A 30 años de la voladura de la AMIA

La voladura de la Embajada de Israel tuvo lugar el 17 de marzo de 1992; a las 9.53 del 18 de julio de 1994 otra bomba hacía estallar la sede de la AMIA. Por tratarse de una sede diplomática, la investigación del primer episodio quedó a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que del otro hecho se ocupó el juez Juan José Galeano. Cada investigación tuvo un recorrido diferente, como diferentes fueron sus resultados, aunque a la postre ninguno de los dos sirvió para poner justicia en ambos hechos; empero la falta de resultados llevó al Congreso a tomar cartas en el asunto. Fue en 1996, un año a lo largo del cual se destacó precisamente el trabajo de las comisiones investigadoras. La Bicameral de Seguimiento de los Atentados fue una de ellas.

En el caso de los atentados contra objetivos israelíes, diputados y senadores tomaron la decisión de crear una comisión, ante la necesidad de efectuar un seguimiento de la investigación de los mayores atentados terroristas que registró la Argentina contemporánea. En rigor, la creación de la comisión se decidió en 1995, pero recién se constituiría en septiembre de 1996. El objetivo de la misma era efectuar el seguimiento de las investigaciones judiciales y la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del propio Poder Legislativo.

Harían el acompañamiento y el examen de la investigación en curso, pero estaba establecido que no podían reemplazar a los jueces de la causa.

“Desde su creación, la Bicameral adoptó el criterio político de tomar ese mandato con el compromiso de hacerlo como una cuestión de Estado, fijando como regla política primordial no utilizar la información obtenida o el propio desarrollo de la comisión para una especulación parcial o partidaria”, señaló a quien esto escribe Melchor Cruchaga, quien integró esa comisión durante su paso por la Cámara de Diputados.

La propia composición de la Bicameral demostraba que se tenía en cuenta ese principio de representación por sectores políticos, y no como una representación cuantitativa o proporcional al peso específico de cada fuerza, como sucede con las clásicas comisiones en las que el oficialismo de turno tiene presencia mayoritaria.

El propio justicialismo estaba representado en sus dos acepciones: menemismo y duhaldismo. “Y a un costado estábamos nosotros, y más al costado Cristina (Fernández de Kirchner)”, contó uno de los radicales que integró esa bicameral, confesando que entonces se sentían muy cómodos con la senadora santacruceña, porque sabían que no estaba comprometida con los sectores del oficialismo.

El primer titular de la comisión fue el justicialista rionegrino Carlos Soria y su vicepresidente fue el senador radical Raúl Galván. También estaban Carlos Chacho Alvarez, José Antonio Romero Feris, César Arias, Augusto Alasino, José Genoud, Miguel Angel Pichetto, Bernardo Quinzio, Federico Storani, Juan Pablo Cafiero, Cristina Kirchner y el citado Cruchaga. Como se ve, la mayoría de los presidentes de bloque estaban en la comisión, lo que pretendía darle a la misma una fuerte representación política.

Eso implica por supuesto que esos titulares de bancadas pondrían el peso de sus firmas, mas no el cuerpo en la investigación, que correría entonces por cuenta de otros. De hecho, Soria, Cruchaga y Cristina fueron las caras visibles de la investigación que encaró la Bicameral.

Quien tiempo después sería presidenta de la Nación accedió a esa comisión mientras constituía una isla solitaria en el Senado, lo cual no fue obstáculo para que el justicialismo accediera a incorporarla. Con el tiempo, se justificaría plenamente esa designación, pero no deja de representar una incógnita porqué se le concedió la posibilidad de estar allí si en el bloque del Senado no la querían. La razón más valedera que ha podido encontrarse es que en el oficialismo no eran muchos los que querían meterse en esa tarea en la que encontrarían más escollos que pistas. Además, las bicamerales no tienen la importancia de las comisiones permanentes de cada Cámara -sin ir más lejos, no manejan dinero- y cumplen más bien un rol simbólico como el que pretendían darle las presencias de tantas figuras de los bloques que a la postre no ponían más que el nombre y la firma.

Y tanto insistió Cristina, que logró sortear las vallas para ocupar un lugar en la bicameral, que no perdió cuando migró hacia Diputados. Tampoco varió mayormente la composición de esa bicameral con el paso del tiempo, amén de modificaciones de importancia como la presidencia de la misma, que ejercieron los radicales Marcelo Stubrin y Luis Molinari Romero ya en tiempos de la Alianza.

