Cuáles son las 39 leyes que Cano pone bajo la lupa tras el veto de Jaldo. El legislador radical elaboró un informe para cuestionar la decisión del gobernador de frenar el sistema de seguimiento de las normas sancionadas por la Cámara.
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El veto de Osvaldo Jaldo a la ley que buscaba crear un sistema de seguimiento de las normas sancionadas por la Legislatura abrió una nueva discusión sobre los límites entre los poderes del Estado. Y el legislador radical José Cano decidió llevar el debate a un terreno concreto: elaboró un relevamiento de las leyes cuya reglamentación, según sostiene, todavía está pendiente por parte del Poder Ejecutivo.
El informe identifica 39 leyes que, de acuerdo con el legislador radical, permanecen sin reglamentar. Algunas fueron sancionadas hace pocos años, pero otras llevan más de una década esperando que el Ejecutivo avance con las normas necesarias para su aplicación.
El dato aparece como respuesta al argumento utilizado por Jaldo para vetar la iniciativa. El gobernador sostuvo que el sistema de monitoreo avanzaba sobre facultades propias del Poder Ejecutivo. Cano, en cambio, plantea que el problema no es la administración de las leyes sino qué sucede cuando una norma sancionada por la Legislatura no es reglamentada.
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“Sus facultades para administrar el Estado y las leyes no están en debate. Lo que se discute es la sistemática decisión del Poder Ejecutivo de no reglamentar normas que son esenciales para la vida de la gente sin ninguna explicación”, afirmó Cano.
El relevamiento contiene casos de distintas áreas y de diferentes períodos de gobierno. Uno de los ejemplos más antiguos es la Ley 8.267, vinculada con la creación del Consejo Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Fue sancionada en 2010 y, según Cano, continúa sin reglamentación. El legislador calcula que lleva unos 16 años esperando su implementación.
También aparece la Ley 9.014, que creó el Programa Provincial de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias y un consejo asesor de investigación. Fue sancionada en 2017 y tampoco habría sido reglamentada. “En el mismo cajón está la creación de un programa de lucha contra el Alzheimer que tampoco fue reglamentado a nueve años de su sanción”, cuestionó Cano.
El listado incluye además la Ley 9.313, conocida como Ley Abigail, que creó el Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas; la adhesión provincial al régimen nacional de protección integral para personas trasplantadas; la normativa sobre Bomberos Voluntarios y distintas leyes relacionadas con educación, salud, seguridad y derechos sociales.
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También figuran normas mucho más antiguas. Entre ellas, la Ley 7.854, Ley del Teatro, sancionada en 2006; la Ley 7.693, que creó el Sistema Provincial de Bibliotecas y fue sancionada en 2005; y la Ley 7.696, relacionada con los bienes ubicados en zonas inundables, también de 2005. El relevamiento incorpora incluso normas sancionadas en la década de 1990, como las leyes 6.290 y 6.292, referidas respectivamente a la conservación agrícola y a la preservación, conservación y aprovechamiento racional de la flora silvestre de la provincia.
La lista permite dimensionar la variedad de temas que aparecen en los reclamos de reglamentación. En materia sanitaria figuran, además de Alzheimer y adicciones, la ley sobre fibromialgia, la adhesión al sistema de protección para personas trasplantadas y la adhesión a la normativa nacional sobre fibrosis quística.
En seguridad aparecen la norma que establece un procedimiento para controlar el consumo de drogas y otras sustancias que afectan la capacidad para conducir; la legislación sobre grooming y ciberbullying; el Registro Provincial de Antecedentes Personales y Contravenciones y el régimen del Servicio Penitenciario.
También hay pedidos vinculados con la educación sexual integral, la atención de niños y adolescentes con dificultades específicas del aprendizaje, la evacuación en espectáculos públicos y la instalación de desfibriladores en lugares de concurrencia masiva. Entre las normas más recientes aparece la Ley 9.810, que prohíbe la tracción a sangre en la provincia, sancionada en 2024, y la Ley 9.914, que establece el Régimen del Servicio Penitenciario Provincial, sancionada en agosto de 2025.
El listado de Cano también registra un pedido presentado en julio de este año para que se reglamente la Ley 9.039, sobre Bomberos Voluntarios, sancionada en 2017. Y el 19 de agosto, según el material relevado, se presentó otro pedido para que el Ejecutivo reglamente la adhesión a la Ley Nacional 27.552, vinculada con la fibrosis quística.
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Una particularidad del informe es que varios de los pedidos de reglamentación no son nuevos. En 2022, por ejemplo, ya se había solicitado al Ejecutivo que reglamentara la Ley 7.854 de Teatro y la Ley 8.682, sobre protección integral para personas trasplantadas. También se reclamó la reglamentación de las leyes sobre voluntariado social, personas en situación de calle, fibromialgia, grooming y ciberbullying y control de drogas al volante.
En 2024 volvieron a aparecer pedidos vinculados con algunas de esas normas y se sumaron otros relacionados con Alzheimer, autismo, dificultades específicas del aprendizaje, evacuación en espectáculos, desfibriladores y conservación de la flora y la agricultura. Es decir, en algunos casos el reclamo parlamentario por la reglamentación se repitió a lo largo de distintos años sin que la norma apareciera como reglamentada en los registros utilizados para el informe.
“El Poder Legislativo no solo sanciona leyes, también debe controlar a los otros poderes”, sostuvo. Y acusó a Jaldo de utilizar el veto para impedir ese control.
El radical anticipó, además, que promoverá que la Legislatura utilice la facultad de insistencia para intentar dejar firme la norma. “El equilibrio de poderes está seriamente amenazado si el Ejecutivo puede decidir, mediante la omisión de reglamentar, qué leyes se cumplen y cuáles no”, planteó Cano.
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FUENTE:https://tendenciadenoticias.com.ar/politica/cuales-son-las-39-leyes-que-cano-pone-bajo-la-lupa-tras-el-veto-de-jaldo
