El transporte público es un servicio o un negocio para algunos
Durante las últimas semanas, una fuerte tensión atraviesa el sistema de transporte público de la provincia de Tucumán. En medio del recambio de tarjetas del sistema de pago, que si ciudadana, metropolitana e independencia, usuarios confundidos, empresarios preocupados y funcionarios con respuestas parciales componen un escenario caótico que merece ser desmenuzado con rigor y responsabilidad.
Un grupo de empresarios del transporte, referentes en el sector, como
- Julio Haro (Línea 130, 118),
- Francisco Suances (Línea 124),
- Jorge Gómez Sansone (Línea 131, Villa Gloria, San Pedro de Colalao),
- Gustavo Sánchez (Aconquija S.R.L) y
- César Atim (105, 107, 103),
El caso Bizland
En el texto le detallan la crítica situación que vienen padeciendo las empresas con el nuevo sistema de pago implementado por Bizland S.A.U., denunciando que dicho sistema fue probado previamente en una línea y que no funcionó de manera adecuada.
Lo más grave es que la carta expone que esta información no fue transmitida al Ejecutivo por el interlocutor habitual del sector, Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán), quien mantiene un rol difuso y altamente cuestionado entre el verdadero sector empresarial, el gobierno y la sociedad.
En ese escrito al gobernador Jaldo, le expresaban: “Ante la deficiencia en el funcionamiento del sistema de pago del boleto interurbano que se estuvo probando en la Línea 130, y ante la falta de respuestas de las entidades responsables, nos vemos obligados a acudir directamente a usted, señor Gobernador. La dificultad de los usuarios para cargar crédito, la escasez de puntos habilitados, y los problemas técnicos en las máquinas recaudadoras nos obligan a tomar medidas por nuestra cuenta para no perjudicar más al usuario”.
Y agregaron una solución concreta: “Estas empresas adoptarán la modalidad de cobro mediante POSNET como medio alternativo, garantizando la continuidad del servicio y facilitando el acceso al boleto sin costos extras ni traslados innecesarios para el pasajero”.
Este documento, que no habría sido oficialmente respondido aún por el gobierno provincial, pone en evidencia un conflicto mayor. Los empresarios del transporte se encuentran hoy desplazados de las decisiones cruciales. Son empresarios con trayectoria, con generaciones en el rubro, que han realizado inversiones y que también algunos han demostrado un fuerte compromiso con la responsabilidad social empresarial.
Escalón UPA
En el mismo espacio físico, un complejo deportivo, donde semanas atrás colapsó la entrega de tarjetas bajo la conducción de las cabezas de AETAT (Jorge Berreta y Daniel Orell) y sus operadores, la Línea 130, se unió solidariamente a la ciudadana y docente Lorena Gutiérrez —creadora del proyecto Escalón UPA— para promover accesibilidad y empatía hacia personas con movilidad reducida. Gutiérrez, se acercó a la línea para plantear la necesidad de instalar un 3er. escalón.
La iniciativa surgió por la incapacidad de su madre de ascender al transporte debido a la altura, y así diseño el Proyecto Escalón UPA. En este caso, la línea de transporte no sólo adoptó medidas tecnológicas concretas en favor del pasajero a través de la instalación del 3er. escalón con un sistema hidráulico, sino que también acompañó iniciativas ciudadanas de enorme sensibilidad en apoyo a personas con autismo y a niños con dificultades de movilidad. Evidentemente, la iniciativa Escalón UPA es una muestra del respeto con el que algunas empresas de transporte, conciben al usuario.
Dos eventos ocurridos en el mismo lugar, pero con historias diametralmente opuestas.
Esta propuesta, orientada a facilitar el ascenso de personas con movilidad reducida, llegó incluso a la Legislatura provincial de Tucumán. Varios parlamentarios ya manifestaron su apoyo para convertirla en política pública. Pero hasta ahora “sólo subió un escalón”, y fue declarado proyecto de interés, pero ningún legislador lo trató ni presentó como un proyecto de ley.
