La escena pareció insólita. En pleno acto institucional en La Cocha, mientras saludaba a vecinos, el gobernador Osvaldo Jaldo sufrió el robo de su teléfono celular. El hecho no tardó en volverse viral: una mujer fue detenida, identificada como Liliana Carrizo, alias “Pampita”, y se le dictó prisión preventiva por 30 días. La imputación es clara: hurto agravado por haber sido cometido en un acto oficial y por la posibilidad de que se acceda a información sensible del mandatario.
Pero lo que en otro contexto podría pasar por un hecho delictivo menor, en Tucumán se transforma rápidamente en una pieza más de un entramado mayor. Las primeras pericias y declaraciones fiscales apuntan a que el hecho podría no haber sido aislado. ¿Fue realmente un arrebato ocasional o un mensaje político codificado? ¿Existe relación entre este episodio y la reciente intervención al municipio de Juan Bautista Alberdi?
La pregunta cobra relevancia porque Pampita no es una desconocida en el mapa del poder local: es oriunda de Alberdi y, según fuentes judiciales y periodísticas, habría trabajado en acciones territoriales como puntera del oficialismo durante años. Su vínculo con el intendente destituido, Luis “Pato” Campos, no es un detalle menor. Y su arresto ocurre apenas días después de que el gobierno de Jaldo decidiera intervenir Alberdi tras la filtración de un audio que vinculaba a Campos con narcotráfico, desvío de fondos de obra pública y pactos con actores del hampa para evitar escándalos.
La operación fue quirúrgica: allanamientos en domicilios particulares, secuestro de documentación en la Municipalidad y desplazamiento de autoridades electas. Todo bajo el argumento de preservar la institucionalidad ante hechos de “extrema gravedad”. En paralelo, se convocó a elecciones extraordinarias en Alberdi para el próximo 26 de octubre, en un intento de resetear el poder comunal.
En ese contexto, el robo del celular al gobernador no es una anécdota menor. El fiscal a cargo, Ignacio López Bustos, no descartó la hipótesis de un “ataque a la seguridad institucional”. Aunque el propio Jaldo intentó bajarle el tono, la decisión de la Justicia de mantener a la detenida en prisión por un mes sugiere que se manejan elementos sensibles que todavía no salieron a la luz pública.
“Pampita” habría intentado borrar el contenido del teléfono antes de ser detenida, lo que despertó aún más sospechas sobre su verdadera motivación. ¿Qué buscaba? ¿Quién le pidió que lo hiciera? ¿Se trató de una vendetta simbólica por la intervención en Alberdi? ¿O de un intento de acceder a información confidencial que pudiera usarse políticamente?
El caso suma tensión en un escenario ya caldeado. La disputa por el control del PJ en el sur tucumano, la avanzada del gobierno provincial sobre intendencias históricas y los vínculos entre política, narcotráfico y contratos públicos componen un cóctel explosivo. La situación en Alberdi no es nueva. Durante años, distintas denuncias por contrataciones irregulares, obras inconclusas y redes clientelares se acumularon sin consecuencias. Recién con la aparición del audio comprometiendo directamente al intendente, el gobierno provincial decidió actuar.
El legislador Sergio Mansilla, uno de los principales espadas del jaldismo en la Legislatura, evitó pronunciarse en detalle sobre la causa judicial, pero respaldó públicamente la intervención. “Cuando hay delitos federales de esta magnitud, el Estado debe actuar. No importa el cargo: si alguien tiene vínculos con el narco o con fondos públicos desviados, debe responder ante la Justicia”, señaló días atrás. Hasta ahora, ha evitado una defensa explícita de Carrizo, aunque se sabe que su nombre aparece en listas de beneficiarios de contratos comunales y programas sociales durante la gestión de Campos.
La situación también deja expuesta una red más amplia: punteros territoriales con acceso a información estratégica, vínculos entre intendentes y estructuras mafiosas, y un sistema de obra pública sin control real que sirve como moneda de cambio política en muchas comunas del interior.
A esta altura, la pregunta ya no es si el robo del celular fue un simple acto delictivo. Lo que se investiga es si fue un símbolo. Un gesto con mensaje. Un recordatorio de que el poder en Tucumán —como tantas veces en su historia— se disputa no solo en las urnas, sino también en las sombras.
Las próximas semanas serán claves. El avance de la causa judicial, la estrategia del oficialismo para contener la crisis política en Alberdi y la reacción de los sectores desplazados marcarán el pulso de un conflicto que no ha hecho más que empezar. Tucumán, una vez más, escribe en tiempo real un nuevo capítulo en su intrincada historia de poder, lealtades rotas y silencios que pesan más que las palabras.
FUENTE; https://quediario.com.ar/2025/06/20/%f0%9f%94%8d-informe-especial-ataque-aislado-o-mensaje-politico-el-robo-del-celular-a-jaldo-y-las-sombras-que-emergen-desde-alberdi/
