«Serias deficiencias» del ERSEPT. El ombudsman Agustín Fernández exigió suspender cualquier actualización tarifaria para EDET S.A., objetó el procedimiento digital del organismo de control y advirtió que las subas superan con creces la inflación oficial.
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La Defensoría del Pueblo de Tucumán presentó una postura firme en el expediente del Ente Provincial de Regulación de los Servicios Públicos (ERSEPT) para exigir que “no se efectúe ningún aumento tarifario en el servicio de energía prestado por EDET S.A.”.
El organismo encabezado por Agustín Fernández formalizó su rechazo al proceso de revisión que busca autorizar una nueva readecuación en las facturas, fundamentando su postura en el fuerte desfasaje entre las tarifas y la inflación, la falta de transparencia en los costos presentados y el deficiente servicio prestado por la distribuidora, respaldado por una masa de miles de quejas vecinales. Asimismo, cuestionó el formato de consulta implementado por la entidad reguladora por limitar el acceso a la información y afectar el derecho a una participación ciudadana efectiva.
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Los motivos del rechazo: inflación y quejas de los usuarios
La Defensoría fundamentó los motivos del rechazo al ajuste, al advertir que “el incremento en la tarifa, desde noviembre de 2025, se ubica cercano al 60%, mientras que el IPC subió un 27%”. Para el organismo de control de los derechos ciudadanos, esta brecha genera un “impacto severo en la economía familiar”, remarcando la insostenibilidad del ajuste al contrastar el costo del servicio con las pautas de ingresos de la población y advertir que “los aumentos tarifarios impactan directamente en los hogares y pymes tucumanas”.
A su vez, la institución denunció irregularidades de fondo en la documentación técnica que respalda la solicitud de la empresa eléctrica, señalando que “no se publicó oportunamente la matriz de costos”, una omisión que, según indicaron, “imposibilita la auditoría real de la tarifa”.
El ombudsman Agustín Fernández
El malestar de los usuarios frente a las deficiencias de la prestación eléctrica constituyó otro de los pilares del planteo. La Defensoría acompañó al expediente un registro de “aproximadamente 3.600 reclamos y consultas de usuarios, recibidos entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026”, como prueba irrefutable de las fallas continuas en el suministro.
Cuestionamientos al ERSEPT y pedido de audiencia pública
Por otra parte, la presentación cargó contra los mecanismos formales adoptados por la autoridad de aplicación. La institución detectó “serias deficiencias en el procedimiento, entre ellas la falta de información relevante, el incumplimiento de plazos y una publicidad insuficiente, lo que afectó el derecho a una participación ciudadana efectiva”.
Frente a esto, rechazó el esquema de participación implementado por el ente estatal: “se sostuvo la inconveniencia de un procedimiento puramente digital por limitar el debate y recortar los derechos ciudadanos”, reclamando en su lugar “convocar a una Audiencia Pública en modalidad presencial y virtual, asegurando el acceso a la documentación y una publicidad suficiente”.
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El planteo de la Defensoría del Pueblo surge en respuesta a la Resolución Nº 661/26 del ERSEPT, mediante la cual el ente regulador dio inicio a una Consulta Pública Documentada exclusivamente digital para evaluar una revisión extraordinaria del Valor Agregado de Distribución (VAD) de EDET S.A. correspondiente al trimestre agosto-octubre de 2026.
La medida se fundamentó en los análisis de variación de costos —que alcanzaron un 5,04% según el cálculo propio del organismo, superando el umbral técnico del 3% habilitante—. Aunque el Ente, conducido por Eduardo Cobos, aclaró que dicha apertura no implica una suba automática ni retroactiva en las facturas, habilitó una instancia de participación que ya venció y que ahora es severamente cuestionada por la Defensoría.
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