La Justicia inhibió los bienes de Alberto Fernández
En la causa por las irregularidades con los seguros del Estado. Lo dispuso el juez Ercolini; además levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas; investiga si el expresidente direccionó contrataciones en beneficio de un broker conocido. El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la inhibición general de bienes del expresidente Alberto Fernández y le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa en que se investiga si direccionó la contratación de seguros del Estado con un productor de seguros que es esposo de su secretaria privada. La inhibición general de bienes apunta a preservar el patrimonio de Fernández. La medida de Ercolini abarca también a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, incluidos el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero.
“Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros SA”, dijo Ercoloni en su resolución donde dispone estas medidas cautelares.
Según precisaron esta noche fuentes judiciales, la medida del juez Ercolini fue decidida luego de un requerimiento del fiscal Carlos Rívolo e implica que hay más evidencias del posible direccionamiento de los contratos de seguros para con la empresa ligada a su secretaria.
Las sospechas de Ercolini sobre la existencia de una organización delictiva integrada por el expresidente fueron alimentadas por el decreto 823 del año 2021 que obligaba al Estado a contratar con Nación Seguros, durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano. Otras aseguradoras actuaron como coaseguradoras.
Eso dio lugar a la intervención de intermediarios y organizaciones entre los que están Héctor Martínez Sosa, Pablo Andrés Torres García y Oscar Alberto Castello, como con las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, TG Broker, Bachellier SA, Castello Mércuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y asesores, a quienes se pagaban comisiones superiores a las del mercado, según la denuncia.
De acuerdo a la investigación, desde el Estado se direccionaron las contrataciones hacia esas empresas, donde ya había vínculos anteriores antes del dictado del decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros.
Una auditoria de Nación Seguros ubicó en la cúpula de estos intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el año 2020 a Bachellier SA, a Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, a Castello Mercuri en el tercer lugar, a San Ignacio en el cuarto y a TG Broker. “En conjunto, las cinco acumulan $ 2.782.170.946 percibidos en comisiones de Nación Seguros SA desde 2020, sobre $ 3.453.302.777 del total de productores, representando más del 80%”, dijo Ercolini.
Además, hay aportes significativos a la campaña electoral de Alberto Fernández por parte de Castello Mercuri, que participó como organizadora en pólizas de otros productores. San Ignacio y TG Broker actuaron como intermediarios de las pólizas contratadas con Nación Seguros por parte de la ANSES, que fue el inicio de esta investigación. Entre 2020 y 2024, el organismo ocupa el segundo lugar entre los públicos que pagaron mayor cantidad de dinero en comisiones.
Según el juez, Brian Kelly y Hernán Bressi figuran como presidente y director suplente de San Ignacio pero su domicilio no pudo ser encontrado. En uno de esos procedimientos, uno de los acompañantes de Kelly entregó dos cajas con documentos de la empresa, que había recibido poco tiempo antes en un garage por Carlos Suárez y Alfredo del Corro.
El juez estableció que hay nexos entre Del Corro y Marcos Federico Eufemio, ahora exgerente de compras de Nación Seguros. Es decir que esta segunda parte de la investigación averigua sobre los nexos entre los productores y funcionarios. El magistrado estableció que estos prouctores están ligados con cooperativas de trabajo que autorizaban a conducir sus autos a Mauro Damián Tanos, despedido como gerente general de Nación Seguros.
La sospecha es que el dinero del fraude que investiga el juez se hizo mediante la compra de autos de alta gama y a través de las cooperativas.
De de la lectura de las pólizas de Nación Seguros con ANSES surge la intermediación de San Ignacio y TG Broker como organizador y productor y la coaseguradora es San Germán Seguros, presidido por Héctor Villaverde. El juez encontró nexos entre la coaseguradora y los productores.
Bachellier, ligada a Martínez Sosa, según la auditoría de Nación Seguros, “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación (referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad), representando casi la mitad del monto total pagado en comisiones”.
El presidente de Bachellier es Osvaldo Tórtora y su director Ricardo González. El domicilio de la empresa es la casa de Tórtora y su esposa, “inmueble que a simple vista no sería congruente con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”.
Ercolini le mandó un oficio al Banco Central donde señala que “se proceda al franjado de las cajas de seguridad” de las 33 personas y firas cuyos bienes fueron inhibidos, para asegurarse la ejecución ante una eventual pena o demanda civil o ante un “eventual decomiso respecto de las ganancias producto de los ilícitos, y de este modo evitar que se consolide el provecho derivado de los efectos del delito”.
Todos los inhibidos
Las personas, empresas y cooperativas afectadas por la inhibición de bienes y el levantamiento del secreto bancario y fiscal son Alberto Fernández, Alberto Pagliano, Héctor Horacio Martínez Sosa, Guillermo Alonso, María Marta cantero, TG Broker, Pablo Torres García, Guillermo Torres García, Bachellier, Alfredo Tórtora, Ricardo González, Castelo Mercuri SA, Oscar Castello, Ernesto Mercuri y San Ignacio SA.
También cayó la medida sobre Brian Kelly, Hernán Bressi, San Germán Seguros, Héctor Villaverde, Camilo Moreno Corotto, Marcela Baldini, Mauro Tanos, María Victoria Bisogni, Alfredo del Corro, María Lourdes Trupia, Carlos Alberto Suárez, Marcos Eufemio, Damián Grosso, Diego Rosendi, Lucas Rosendi y las cooperativas 7 de Mayo y Irigoin Limitada.
Por eso se mandaron oficios a todos los registros de la Propiedad Inmueble del país; Registro Nacional de la Propiedad Automotor; Registro Nacional de Aeronaves, al Registro Nacional de Buques, al presidente del Jockey Club Argentino, y al Titular de la “Caja Nacional de Valores S.A.” para que informen si los investigados tienen bienes muebles, inmuebles o productos de servicios, a su nombre y si cuentan con cuentas de bolsa registradas.
Además, el juez le pidió al Banco Central que mediante una circular reservada requiera información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio respecto de las personas investigadas, sobre las operaciones de cuenta corriente, caja de ahorros, en pesos y en dólares, sus legajos de clientes, plazos fijos, créditos, compras de moneda extranjera, transferencias, cajas de seguridad, compra y venta de oro. Por último, ordenó congelar toda las inversiones y plazos fijos de los investigados.
El juez le pidió a la AFIP informes sobre estas personas y empresas y a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de bienes de Alberto Fernández, Alberto Pagliano -extitular de Nación Seguros-; María Cantero, la exsecretaria, y Marcos Eufemio y Mauro Tanos, exfuncionarios de Nación Seguros.
