El Tribunal Penal número 37 de Río de Janeiro le impuso dos condiciones a Páez para que pueda regresar a la Argentina: el pago de una caución equivalente a 60 salarios mínimos —unos 18.500 dólares— por un lado, y por el otro, que mantenga actualizados los datos de su domicilio residencial y contacto.
El permiso para que la abogada argentina pueda volver a su país se resolvió luego de que la joven reconociera y aceptara que había cometido un agravio racista de tipo penal en el país vecino y pidiera disculpas a las víctimas y a la sociedad. A raíz de este suceso, los magistrados aceptaron el habeas corpus presentado por su defensa.
Páez se encuentra retenida en Brasil desde enero acusada de injuria racial: si bien la acusación inicial incluyó tres denuncias en su contra, en la última audiencia la parte acusatoria resolvió unificar los cargos y solicitar una condena de dos años de prisión, la mínima prevista para ese tipo de ilícito.
Una de las alternativas que evalúa la justicia es la homologación del acuerdo entre las partes, dictando una condena de dos años y sustituyendo la prisión por medidas alternativas, como trabajos comunitarios o cursos obligatorios vinculados a derechos humanos.
El episodio por el que fue imputada la joven ocurrió el pasado 14 de enero, cuando fue filmada realizando gestos racistas hacia empleados de un bar de Ipanema -según ella, como respuesta a provocaciones previas. Uno de esos empleados la denunció y la Policía Civil comenzó una investigación, que dio por concluida el 23 de enero, al considerar que el video era prueba suficiente.