En sus informes, la comisión diferenció siempre la labor de la Corte Suprema y la del juez Galeano, con quien sí mantuvieron un mayor contacto. De entrada, la relación con el Tribunal Supremo fue tempestuosa, por cuanto el mismo retaceó permanentemente el material que los legisladores requerían para la investigación del atentado a la embajada, al punto tal de tener que plantear los legisladores una cuestión de privilegio, votada por unanimidad.

Pasó casi un año para que la Corte modificara su postura y le permitiera a los legisladores ver la causa; posteriormente delegó la investigación en una secretaría penal a cargo de Jorge Canevari, lo que marcó un tardío cambio de comportamiento, pero cambio al fin. Con el juez Galeano, por el contrario, el contacto fue permanente.

La comisión trabajó activamente durante cuatro años; luego comenzó a declinar su tarea porque arrancaba el juicio oral a los integrantes de lo que se denominó “la conexión local” de la voladura de la AMIA, y prácticamente se extinguió. Pero dejó como conclusiones tres sustanciales informes: uno publicado en 1997, otro al año siguiente y el tercero en 2001. Muchas de las observaciones que allí figuran se vieron ratificadas posteriormente durante la sustanciación del juicio oral y público.

El primer informe fue publicado a fines de 1997 y Cristina Kirchner y los integrantes de la Alianza emitieron dictámenes diferentes. Una de las discrepancias marcadas tuvo que ver con el papel de la Corte Suprema en la causa por el atentado a la embajada de Israel. El informe del justicialismo respaldó esa investigación señalando que el Tribunal debió afrontar “una tarea de magnitud que no contaba con antecedentes en la historia judicial argentina”.

A juicio del oficialismo peronista de entonces, si los resultados del máximo tribunal aún no satisfacían a la gente era porque “no encontró colaboración de organismos dependientes de otras áreas y de las autoridades extranjeras”. En tal sentido consideraron fundamental “una mayor participación de los organismos de seguridad del Estado con la Justicia”. En otro tramo, el PJ solicitaba la separación de la Policía Bonaerense de “todo elemento que por inteligencia e inobservancia haya omitido la debida colaboración con el juzgado correspondiente”. Respecto a Galeano, destacaron la “independencia y seguridad” de su trabajo en la investigación de la voladura de la AMIA.

“En ese informe lo que nosotros hicimos no fue una evaluación de las causas judiciales; nosotros no dijimos que por culpa de la mala investigación del primero sucedió el segundo atentado, sino que en la investigación del atentado a la Embajada, por la magnitud del hecho, lo novedoso y la composición del Alto Tribunal, era muy difícil poder investigarlo, y además no se siguieron las líneas investigativas correctas, a nuestro criterio. No hubo una dirección tratando de encontrar a los culpables. Se tomaron infinidad de testimonios, se acumuló muchísima prueba, pero buena parte de esa prueba no era conducente al objetivo que se perseguía, que era investigar el hecho”, señaló el entonces titular de la comisión, Carlos Soria.

Los diferentes informes coincidieron en destacar “la preocupación por la previsible responsabilidad de efectivos de la Policía Bonaerense en ambos hechos terroristas” y en alentar la sanción de la ley que instituiría la figura del arrepentido.

El informe de Cristina Kirchner de 1997 hizo en sus consideraciones finales todo un manifiesto político, al señalar que ambos atentados “se produjeron en un marco histórico-institucional absolutamente favorable a la impunidad” y que “la prolongada sucesión de interrupciones y quiebres institucionales durante décadas y la consiguiente instalación de la doctrina de seguridad nacional que vertebró y estructuró la organización y funcionalidad de los organismos de seguridad e inteligencia de nuestro país, no es una cuestión menor (…) El advenimiento de la democracia en 1983 se caracterizó en esta materia por marchas y contramarchas que neutralizaron la voluntad de cambio al no poder traducirse la misma en la depuración de dichos organismos. En este sentido, decisiones políticas tales como la obediencia debida y el punto final -para las que se esgrimieron razones de Estado- no sólo han contribuido a profundizar la cultura de la impunidad, sino que han obstaculizado objetivamente la depuración de los organismos de seguridad e inteligencia de aquellos elementos que operaron en forma paralela, clandestina e ilegal al sistema. Los decretos de indulto constituyeron el acto final”.

