Un clima de tensión y angustia se vive en la comuna de Colombres, en el departamento Cruz Alta, donde decenas de familias denuncian haber quedado en la calle tras el cierre de la fábrica Eco Escoba. Los trabajadores señalan al delegado comunal Manuel Daniel Hernández como responsable directo de la decisión que desmanteló el emprendimiento local.
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La calma se quebró en Colombres. El cierre de la fábrica Eco Escoba, que daba trabajo a decenas de vecinos de la zona, derivó en disturbios, protestas y una bronca social que crece con el correr de las horas. Familias enteras quedaron sin ingresos y apuntan de manera directa contra la conducción comunal por una medida que consideran arbitraria y devastadora para la economía local.
Según relatan los trabajadores afectados, la fábrica no atravesaba una situación terminal ni estaba condenada al cierre. Por el contrario, sostienen que se trató de una decisión política que terminó por desactivar un emprendimiento productivo clave para la comuna. En ese escenario, el nombre que concentra las acusaciones es el del delegado comunal Manuel Daniel Hernández, a quien responsabilizan por el desmantelamiento de la planta.
Eco Escoba representaba mucho más que un espacio de trabajo. En una zona con escasas oportunidades laborales, era una fuente de ingresos estable y un proyecto con impacto social directo. Su cierre dejó a decenas de hogares sin sustento, empujando a los trabajadores a una situación de urgencia que rápidamente se tradujo en protestas y enfrentamientos.
Los disturbios registrados en las últimas horas reflejan el nivel de hartazgo. Vecinos y exempleados reclaman explicaciones que no llegan y denuncian la falta total de diálogo por parte de las autoridades comunales. “Nos dejaron en la calle sin previo aviso”, repiten, mientras la tensión se traslada a las calles y expone un conflicto que ya no es solo laboral, sino social.
La acusación contra Hernández no se limita al resultado final, sino al modo en que se tomó la decisión. Los trabajadores denuncian ausencia de instancias de negociación, falta de alternativas y un manejo del poder comunal que, lejos de proteger el trabajo local, terminó expulsándolo. Para muchos, el cierre de Eco Escoba simboliza una forma de gestión desconectada de la realidad de la gente.
Hasta el momento, no hubo una explicación pública contundente que justifique una medida de semejante impacto. El silencio oficial profundiza la bronca y agrava el conflicto en una comuna donde cada puesto de trabajo cuenta. Mientras tanto, las consecuencias ya son visibles: familias sin ingresos, tensión creciente y una comunidad partida.
El caso de Colombres vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué controles existen cuando una decisión comunal puede cerrar una fuente de trabajo de un día para el otro? En Cruz Alta, la respuesta parece llegar tarde. Y mientras tanto, la bronca sigue creciendo.
