Presentan un proyecto de ley para que doce ciudadanos definan la culpabilidad en delitos graves.
El legislador Agustín Romano Norri, junto a Carolina Vargas Aignasse y Alejandro Figueroa, impulsó la iniciativa en el Salón de la Memoria. El sistema requiere veredicto unánime y paridad de género entre los jurados.
El legislador Agustín Romano Norri presentó esta mañana, en el Salón de la Memoria de la Legislatura, un proyecto de ley de su autoría para implementar el juicio por jurados en materia penal en la provincia de Tucumán. Lo acompañaron sus pares Carolina Vargas Aignasse, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, y Alejandro Figueroa. La iniciativa busca dar cumplimiento a un mandato de la Constitución Nacional establecido originalmente en 1853 y reafirmado en la reforma de 1994.
El proyecto propone un sistema de jurado clásico compuesto por doce ciudadanos titulares más sus respectivos suplentes. Serán ellos los encargados de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado, mientras que un juez profesional dirigirá el proceso y velará por el respeto de las normas legales. La competencia del jurado se delimitará a delitos graves, tales como aquellos que contemplan penas de prisión perpetua o ciertos crímenes contra la vida, la integridad y la libertad.
Entre los principios centrales que incorpora la iniciativa figuran la presunción de inocencia, el estándar de prueba “más allá de toda duda razonable” y la exigencia de veredictos unánimes. Además, se regula de manera pormenorizada el proceso de selección de jurados, los requisitos para su integración y las distintas etapas del juicio oral.
En declaraciones a la prensa, Romano Norri subrayó la necesidad de modernizar la justicia tucumana: “Para que sea el pueblo el que defina, en última instancia, en los casos graves de materia penal. Entendemos que hay un pedido de la sociedad para tener una justicia más transparente y más eficiente, y esto viene a dar respuesta a esa solicitud”.
También puntualizó que para ser jurado “no se requiere título de abogado ni estudio especializado. Cualquier persona con sentido común y racionalidad puede ser jurado. Se propone paridad de género —mitad hombres, mitad mujeres— seleccionados por sorteo del padrón electoral, para que definan si una persona es culpable o inocente”.
El parlamentario recordó que el juicio por jurados está plasmado desde 1853 en la Constitución Nacional: “Es una deuda pendiente de Tucumán de hace más de 150 años. Necesitamos una ley operativa que haga que los tucumanos recuperen la confianza en la justicia”.
También se manifestó a favor de la iniciativa el doctor Pedro Roldán Vázquez, ex juez de la Cámara Penal y docente de Derecho Procesal Penal. “Tucumán tiene un sistema adversarial desde 2018, y ese sistema solo se concibe completo con el juicio por jurados”, explicó. Añadió que en este modelo los abogados deben expresarse en términos comprensibles para el común de las personas, porque tienen que hacerse entender en sus teorías del caso por ciudadanos sin instrucción jurídica. “En la actualidad se utilizan palabras técnicas que no llegan a la comunidad”, señaló.
Consultado sobre las críticas que apuntan a la falta de formación jurídica de los jurados, Roldán Vázquez fue contundente: “Los jurados tienen la misma capacidad lógica que los jueces. En la facultad no se enseña nada diferente que haga a los jueces mejores apreciadores de pruebas que cualquier persona. La lógica la tenemos todos. Doce personas piensan mejor que tres, y si además deben decidir por unanimidad, hay que debatir cada punto, lo que garantiza una decisión verdaderamente transparente y justa”.
Agregó que el juicio por jurados prevé la dirección de un juez técnico que imparte dos tipos de instrucciones —generales sobre las garantías del proceso y específicas sobre el caso concreto—, entregadas por escrito y verbalmente antes de deliberar, respondiendo todas las preguntas necesarias.
De la presentación participaron también el doctor Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la doctora Clelia Cruz Sánchez, diplomada en gestión parlamentaria; y el periodista Álvaro José Aurane.