Se le consultó telefónicamente a la docente Lorena Gutiérrez, el valor estimado de la inversión que debería hacer cada empresa de transporte para agregar ese escalón upa, y respondió que el valor equivale, aproximadamente a la mitad de lo que sale una cubierta de colectivo.
Me queda decir, respecto de este tema, que mientras algunos improvisan e imponen medidas con fines económicos, otros construyen desde la empatía.
¿Justicia o intimidación?
Una solicitada, publicada en un diario local, valuada en aproximadamente un poco más de $1 millón + IVA, y firmada por un abogado que sería representante de una firma prepaga de servicios legales para las fuerzas de seguridad, al parecer tendría como objeto dejar expuesto mediáticamente al empresario de transporte Sergio Gómez Sansone con causas judiciales personales derivadas de un divorcio.
Aclaremos que Sergio Gómez Sansone es el empresario que denunció en diciembre de 2024, a las cabezas de AETAT (Jorge Berreta y Daniel Orell) por:
- Emisión irregular de cheques,
- Posibles delitos de malversación de fondos y abuso de autoridad,
- Falta de transparencia en la contratación del sistema de boleto electrónico,
- Investigación penal por los manejos irregulares,
- Exclusión de propuestas tecnológicas alternativas,
- Agresiones físicas durante reuniones internas.
A través de una Carta Documento de Gómez Sansone, les exige a Jorge Berreta y a Daniel Orell,
- una auditoría financiera independiente,
- una investigación penal y
- garantías de seguridad para los empresarios que denuncian irregularidades.
El testimonio de otros empresarios consultados sobre esta solicitada, resultan contundentes: “Esa solicitada es una operación para dañar el prestigio laboral de Sansone y restarle peso a su denuncia. Perdieron el manejo de varias empresas porque ya no les tenemos miedo. Muchos estamos evaluando renunciar a la cámara si no hay un cambio urgente de las cabezas que no nos representan”.
Siemens Atos, Worldline Argentina y Red Bus
Lo que ocurre en Tucumán no es un caso aislado. Córdoba fue epicentro de un escándalo que involucró a Siemens Atos y Red Bus en un esquema de triangulación financiera con la mesa de dinero CBI. Estas empresas Siemens Atos, Worldline Argentina y Red Bus, jugaron y juegan un rol importante en el tema del sistema de pago del transporte público tucumano.
Pero, para entender mejor, recopilemos un poco de historia en los medios y organismos oficiales y judiciales.
El medio Cuarto Poder, de la Provincia de Salta, describe la historia de sucesos: hasta 2011, operaban en la Argentina, por separado, Siemens IT Solutions y Atos pero, a mediados de ese año, se fusionaron confirmando el Grupo Siemens – Atos. El entonces intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, firmó un contrato para transformar el viejo sistema de cospeles conque se abonaba el transporte público hasta ese momento, por el de tarjeta magnética.
El desembarco de Atos con Red Bus en Córdoba, tal como en San Juan y Mendoz,a se vio rodeado de sospechosas irregularidades. Un mes más tarde se creaba una UTE (Unión Transitoria de Empresas), con CBI (Cordubensis) para las recaudaciones de la tarjeta en bocas de expendio Red Bus en la ciudad capital.
En ese momento, un ex funcionario municipal vinculado al transporte, habría comentado que CBI aprovechaba la recaudación de Red Bus para monetizar cheques que luego se depositaban en la cuenta de transporte del municipio en el banco de Córdoba ya que era una cuenta exenta de impuestos.
Jorge Suau
En febrero del 2014 apareció muerto Jorge Suau, vicepresidente de la financiera CBI Cordubensis. Él fue hallado sin vida y con quemaduras dentro de su vehículo, en Córdoba. Suau dejó una carta que se convirtió en la hoja de ruta de los fiscales para seguir los pasos de este multimillonario desfalco. En ella aparecían mencionados como actores fundamentales de esta red de corrupción:
los directivos del entonces Siemens-Atos (después sería Atos Worldline), dueños del negocio de la tarjeta Red Bus. La financiera CBI sería la columna vertebral de la asociación ilícita, y una verdadera «usina de delitos económicos».
