La querella citó la grabación del padre de la acusada en los alegatos finales para reforzar el reclamo económico, mientras la defensa anticipa una impugnación.
Cuando el juicio por racismo contra la abogada santiagueña Agostina Páez se acerca a horas decisivas antes de un fallo en Brasil, una maniobra de último momento encendió las alarmas de su defensa: la querella citó en el expediente el video viral de Mariano Páez, padre de la acusada, en el que se lo ve imitando a un mono y jactándose de ser un “empresario, millonario, usurero y narco privado”, con el objetivo de justificar una indemnización mayor para las víctimas. Las imágenes fueron utilizadas para reclamar a la familia un resarcimiento de poco más de US$150.000, según los alegatos finales presentados hoy.
El documento de 15 páginas presentado por Tamara Fejolo, abogada asistente de la acusación, expone una estrategia orientada a lograr una sanción económica más severa. La querella decidió apuntar al presunto poder económico de la familia Páez, con foco en la figura del padre, quien afrontó el pago de la fianza depositada en la cuenta vinculada al proceso penal tras la concesión del habeas corpus que permitió el regreso de Agostina al país la semana pasada.
La reciente grabación de Mariano Páez repitiendo el gesto que hizo su hija fue calificada como una “clara afrenta a la Justicia brasileña y una falta de respeto a las víctimas”, según el escrito firmado por Fejolo. La letrada utilizó los dichos contenidos en ese video como argumento para respaldar la cuantía solicitada por el Ministerio Público.
En los alegatos ante el juez, la abogada señaló que Mariano Páez fue captado “jactándose de ser ‘empresario, millonario, usurero y narco privado’”. A eso sumó que Agostina Páez “exhibe un alto estándar de vida a través de sus redes sociales, evidenciado en constantes publicaciones sobre gastronomía, moda y viajes por el mundo frente a decenas de miles de seguidores”.
“Ante ese escenario, considerando las circunstancias del caso, así como el carácter pedagógico que debe orientar la fijación de la cuantía en relación con el daño moral”, concluye la presentación, resulta “proporcional y razonable la suma requerida por el Ministerio Público”, estimada en unos US$38.000, o 120 salarios mínimos, para cada una de las víctimas.
Carla Junqueira, la abogada brasileña que encabeza la defensa de Páez, anticipó que presentará una impugnación formal ante el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro, a cargo del juez Guilherme Duarte, al considerar que los alegatos finales de la querella deben ser “desestimados por múltiples aspectos”.
Desde una perspectiva procesal, la defensa sostiene que el escrito fue presentado fuera de plazo, ya que ingresó al expediente con firma digital la noche del domingo. Además, cuestionó que “pretende incorporar pruebas en un proceso cuya etapa probatoria ya fue cerrada”.
Junqueira también advirtió sobre la “fragilidad del conjunto probatorio para intentar incrementar un valor de reparación de un daño que ni siquiera fue acreditado”.
“La legislación para el combate al racismo existe para proteger efectivamente a las víctimas, pero no debe ser desvirtuada para aprovechar situaciones de vulnerabilidad con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos”, afirmó la letrada, al anticipar la estrategia que llevará ante el tribunal.
Fejolo, por su parte, explicó que el video de Mariano Páez “fue citado al expediente como una forma de contextualizar los hechos recientes y demostrar los efectos negativos del caso, especialmente en la extensión del daño causado a las víctimas”.
El episodio que dio origen al proceso ocurrió en la madrugada del 14 de enero de 2026 en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. Los empleados del local denunciaron que, tras una discusión por la cuenta, Páez habría proferido insultos y realizado gestos simulando a un mono en plena vía pública, escenas que quedaron registradas por cámaras de seguridad.
La estrategia de la defensa para cuestionar la acreditación del daño moral no se limita a planteos formales.
Para fundamentar el supuesto daño psicológico sufrido por Beatriz da Silva Pereira, cajera de 43 años y una de las cuatro denunciantes, la querella adjuntó el domingo un certificado médico. El documento señala que la trabajadora presentó un cuadro de descompensación de su hipertensión arterial y ansiedad, con “episodios de ideación suicida” posteriores a los presuntos insultos raciales.
El certificado está firmado por Adriano Augusto Gentine, quien figura como especialista en geriatría y clínica médica. La defensa cuestionará que un cuadro de esta naturaleza haya sido certificado por un profesional dedicado al cuidado de adultos mayores, tratándose de una paciente en plena adultez.
En un mensaje Agostina Páez dijo sentirse “angustiada” y expresó temor de que el video de su padre imitando a un mono la perjudicara en el proceso.
La defensa remarcó también que, según jurisprudencia consolidada de los tribunales superiores de Brasil, las indemnizaciones por daño moral en casos de racismo suelen tener un tope cercano a los US$6000, con montos que en la mayoría de los fallos oscilan entre US$1000 y US$2000. En ese marco, sostienen que la fianza ya depositada en el expediente, de unos US$18.800, debería resultar suficiente para cubrir cualquier eventual reparación civil, incluso si el juez considerara la existencia de múltiples víctimas.
El Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro (TJRJ) evitó precisar plazos para la resolución del caso, pero confirmó en una comunicación enviada este lunes que, tras la presentación de los alegatos finales de la asistencia de la acusación, el expediente debe ser remitido en breve al juez para dictar sentencia.
