El legislador de Fuerza Republicana presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo solicite a la Nación la transferencia del predio clausurado. La iniciativa busca incorporarlo al patrimonio provincial y asegurar su uso deportivo público.
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El legislador provincial Ricardo Bussi presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo de Tucumán inicie gestiones ante el Estado nacional con el objetivo de obtener la cesión definitiva del inmueble donde funciona el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda. La iniciativa propone incorporar el predio al patrimonio provincial, recuperar sus instalaciones y asegurar que continúe destinado a actividades deportivas de acceso público.
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La propuesta surge luego de la clausura del complejo, ubicado sobre calle Suipacha al 100, medida que dejó suspendidas las actividades deportivas, recreativas y artísticas que se desarrollaban en el lugar desde comienzos de este mes. El cierre se materializó mediante la colocación de cadenas, cintas perimetrales y carteles con la leyenda «Propiedad del Ferrocarril Belgrano. Prohibido pasar», impidiendo el ingreso de las personas que concurrían diariamente para practicar disciplinas como artes marciales, calistenia, fútbol, vóley y danza aérea, entre otras.
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El conflicto tomó estado público tras la orden de desalojo dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese contexto, el secretario de Deportes de Tucumán, Diego Erroz, aclaró que el Gobierno provincial no forma parte del litigio judicial que derivó en el cierre del predio.
La propuesta
El proyecto impulsado por Bussi solicita que el Poder Ejecutivo gestione ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Ferrocarril General Belgrano la cesión, transferencia o entrega en usufructo gratuito del inmueble. Una vez regularizada la situación dominial, la iniciativa plantea que el complejo pase a depender de la Secretaría de Deportes de la Provincia, con el propósito de recuperar sus instalaciones, garantizar el acceso de la comunidad y evitar que futuros conflictos vinculados con concesiones privadas vuelvan a afectar el funcionamiento del espacio.
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Al fundamentar la propuesta, el legislador sostuvo que «cuando un conflicto entre particulares termina perjudicando a cientos de chicos y deportistas, el Estado no puede permanecer como espectador. Tiene la obligación de intervenir para proteger un bien que cumple una función social insustituible».
La situación jurídica del predio
El proyecto también repasa la evolución administrativa de los bienes ferroviarios nacionales para explicar por qué el inmueble continúa bajo jurisdicción del Estado nacional.
Según se detalla, hasta la década de 1990 los bienes eran administrados por Ferrocarriles Argentinos. Luego de las privatizaciones se creó el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief), cuyas funciones fueron absorbidas posteriormente por el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe). Más adelante, la estructura volvió a modificarse con la creación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adifse) y de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse). En 2012 la AABE asumió la administración de los bienes inmuebles y muebles del Estado nacional.
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Posteriormente, en 2015 se constituyó Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado para coordinar el funcionamiento de Adifse, Sofse y Belgrano Cargas y Logística S.A. Finalmente, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la Ley Bases de 2024 impulsaron una nueva reorganización del sistema ferroviario, que incluyó la privatización de Belgrano Cargas y de Sofse. El año pasado también se autorizó el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, esa sucesión de modificaciones administrativas explica que el Complejo Nicolás Avellaneda continúe integrando los activos ferroviarios administrados por Belgrano Cargas y permanezca bajo jurisdicción nacional.
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Los fundamentos del proyecto
Bussi cuestionó el esquema de intermediación privada aplicado sobre el predio y advirtió que la disputa terminó afectando directamente a profesores y alumnos que utilizaban diariamente las instalaciones. «El deporte no puede depender de la estabilidad de un contrato comercial. Debe ser una política pública permanente», sostuvo el legislador. En ese sentido, afirmó que la provincialización del complejo permitiría brindar seguridad jurídica al inmueble, garantizar la continuidad de las actividades deportivas, proteger a los docentes y preservar un espacio que consideró parte del patrimonio deportivo de Tucumán.
Al cerrar los fundamentos de la iniciativa, Bussi remarcó que el Complejo Nicolás Avellaneda trasciende el valor de su infraestructura por el rol que desempeñó durante años en materia de deporte, integración y contención social. «No podemos permitir que un lugar que durante décadas promovió el deporte, la integración y la contención social termine desapareciendo por un conflicto administrativo», concluyó.