Investigando en otro medio nacional, Perfil, Maria Esther Romero, escribía sobre la operatoria de la estafa en el 2018: «¿Coimas en la concesión de Red Bus?».
El 18/03/2014, el entonces senador nacional Luis Juez se presentó en la Procelac, a cargo de Gonella, para pedir que investigara el contenido de la carta de Suau en lo que refirió a la presunta coima de $400.000 por mes al secretario privado del intendente Ramón Mestre, Juan Pablo Ostanelli; y al secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac.
Él indicó que sería por “permitirle el manejo financiero de la recaudación diaria del sistema de transporte urbano de pasajeros.» Dicha coima se depositaba y trabajaba «(…) en la mesa de dinero CBI Cordubensis SA de común acuerdo entre Siemens y los funcionarios municipales”, expuso.
En abril de 2014, Juez insistió ante el fiscal Senestrari y denunció que el producido de las tarjetas magnéticas de Red Bus iban a una cuenta conciliadora de Siemens Atos en el Banco de Córdoba. Que durante los dos años anteriores en vez de dinero efectivo (el boleto de transporte se cobraba en dinero fresco) se depositaron en la cuenta cheques de terceros entregados a la mesa de dinero CBI, varios de los cuales incluso habían sido rechazados.
Asociación Ilícita
La hipótesis que se podía reconstruir, según ambas exposiciones, era la siguiente:
- los usuarios pagaban el transporte público con dinero en efectivo,
- la recaudación a cargo de Siemens Atos ingresaba a CBI –socia en Rivelux– que, a cambio, entregaba cheques.
- Esos valores ingresaban a la cuenta del Banco de Córdoba y
- de ahí se monetizaban en una cuenta exenta del impuesto al cheque para luego ir al municipio.
Según ‘Cuarto Poder’, de Salta, en 2020 con tres de las principales autoridades de ATOS a nivel local y regional implicados en la mayor estafa a la ciudadanía de Córdoba, la situación tendía a complicarse ya que para el fiscal Senestrari, «todos los involucrados merecían ser procesados y estaba en condiciones de ir a un juicio en breve». Pese a esto, Atos seguía controlando el sistema Red Bus, aunque sin la intermediación de la financiera CBI, que se fue a la quiebra tras la muerte de Suau.
El Boletín Oficial de la república argentina del 13/12/2022, comunicaba:
«WORLDLINE ARGENTINA S.A. CUIT 30-60388612-3. Comunica que por Asamblea General Extraordinaria del 2/12/2022 se resolvió: (i) la conversión de la Sociedad en una Sociedad Anónima Unipersonal, (ii) el cambio de denominación social de “Worldline Argentina S.A.” a “Bizland S.A.U.”, (iii) reformar el Art 1 del Estatuto social a fin de reflejar las resoluciones sociales adoptadas y (iv) trasladar la sede social a Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4, Oficina A, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 02/12/2022. EZEQUIEL MATIAS CASTELLO – T°: 144 F°: 79 C.P.A.C.F. e. 13/12/2022 N° 101116/22 v. 13/12/202«
Finalmente, en 2023, según el sitio oficial fiscales.gob.ar, la Sala 2 hizo lugar al planteo del ministerio público fiscal que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena tanto para el director de la entidad financiera como para cuatro de sus principales allegados luego de que fueran condenados en 2019 por
- intermediación financiera no autorizada,
- lavado de activos y
- evasión tributaria.
¿El patrón se repite? Según denunció el senador Luis Juez, los ingresos del transporte se manejaban con cheques endosados, sin respaldo en efectivo. El desenlace: causas penales, una muerte dudosa y desconfianza social. En Tucumán, algo parecido denunció el empresario Sergio Gómez Sansone.
Gran Iceberg
Bizland S.A.U., es el actual proveedor del sistema de pago en Tucumán, y aparece vinculada indirectamente a Red Bus desde 2014, cuando fue adquirida por Facundo Agustín Prado a través del Grupo Los Lapachos, según registros de la Secretaría de Comercio de la Nación.
