En el Gobierno admiten que no existe nada formalizado con la Secretaría de Energía. Mientras tanto, la Nación licita centrales en otras provincias.
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A dos semanas de que venza la concesión del complejo hidroeléctrico El Cadillal, no hay definiciones concretas ni conversaciones formales entre la Nación y la Provincia sobre qué ocurrirá con el dique una vez que caduque el contrato con Hidroeléctrica Tucumán SA, firma que opera la central desde hace tres décadas.
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Fuentes del Gobierno, organismo que además litiga contra la concesionaria para recuperar los más de $15.300 millones que la Provincia invirtió en la reparación de la presa lateral N° 3, señalaron que no existe hasta el momento nada por escrito respecto del futuro del vínculo contractual. Como se recordará, la dependencia que conduce la fiscal de Estado Gilda Pedicone tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 la demanda por esos fondos, pero se mantiene al margen de las tratativas por la continuidad de la concesión, que corren por otro carril.
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En paralelo, la Secretaría de Energía de la Nación avanza con procesos de licitación sobre otras centrales hidroeléctricas del país, lo que en el Gobierno provincial se interpreta como una señal del rumbo que podría tomar también el caso de El Cadillal. El antecedente más reciente es el de las represas del Comahue -Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila-, cuyas concesiones fueron prorrogadas por decreto a la espera de un concurso público para la venta del paquete accionario mayoritario, sin que las provincias ribereñas hayan tenido, hasta ahora, injerencia decisiva en la definición del esquema.
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Según pudo reconstruir este medio, el escenario que se considera más probable es que la Nación mantenga el esquema de gestión privada hasta tanto se convoque a una licitación, continuidad que en los hechos implicaría una prórroga transitoria del vínculo con Hidroeléctrica Tucumán SA mientras se define el proceso de fondo. Es el mismo patrón que el Gobierno nacional aplicó en circunstancias similares en otros distritos.
La negociación por el futuro del complejo -que integra, junto a Escaba y Pueblo Viejo, el paquete de centrales hidroeléctricas cuya concesión vence el 31 de julio- quedará en manos del gobernador Osvaldo Jaldo. El Ministerio de Economía, que conduce Daniel Abad, es la cartera que mantiene contacto con la Nación por este tema, aunque hasta el momento no hay resoluciones oficiales ni un cronograma anunciado.
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En la Provincia existen, de todos modos, ideas elevadas desde áreas técnicas para participar de algún modo en un eventual nuevo esquema, entre ellas una concesión con condiciones fijadas también por el Gobierno provincial o un contrato de abastecimiento directo con la distribuidora local. Esas alternativas buscan aprovechar la liberación parcial del mercado energético vigente desde 2025, que permite a las distribuidoras adquirir hasta el 25% de la energía que necesitan por fuera de Cammesa. Pero todas esas variantes dependen, en última instancia, de una decisión que sigue sin tomar la Casa Rosada.
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FUENTE:
Fernando Stanich
