Los modos de operar del ex gobernador entrerriano tienen muchos puntos en común con los de Cristina Kirchner.
Sergio Urribarri armó un esquema de corrupción con direccionamiento de contrataciones y retornos, mandó destituir a la fiscal que lo investigó, se aferró a su cargo tras ser condenado y, cuando le confirmaron la condena, envió a su entorno a hablar de lawfare y persecución política. ¿De dónde nos suena todo esto? El ex gobernador entrerriano detenido este martes por corrupción es un Pequeño Manual de Kirchnerismo Ilustrado.
El mapa de las coincidencias con los modos de Cristina Kirchner es aún mayor: si el fiscal Nisman acusó a Cristina de armar un pacto con Irán para dejar impunes a los acusados de volar la AMIA usando en la tarea a dirigentes de segunda o tercera línea, funcionarios de estos rangos que militaban para Urribarri en Entre Ríos aparecen espiando a Nisman poco antes de que el fiscal fuera hallado en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza.
Luego de que Nisman apareciera asesinado -el 18 de enero de 2015-, los peritos informáticos hallaron en su teléfono celular (Motorola XT626) un programa denominado “Malware” o “Troyano” que le había llegado al fiscal a través de un mail de Yahoo!.
El archivo se llamaba “estrictamente secreto y confidencial.pdf.jar”.
Los “troyanos” son virus que le permiten a quien los envía acceder a todos los archivos de quien los recibe, aunque esta vez no se activó: el mensaje estaba diseñado para robar archivos que funcionaran bajo los sistemas Windows, Linux o Mac y el teléfono de Nisman operaba con Android. Cuando siguieron la pista del archivo “envenenado”, los investigadores llegaron a una dirección de IP ubicada en Paraná, Entre Ríos. La IP era 190.210.180.181.
Un IP (significa “Protocolo de Internet”) es una dirección única que identifica a un dispositivo en la web o en una red local. La pista llevó a una casa en la calle Urquiza al 1700 de Paraná -a ocho cuadras de la Casa de Gobierno-, donde trabajaban dos hombres llamados Pablo Palá y Alexis Lesa.
Ambos eran militantes y empleados del gobernador Urribarri.
Palá trabajaba en el área de Cómputos del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Lesa era el director de Informática del Gobierno provincial.
Los dos fueron separados de sus cargos el año pasado, tras ser denunciados en otra causa por entrar al sistema de Migraciones y pedir datos sobre los movimientos del ex espía Antonio Stiuso y de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sin que ningún juez lo ordenara.
Esto lo hicieron después de la muerte de Nisman y desde la misma IP desde la que antes habían enviado el programa espía al fiscal. Para entrar a Migraciones usaron una clave de usuario que estaba asignada a la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE, en ese momento a cargo del diputado ultra K Rodolfo Tailhade.
El usuario aparece en la causa como WML. El jefe de la SIDE era Oscar Parrilli.
La Cámara Federal confirmó en 2023 los procesamientos de Palá y Lesa por “realizar acciones de inteligencia prohibidas”.
Ambos militaban en el movimiento entrerriano Octógono, una especie de La Cámpora local que seguía a Urribarri, y también figuraban en la causa de los “contratados truchos”, aún en curso.
Como La Cámpora con Máximo -el hijo de Cristina-, el grupo Octógono creció y se expandió por la administración entrerriana de la mano del hijo del gobernador, Mauro Urribarri, que fue ministro de Gobierno y luego Administrador de un Fondo Federal, nombrado por Alberto Fernández. El entonces Presidente lo nombró en junio de 2021, cuando la megacausa de corrupción contra su padre ya estaba avanzada. Así, la familia conseguía otra caja.
Hay más cuestiones de familia: ahora, junto a Urribarri padre, también fue preso su cuñado, Juan Pablo Aguilera