Con ese escenario previo y esos organismos de seguridad e inteligencia, señaló Cristina en su dictamen, sobrevinieron los atentados. Con numerosos puntos de contacto con el dictamen de la Alianza, Kirchner habló de funcionarios y componentes del sistema nacional de seguridad interior que “en forma manifiesta o soterrada obstaculizaron la investigación, encubrieron sospechosos y/o intentaron desviar el rumbo de la pesquisa”. A su juicio, no existió voluntad política real de parte del Gobierno nacional y en particular del Ministerio del Interior para el esclarecimiento de ambos atentados, “y en particular para brindar colaboración efectiva a la Justicia Federal encargada de la investigación del segundo de los hechos.

Sobre el papel de la Justicia, reconoció la labor desarrollada por el juez federal Juan José Galeano y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, pese a los obstáculos. Sugirió además otorgarle al juez y a la fiscalía “la más absoluta disponibilidad de los recursos humanos y materiales que se requieren para afrontar la investigación”.

Sobre la Corte Suprema, admitió su carencia -por ser ajena a sus funciones específicas- de una adecuada estructura y funcionalidad en materia de instrucción penal, sugiriendo en consecuencia que ese tribunal delegara la instrucción de la causa al juez Galeano, “atenta la obvia y directa conexidad y causalidad entre la causa Embajada de Israel y la causa AMIA”.

“Es inexcusable la responsabilidad del Gobierno nacional por la falta de lineamientos y de capacidad funcional del sistema nacional de seguridad interior e inteligencia para detectar, seguir y conjurar el accionar de los grupos y/o organizaciones terroristas que planificaron, prepararon y llevaron a cabo los mencionados atentados, así como también para precisar e investigar el accionar de tales grupos y/o organizaciones y su estructura logística, operativa, de personal y de inteligencia”.

El informe de Cristina destacó la “negligencia” en la investigación de los atentados demostrada por el ex jefe de la Policía Federal Adrián Pelacchi, quien al emitirse ese dictamen era secretario de Seguridad Interior del gobierno menemista, inscribiéndola “en el mismo tenor que los actos de distracción y omisión denunciados, por lo que resulta difícil entender cuáles han sido los motivos por los cuales se lo nombró para cumplir nuevas y superiores funciones en el área de seguridad”.

Le apuntó a la responsabilidad y compromiso de algunos miembros de la Federal y la Bonaerense, así como a sus respectivas conducciones políticas en la preparación, ejecución y posterior encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA, y cuestionó la actitud del titular de la SIDE de no brindar la información requerida por esa comisión en materia de ejecución presupuestaria relacionada con la investigación de los atentados.

“La manifiesta falta de colaboración por parte de los distintos organismos de seguridad e inteligencia federales y provinciales que debieron coadyuvar al desarrollo de la investigación judicial, debe ser entendida desde una doble perspectiva que comprenda tanto las falencias estructurales de los mismos, como la evidente decisión de obstruir el esclarecimiento de los hechos, o de encubrir a determinadas personas y/o grupos sospechados de haber participado de alguna manera en el atentado y que están vinculados al Estado”, señaló el duro informe en otro de sus párrafos.

Los tres dictámenes emanados por la comisión bicameral fueron aprobados por unanimidad en el Parlamento.

La cinta misteriosa 

A diferencia del año anterior, en 1998 Cristina Kirchner sí firmó junto a la mayoría las consideraciones del informe, aunque no compartió las conclusiones. Sí se pusieron de acuerdo los diputados y senadores del oficialismo y la oposición en cuanto a las recomendaciones. La presentación del mismo corrió por cuenta de los oficialistas Carlos Soria y Cristina Kirchner y los aliancistas Raúl Galván, Juan Pablo Cafiero y Melchor Cruchaga, y allí se instaba al tratamiento en el período de sesiones ordinarias del Congreso de “todos aquellos proyectos que contemplan herramientas legales apropiadas para afrontar investigaciones judiciales de hechos de índole terrorista”.

Asimismo insistieron en que se impulsara “el debate sobre una ley de información e inteligencia, tal como lo prevé la Ley 23.554, orientada al mismo tiempo hacia la búsqueda del necesario consenso entre las fuerzas políticas representadas” en el Parlamento.

En sus párrafos críticos, la comisión destacaba que no se habían tomado “las medidas recomendadas” para prevenir actos terroristas, ni había coordinación entre la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, y que “no se han emitido directivas o resoluciones sobre actividades de inteligencia referidas a atentados”.