De acuerdo al site argentina.gob.ar/ , la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y la Secretaría de Comercio aprobaron sin condicionamientos en el 1er. trimestre de 2024 a la empresa de Facundo Agustín Prado que adquirió el control exclusivo indirecto sobre Bizland S.A.U.: la CNDC concluyó que la operación económica no genera relaciones horizontales ni verticales, por lo que fue aprobada el 15/02/2024, por medio de la Resolución SC Nro. 64.
La llegada de esta empresa Bizland S.A.U. a AETAT fue promovida por su actual vicepresidente, Jorge Berreta, y podemos decir sin licitación ni consulta pública. Berreta figura también como presidente, director titular de la Tarjeta Metropolitana.
- ¿Cómo se explica que una misma persona concentre el poder institucional de la cámara y el control operativo del sistema?
- ¿No configura eso un conflicto de intereses?
La ética institucional exige que se separen funciones y se garanticen controles externos.
A este informe se suma una cadena de interrogantes:
- ¿Por qué la venta de tarjetas se concentra en los locales exclusivamente de Mc Kio, vinculados a la financiera FIMEX?,
- ¿Por qué los fondos recaudados no llegan en tiempo y forma a los verdaderos empresarios del Transporte?,
- ¿Qué rol cumple la financiera intermediaria en estas demoras?, ¿Por qué no hay más puntos de recarga que no sean exclusivamente de una firma?,
- ¿Estamos ante un nuevo caso de intermediación financiera encubierta, disfrazada de modernización, como sucedió en Córdoba, Salta y Mendoza?
Esta investigación, recién comienza, y creo que es el inicio de un trozo pequeño de un gran iceberg.
Silencios que incomodan
El legislador Arnedo se pronunció recientemente sobre la crisis del transporte, pero evitó nombrar a las empresas involucradas, quizás por desconocimiento. Su falta de profundidad técnica invita a preguntarse si no sería más útil que impulse un proyecto de Ley para Escalón UPA, en lugar de emitir declaraciones vacías
En tanto, el municipio de San Miguel de Tucumán anunció que se devolverán los saldos a los usuarios que cambiaron su tarjeta. Sin embargo, miles de usuarios ya entregaron sus tarjetas, ya que los obligaron a devolverlas para retirar y en algunos casos comprar las nuevas, sin que sus saldos fueran verificados.
- ¿Cómo harán para cumplir esa promesa?
- ¿Es viable operativamente o se trata simplemente de un anuncio de campaña en tiempos electorales?
El tema de “Atributos Sociales”, que promocionan las instituciones gubernamentales y que serían los abonos y descuentos que se les hace del 55% a los jubilados y pensionados, a grupos sociales, a veteranos de Malvinas, a beneficiarios de programas nacionales, a monotributistas sociales, a personal doméstico, desde diciembre de 2024 no se les abona a los transportistas el dinero de estos atributos que se sabe que está, pero no dónde, ni qué hacen con él durante este tiempo. Por ejemplo, a una empresa de transporte le adeudarían desde marzo de 2025, más de $200.000.000. Un tema para ahondar.
Una decisión pendiente
El gobierno provincial y municipal tienen ante sí una disyuntiva ineludible, que la están marcando los usuarios y los empresarios del transporte cuando manifiestan,
- ¿Van a respaldar a quienes invierten, innovan y respetan al usuario?,
- ¿O seguirán amparando a quienes negocian a espaldas de todos, o de casi todos, controlan el flujo del dinero, y desacreditan a quienes se atreven a denunciar?
Todo parece indicar que Tucumán necesita un sistema de transporte moderno, ético y eficiente. No más parches. No más improvisaciones. No más concentración de poder. ¿Será que algún legislador tucumano se atreverá a citar a los empresarios de transportes para escuchar también la otra realidad?
Al parecer, es hora de barajar y dar de nuevo.
Gabriela Gatica Ruiz; periodista y Analista política, especialista en temas sobre corrupción.
