Dudas sobre dos avícolas y un criadero de cerdos. La Fiscalía de Estado de Tucumán confirmó que la vivienda ubicada en una loma de Ticucho pertenece a Pedro Acosta, comisionado comunal de Tapia, y que la misma fue construida sobre un terreno que habría sido propiedad de Alfonso López, uno de los particulares con mayor cantidad de tierras en la zona.
La confirmación no alcanza a aplacar tpdas las sospechas sobre irregularidades dominiales surgidas en una de las áreas más sensibles del norte provincial.
La investigación forma parte del operativo de relevamiento impulsado por la Unidad Ejecutora de la Fiscalía de Estado, en coordinación con diversas reparticiones técnicas. La inspección arrojó datos que apuntan no sólo a ocupaciones irregulares, sino también a posibles incompatibilidades entre el rol institucional de Acosta y emprendimientos productivos que se desarrollan en terrenos privados en la zona de Ruta 312.
Pese a múltiples intentos de la prensa y de las autoridades por obtener declaraciones, Acosta evitó brindar explicaciones públicas. En un primer contacto, sostuvo que “no estaba al tanto de que en Ticucho hubiera terrenos usurpados”. Consultado además por dos granjas avícolas que operan a la vera de la ruta y que según trascendidos serían de su propiedad, se excusó diciendo que “estaba ocupado en tareas sociales” y prometió responder después de Semana Santa, algo que finalmente nunca ocurrió.
Durante el operativo, los agentes estatales constataron que las dos avícolas se encuentran en tierras privadas, supuestamente también de Alfonso López, aunque habría indicios de que Acosta sería el propietario o el responsable operativo. Para esclarecer la titularidad, se pidió información al Senasa, pero hasta el momento la casa central del organismo no respondió a los pedidos de la delegación local.
El foco de la investigación no es solo dominial. Las autoridades buscan establecer también si las granjas están registradas, si cuentan con autorización ambiental y, sobre todo, cuál es el destino final de los residuos biológicos generados por las aves. En ese marco, surgieron denuncias desde la comuna de El Cadillal, que habría acusado a los responsables de las avícolas por arrojar desechos en su territorio.
Además, durante las inspecciones se confirmó la existencia de un criadero de cerdos en la zona de los clubes de pesca, el cual no contaría con ningún tipo de autorización oficial. Este establecimiento se encuentra en un área donde el uso del suelo está regulado por el Ente Tucumán Turismo y se estudia su eventual clausura.
Ticucho se consolida como un foco crítico en materia de ordenamiento territorial en la provincia. Las autoridades advirtieron que la situación podría derivar en acciones legales más severas, en caso de que no se cumplan las intimaciones cursadas. El caso de Acosta, por su doble rol como funcionario y potencial beneficiario de actividades privadas en conflicto con el Estado, se encuentra bajo análisis jurídico y político.
Desde la Fiscalía de Estado reiteraron que “el Gobierno de Tucumán está decidido a recuperar toda tierra pública ocupada de forma irregular, sin importar el rango o la función de quienes estén involucrados”.
Pese a múltiples intentos de la prensa y de las autoridades por obtener declaraciones, Acosta evitó brindar explicaciones públicas. En un primer contacto, sostuvo que “no estaba al tanto de que en Ticucho hubiera terrenos usurpados”. Consultado además por dos granjas avícolas que operan a la vera de la ruta y que según trascendidos serían de su propiedad, se excusó diciendo que “estaba ocupado en tareas sociales” y prometió responder después de Semana Santa, algo que finalmente nunca ocurrió.
Durante el operativo, los agentes estatales constataron que las dos avícolas se encuentran en tierras privadas, supuestamente también de Alfonso López, aunque habría indicios de que Acosta sería el propietario o el responsable operativo. Para esclarecer la titularidad, se pidió información al Senasa, pero hasta el momento la casa central del organismo no respondió a los pedidos de la delegación local.
El foco de la investigación no es solo dominial. Las autoridades buscan establecer también si las granjas están registradas, si cuentan con autorización ambiental y, sobre todo, cuál es el destino final de los residuos biológicos generados por las aves. En ese marco, surgieron denuncias desde la comuna de El Cadillal, que habría acusado a los responsables de las avícolas por arrojar desechos en su territorio.
Además, durante las inspecciones se confirmó la existencia de un criadero de cerdos en la zona de los clubes de pesca, el cual no contaría con ningún tipo de autorización oficial. Este establecimiento se encuentra en un área donde el uso del suelo está regulado por el Ente Tucumán Turismo y se estudia su eventual clausura.
Ticucho se consolida como un foco crítico en materia de ordenamiento territorial en la provincia. Las autoridades advirtieron que la situación podría derivar en acciones legales más severas, en caso de que no se cumplan las intimaciones cursadas. El caso de Acosta, por su doble rol como funcionario y potencial beneficiario de actividades privadas en conflicto con el Estado, se encuentra bajo análisis jurídico y político.
Desde la Fiscalía de Estado reiteraron que “el Gobierno de Tucumán está decidido a recuperar toda tierra pública ocupada de forma irregular, sin importar el rango o la función de quienes estén involucrados”.
FUENTE ; CONTEXTO