Empero, el informe exceptuó de críticas tanto al juez Galeano, como a los fiscales Müllen y Barbaccia, e inclusive reivindicó la “voluntad política” del Gobierno para esclarecer los atentados, por lo que llamó la atención que los representantes de la oposición y Cristina se hubiesen avenido a suscribirlo.

La dureza del informe estaba una vez más reservada para la Corte Suprema, por no haber investigado como debía el atentado contra la Embajada, destacándose que no se había podido recuperar “el tiempo perdido” y que la investigación ahora más bien tenía un objetivo “histórico”, por cuanto los culpables ya no podrían ser hallados.

Una de las características especiales de la investigación que llevó a cabo la Comisión Bicameral fue el hecho inédito de que hiciera el seguimiento de una investigación judicial en trámite. Esto es, siempre las investigaciones parlamentarias tuvieron como objetivo acontecimientos pasados, mientras que esta vez la causa judicial estaba en marcha. Y simultáneamente con el acompañamiento de la pesquisa y las indicaciones sobre los distintos organismos judiciales o del Ejecutivo que no cumplían adecuadamente su rol en la investigación, se puso énfasis en la necesidad de actualizar la legislación antiterrorista. De ese trabajo se dio curso a la Ley del Arrepentido, surgida de las sugerencias de esa comisión.

Quienes pasaron por esa comisión advierten que la investigación desarrollada por la Corte sobre el primer atentado “era un verdadero desastre”, lo cual surgía del hecho de que el tribunal en pleno se hubiera ocupado de la causa “lo cual era un disparate”. En cuanto a la AMIA, se registraron desvíos de pistas, gente enviada para desviar la investigación, pérdida de pruebas, incumplimiento de órdenes judiciales…

El 4 de mayo de 1999, a siete años del primer atentado, se registró un vuelco en la investigación, al descubrirse la cinta que contenía los momentos previos y posteriores a la voladura de la Embajada de Israel. Ese día los integrantes de la Comisión Bicameral sometieron a tres horas de interrogatorios cruzados a los policías Gabriel Soto, Miguel Angel Laciar y José Alberto Acha en el Anexo de la Cámara de Diputados.

Los policías habían sido los ocupantes del patrullero 115 aquel 17 de marzo de 1992, cuando les llegó la orden de alejarse de la zona de la Embajada para dirigirse a la Cancillería. Declararon largas horas ante los diputados de la comisión y estaban a punto de retirarse cuando alrededor de las 23 Cristina Kirchner le preguntó a Laciar si sabía algo de la existencia de una cinta.

Cuentan los testigos que entonces el policía se quebró y contó que su compañero Soto tenía una cinta en su poder. Ese día la Bicameral sesionó hasta las 3 de la madrugada y a medianoche debió concurrir a declarar el jefe de la Policía Federal.

La investigación cobró una energía renovada y todos los cañones apuntaron contra Soto, quien al momento del atentado era oficial subinspector, y éste admitió contar con una cinta que demostraba que el patrullero en el que se desplazaban había recibido desde el móvil de la Cancillería la orden de ir hacia Reconquista 1088. En su momento, Soto había declarado ante la Corte que había recibido la orden, pero ese mandato nunca pudo ser comprobado hasta que apareció la cinta.

Miguel Angel Laciar fue el único de los policías que recordaba haber pasado por la puerta de la Embajada; el patrullero no alcanzó a llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que a cien metros de Suipacha y Arroyo estalló la sede diplomática. Laciar se quedó en el móvil pidiendo ayuda por radio, mientras Soto y Acha corrían hacia el desastre. Fueron los primeros policías en llegar allí, y por su actuación recibieron condecoraciones del Gobierno israelí.

Hubo contradicciones sobre el desvío del móvil. Mientras los policías dijeron que había sido por disturbios, la cinta señalaba que debían ir al Palacio San Martín por una denuncia de robo.

La grabación debía haber sido tomada directamente del master de la oficina de comunicaciones de la Policía Federal, lo que demostraría que la fuerza tuvo en su poder el registro de los movimientos ese día. Contrariamente a lo declarado en su momento ante la Corte, que al requerir las grabaciones con el movimiento policial había recibido como respuesta que ya no había registros porque las cintas se borran automáticamente cada mes.

La prueba aportada por Soto comprobaba que alguien se había ocupado de grabar la cinta en un cassette, con el fin de presentarlo cuando las circunstancias así lo demandaran.

