfatizó.

La crisis del sistema de colectivos

La crisis del sector lleva más de 20 años y empezó a la salida de la Convertibilidad, cuando las tarifas dejaron de reflejar los costos. Pero se profundizó a mediados de 2022, cuando la Argentina empezó con otro régimen de inflación más alta que la previa. Hoy el Estado (Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires) cubre el 70% de los costos reconocidos con subsidios y los usuarios un 30% con tarifas, una relación que llegó hasta el 90% y 10%, respectivamente, en enero 2024.

En el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Transporte, Luis Caputo es reacio a otro aumento de las tarifas de los colectivos (después de un 410% de incremento entre enero y febrero) por su posible impacto en la inflación, cuya baja a un dígito mensual es su prioridad número uno. Sin embargo, habilitó una suba del 54% en los trenes del AMBA para mayo.

Caputo tampoco está dispuesto a convalidar un mayor gasto público en subsidios al transporte, que podría complicar la meta de alcanzar un superávit primario fiscal equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB) a fin de año, con equilibrio financiero tras el pago de intereses de la deuda.

A falta de ajuste por precios, vendría el ajuste por cantidades. En el sector advierten que si no hay una nueva estructura de costos que reconozca correctamente los precios de los salarios, el combustible (gasoil) y los insumos, las empresas dueñas de los colectivos empezarán a bajar más notoriamente las frecuencias. En marzo, esa reducción fue del 5% interanual. Si se amplía la mirada a 2015, un año en el que la estructura de costos «era correcta» -según fuentes del sector-, la brecha es del 16%.

Incluso, interpretan que los funcionarios, sin decírselo abiertamente, los empujan a tomar decisiones duras. «Achíquense, presten un servicio acorde a un país con 60% de pobreza» es el lema oficial.

Ese ajuste llegaría con menos unidades en la calle -unos 15.000 colectivos, frente a 18.500 que es el total del parque- y unos 10.000 despidos, para reducir en un 20% la dotación de personal hasta 40.000 choferes.

El modelo, dicen fuentes de la industria, es la Ciudad de México: colectivos en mal estado, con bajas frecuencias y pasajeros apretados. Una situación que en el mediano plazo, anticipan, podría generar violencia de la sociedad contra los propios choferes, que son la cara del servicio, en donde las decisiones pasan por otro lado.

Según la AAETA -la cámara en la que pesa el grupo Metropol, el segundo más importante del AMBA detrás de DOTA-, en marzo el precio «real» de un boleto debió haber sido de $ 1.198.

Los pasajeros cubrieron con las tarifas un mínimo de $ 270 -pero un promedio más bajo, por los descuentos integrados-; y el Estado, con subsidios, otros $ 354 para llegar a $ 624 reconocidos.

La diferencia, de $ 574, fue a «pérdida» de las empresas, que ajustan frecuencias, unidades, extienden la renovación del parque en años de antigüedad y disminuyen la seguridad del servicio. Son casi $ 93.000 millones mensuales que no están reconocidos por el Estado.

Una salida que podría tomar el Gobierno es correr de atrás al aumento del subte, que en junio pasará a costar $ 757. En ese momento, la Nación podría definir ajustar las tarifas de colectivos para que se achique esa brecha y sostener el sistema unos meses más.

De acuerdo a los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el primer trimestre de 2024 los subsidios al transporte automotor en colectivos alcanzaron los $ 230.142 millones y tuvieron una disminución del 17,6% interanual en términos reales, descontado el efecto de la inflación.