La sorpresa de los legisladores fue aún mayor al conocer que tres docentes policiales de la Escuela de Cadetes Ramón Falcón habían utilizado la grabación en clase como ejemplo sobre el desempeño policial en siniestros…

Luego de otra ronda de interrogatorios con policías, la Bicameral llegó a la conclusión de que en el atentado contra la Embajada había habido un relajamiento de la custodia externa de la sede diplomática.

Un policía de apellido Ojeda, asignado a la custodia de la Embajada, se había retirado 30 minutos antes de la explosión; el cabo primero de apellido Chiocchio que debía relevar a los custodios de la sede diplomático y nunca lo hizo argumentó que se estaba bañando.

Omar Rinaldi, jefe de la delegación de la Policía Federal que funcionaba entonces en la Cancillería negó ante los legisladores haber solicitado el apoyo de un patrullero afectado a la custodia de la Embajada de Israel el día del atentado. Cristina Kirchner contó entonces que la denuncia que motivó el envío de un móvil había sido realizada por un estudiante al que le habrían robado una lapicera en cercanías de la Cancillería. Posteriormente, en las actuaciones policiales el estudiante negó el robo y adujo que en realidad se había tratado de una pérdida, pero de todos modos llamó poderosamente la atención que se afectara el patrullero que custodiaba la Embajada para un hecho menor.

Juan Pablo Cafiero, que por entonces era diputado y años después debería lidiar con la ingobernable Policía Bonaerense, reveló entonces que el llamado de patrullero a patrullero quedó registrado en el libro de novedades de la delegación policial tres días después del atentado.

Por esos mismos días la Corte Suprema de Justicia -acicateada por la investigación paralela que se llevaba a cabo- llegaba finalmente a una conclusión sobre la voladura de la Embajada, adjudicándola a la Jihad Islámica. “Esta declaración de la Corte es lo que nosotros ya sabíamos desde los primeros meses de la investigación, estuvimos pidiendo siete años que lo declaren y no lo hicieron”, se quejó el agregado cultural de la embajada israelí, Ionatan Peled, aunque celebraba la conclusión: “Mejor tarde que nunca”, dijo.

Una comprobación que pudo hacer Cristina Kirchner durante su investigación del atentado fue que había hombres con mucho poder, policías encumbrados, a los que ponía muy nerviosos que el poder político los interrogara. Cosa curiosa, por cuanto los legisladores no tenían poder para meter preso a nadie. Pero un ejemplo en ese sentido lo tuvieron con el ex jefe de la Policía Bonaerense comisario Pedro Klodczyc.

Durante el interrogatorio al que fue sometido por los integrantes de la comisión, el policía no dejó de fumar un solo instante. Fumaba, fumaba, apagaba un cigarrillo y encendía el otro. Cristina, que desde que dejó ese vicio tiene una manía con el tema, agitaba la mano con el ceño fruncido para disipar el humo. El comisario la veía hacer eso y apagaba el cigarrillo, pero al ratito se olvidaba -tan nervioso estaba- y encendía otro. Y la diputada volvía a hacer lo mismo, reiterándose calcada la escena una y otra vez.

En otra ocasión, la diputada Kirchner, Carlos Soria y Luis Molinari Romero concurrieron a la SIDE, donde les presentaron a todos los hombres de la Secretaría de Inteligencia del Estado abocados a la investigación de la AMIA. Había dos mujeres de ese organismo que fueron interrogadas por la comisión. Sus nombres eran Marta y Graciela, y Cristina dirigió sus preguntas particularmente a la segunda. Tan nerviosa estaba Graciela que comenzó a tomar aspirinas, de a dos por vez.

Se llevaba dos a la boca, las tomaba con agua y a los pocos minutos volvía a hacer lo mismo. Tan ensimismada en las preguntas estaba Cristina que no advirtió la situación ni de la tensión que generaba con su interrogatorio, pero sí lo hizo Soria, quien al cabo del encuentro le dijo a su compañera:

– ¿Vos te diste cuenta de lo que hizo esta mina en las 4 horas que vos la torturaste a preguntas?
– No, ¿qué hizo?
– Se tomó completas dos tabletas de Cafiaspirina. Veinticuatro aspirinas en cuatro horas…

Por esos días Cristina solía compartir programas periodísticos con Elisa Carrió. Los productores sabían que con ambas tenían asegurado el debate. Les tocó estar juntas en un almuerzo con Mirtha Legrand, programa que compartieron con una sobreviviente de la AMIA. El tema derivó entonces hacia el atentado y la santacruceña recordó su condición de miembro de la Bicameral de Seguimiento de los Atentados y sus reiteradas críticas hacia los organismos de seguridad e inteligencia. “Hay una lógica de la impunidad que no viene solamente de lo de la AMIA -dijo-; viene de la SIDE, de la responsabilidad de la Policía Federal a través del famoso POC (Protección del Orden Constitucional). Pero la lógica de la impunidad es que los organismos de seguridad e inteligencia en la Argentina no se modificaron absolutamente en nada: vienen desde hace décadas funcionando en el marco de lo que se conoció como la doctrina de la seguridad nacional; esto es, cuidar gobiernos y no cuidar ciudadanos”.

“Y no fueron depurados, porque obediencia debida, punto final e indultos crearon en la Argentina una lógica de la impunidad… -agregó-. ¿Cómo no van a participar Ribelli y otros tipos de la Federal en esto si en este país desaparecieron 30 mil argentinos y a nadie le pasó nada?”.

La caída en desgracia de Galeano 

Menemista en otros tiempos, el titular de la Bicameral, Carlos Soria, dejó la Cámara baja convocado por su nuevo jefe político, el gobernador Eduardo Duhalde, para ocuparse de la brasa incandescente que significaba el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. Su vacante en la comisión abrió una interna en la misma, ya que en lugar de Soria fue designada Cristina Fernández de Kirchner.

El vicepresidente de la comisión, el senador riojano Raúl Galván se enojó a tal punto que decidió renunciar a la comisión, argumentando que la designación había sido adoptada en forma “antirreglamentaria, inconsulta y descomedida”.

La notificación de la designación corrió por cuenta de Alberto Pierri, a instancias del bloque que conducía Humberto Roggero, lo que desató la tirantez con los senadores. Fuentes radicales aseguran que el enojo de Galván obedeció a que se había establecido previamente que la comisión sería presidida un año por cada Cámara, pero que por comodidad política -para evitar abrir una interna sobre sucesores- el justicialismo había resuelto mantener a Soria en el puesto. Al irse éste, el oficialismo prefirió que no fuera un radical el sucesor y optó por la santacruceña.

Para tratar de distender los ánimos y sortear la interna, la nueva conducción de la Bicameral convocó al Congreso al equipo de la SIDE que colaboraba con el juez Galeano en la causa AMIA, lo que abrió un nuevo factor de conflicto. Es que el titular de la Secretaría de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, rechazó ir al Parlamento y poner de cara al público a decenas de agentes. Sugirió en cambio invertir las cosas y que fueran los legisladores quienes se llegaran hasta el edificio de la SIDE, ubicado frente a la Casa Rosada, invitación que despertó la ira de los frepasistas, quienes se negaban a ir a ese lugar por cuestiones ideológicas.

– Así como el Congreso es un poder del Estado, la SIDE también lo es -replicó Anzorreguy durante un acalorado cruce telefónico, dando una arbitraria interpretación de la Constitución-. Y le recuerdo además que este organismo funciona bajo el control de un gobierno democrático.

Conclusión, a la reunión no fue ningún representante de la oposición, enojados por la sede escogida, ni del Senado, en solidaridad con Galván. Sólo concurrieron Cristina, César Arias y Miguel Angel Pichetto, todos diputados y del justicialismo.

El interinato de Cristina al frente de esa comisión fue tan breve como escaso era el tiempo que le quedaba al PJ de ser oficialismo. Fueron apenas dos meses y la esposa del gobernador santacruceño presidió muy pocas reuniones, porque además muchos no querían que Kirchner presidiera esos encuentros. Conclusión: se juntaron en contadas ocasiones. Consumada la victoria aliancista, la presidencia de la comisión pasó al Senado en general y a un radical en particular, el cordobés Luis Molinari Romero.

La gestión de una comisión depende mucho del presidente de la misma, sobre todo tratándose de comisiones especiales. Con Carlos Soria, la misma se movió bastante, pero ya en adelante dejó de tener tanta actividad. Aunque también dependía de cómo iba la investigación, ya que la tarea de la Bicameral era acompañar lo que iba haciendo la Justicia. Y cuando la investigación se paraba, no había a quién entrevistar, a quién citar, a quién llamar: la comisión se frenaba.

Todavía quedarían dos años de trabajo y un nuevo informe, el último que emitió esa bicameral y en el que nuevamente Fernández de Kirchner marcó sus diferencias al suscribir uno diferente en forma solitaria. Allí Cristina -ya elegida nuevamente senadora- ya no elogiaba la investigación de Galeano.

“La existencia de causas en extraña jurisdicción donde, en base a exclusivas escuchas telefónicas, se investigan personas con posible vinculación con el atentado, sin participación alguna del magistrado competente en éste, arroja un manto de dudas sobre la investigación -señalaba el dictamen de 2001-. De tal forma, información y pruebas que podrían ser de vital importancia para arribar a la verdad, pudieron no haber llegado en forma y debido tiempo a conocimiento del doctor Galeano, o ser analizada por personal que por carecer del conocimiento total de la causa, pudiera ignorar la importancia de cada escucha o interlocutor”.

Y agregaba en tal sentido que “llama la atención la pasividad de éste con respecto a tales causas y peor aún, cuando surge con singular nitidez la hipótesis de que se construyeran causas mellizas y paralelas a la investigación principal, en lo que constituiría un inédito sistema de ‘elección y administración’ de líneas de investigación y sus pruebas, no pudiendo determinarse si ello era responsabilidad del juzgado a cargo del doctor Santamarina, del juzgado a cargo del doctor Galeano, de la SIDE o de todos juntos en un auténtico pool de funcionarios judiciales y políticos de límites confusos y difusos, constituyendo un inaceptable manejo de la función jurisdiccional”.

Kirchner criticó que el juez Galeano se apoyara casi exclusivamente en la SIDE, por cuanto teniendo en cuenta las críticas sobre el accionar de ese organismo vertidas en anteriores informes “quedan numerosos interrogantes sobre la verdad de los hechos, los que no han podido ser dilucidados por el magistrado actuante”.

Al no haberse podido despejar las dudas sobre la participación de elementos pertenecientes a los organismos de seguridad e inteligencia en el atentado contra la AMIA, el informe de Kirchner advertía sobre la posibilidad de que se hubieran favorecido hipótesis falsas o privilegiado determinadas líneas de investigación “en base a conveniencias corporativas o políticas, las que fueran tomadas como ciertas, sin beneficio de inventario alguno por parte del juzgado actuante”. En tal sentido mencionaba a título de ejemplo las dudas en relación a quién o cuáles fueron los organismos que prepararon como falso testigo al presidiario Ramón Solari.

¿Quién era el Ramón Solari aludido? Un preso que intentó adjudicarse el atentado a la AMIA y terminó afirmando que el mismo había sido organizado por policías bonaerenses. Durante el juicio oral, los acusadores sostuvieron que Solari fue preparado precisamente por efectivos de la Bonaerense y quedar así a disposición de la Justicia Federal, cosa que le interesaba particularmente porque, según él mismo dijo, en la provincia se la tenían jurada. Solari terminó ratificando esa versión ante los legisladores de la Bicameral, aunque lo desmintió el comisario Juan José Ribelli.

Al cabo, Graciela Bernal, ex abogada del peligroso convicto, lo calificó como “un psicópata”, dijo que él “no sabía nada del caso AMIA” y que se contactó con la investigación para lograr un traslado a algún establecimiento penal federal.

El informe de Cristina Kirchner señalaba más adelante que resultaba “extrañamente llamativa la falta de seguimiento de una importante línea investigativa, donde había un sospechoso –Kanoore Edul– que objetivamente guardaba relación con elementos fundamentalistas islámicos, con el vendedor del vehículo bomba, y con otros elementos altamente sospechosos de la causa, sin que pudiera justificarlo. A pesar de ello, la investigación por parte de la SIDE y la Policía Federal y las directivas del juzgado resultan inesperadamente pobres e insólitamente ineficaces con las consecuencias derivadas de tal actitud”.

Cristina consideró “altamente preocupante con miras a la seguridad interior” que después de siete años de investigación y clausurada la etapa instructoria no se hubiera podido avanzar sobre los organizadores del atentado, no habiéndose podido trasponer la barrera de los proveedores del vehículo bomba.

De los organismos de seguridad, llamó la atención sobre “su elementalidad y pobreza de resultados”, destacó las contradicciones entre los dichos del juez Galeano y funcionarios de la SIDE, y advirtió que la gran mayoría de las recomendaciones formuladas por la comisión no había sido tenida en cuenta.

El informe de Kirchner se quejaba de las autoridades uruguayas en relación con “la nula cooperación” respecto a la información requerida sobre movimientos de cuentas bancarias de personas involucradas e imputadas en la causa, así como también criticó al Gobierno de Brasil por su falta de colaboración en relación con el ciudadano brasileño Wilson Dos Santos y el testimonio de sus familiares.

A propósito de su mención de la falta de cooperación uruguaya, no fue esa la única vez en que la senadora puso en la mira la actitud de las autoridades de aquel país con relación a las cuentas bancarias, ya que también tendría similares resultados al investigar las conexiones del lavado de dinero en el país vecino. Por eso, cuando el presidente uruguayo Jorge Batlle deslizó un exabrupto contra los argentinos, calificándolos de ladrones, “del primero al último”, la santacruceña apeló a la ironía. “Es posible que Alí Baba y los 40 ladrones vivan en la Argentina, pero la cueva debe estar en Uruguay”, replicó, contando que durante la investigación de la comisión sobre presuntas acciones de lavado de dinero se determinó que “el 80% de las sociedades y bancos que tomaron parte de las acciones estuvieron en Uruguay”.

Pero volvamos a los atentados. De la voladura de la Embajada, el informe de Cristina resaltó que a partir de la designación de un secretario letrado de la Corte, la causa había detectado un impulso en el ritmo de la investigación, pero que el mismo había ido disminuyendo paulatinamente en el transcurso del año 2000.

Tras rechazar “categóricamente” afirmaciones de la Corte sobre la inexistencia de una conexión local en el atentado, hizo notar “la falta de coherencia de las declaraciones recibidas en el seno de la comisión por parte de los policías encargados de la custodia de la Embajada de Israel en el día que se produjo el atentado”, y sugirió a la secretaría letrada de la Corte tomarles nuevamente declaración a los policías involucrados en el hecho.

El reconocimiento de la comunidad judía 

A poco de llegar a la presidencia, Néstor Kirchner recibió en la Casa de Gobierno a los integrantes de Memoria Activa, actitud que mereció el elogio de ese organismo. “Ningún presidente nos había recibido hasta ahora”, dijo Adriana Reisfeld, quien recordó que en su momento le habían pedido entrevistas a Carlos Menem, pero éste los había derivado a su ministro Carlos Corach.

Adriana Reisfeld, Diana Malamud, Jorge Lew y el abogado Pablo Jacoby acudieron a la cita en la que el mandatario les prometió abrir no sólo los archivos de la SIDE respecto al atentado, sino también los de la Federal, de la Bonaerense y de Prefectura, y recordó además que sabía de la trayectoria de Memoria Activa por la participación de su esposa en la Comisión Bicameral, en la que había acompañado varias veces los planteos de esa agrupación.

De esos tiempos los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA dijeron recordar que “en el Congreso nos presionaban para que bajáramos el tono de nuestros reclamos y el argumento que más usaron fue que criticar al juez podía voltear toda la causa. En ese momento Cristina nos apoyó mucho -agregaron-; decía que acallando las críticas sólo se favorecía la impunidad”.

Diez días después de recibir a Memoria Activa, Kirchner fue con su esposa al acto por el noveno aniversario del atentado a la AMIA, en el marco de otro gesto que les valió el aplauso: habían adelantado el retorno de una gira por Europa para estar en el palco al que pocos presidentes se habían atrevido a subir. Menem había ido al acto realizado tres días después del atentado, donde lo silbaron; no volvió más. Fernando de la Rúa, que no había faltado nunca como senador y luego jefe de Gobierno porteño, en el 2000 fue el primer presidente que participó de un aniversario; pero al año siguiente ya no regresó. Eduardo Duhalde tampoco concurrió cuando estuvo en la primera magistratura.

“Para poder venir a un segundo acto va a tener que seguir en este camino”, le advirtió el titular de la AMIA, Abraham Kaul.

En el marco del juicio a la conexión local por la voladura de la AMIA, la senadora Cristina Kirchner fue citada a declarar de oficio, para brindar datos sobre su actuación en la Bicameral. El interés estaba dado en sus cuestionamientos hacia la falta de seguimiento de la denominada “pista siria” expresada en su último informe. La ya entonces primera dama concurrió al Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo acompañada por cinco guardaespaldas.

Allí acusó al ex presidente Menem de no haber colaborado en el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía, e incluso señaló que funcionarios de su gobierno “plantaron pistas falsas” para desviar la investigación.

– Las sospechas que siempre hubo eran que desde lo más alto del poder no se fomentaba la dilucidación del caso -señaló Cristina-. La causa AMIA era un teatro de operaciones orquestado por los organismos de seguridad e inteligencia y por intereses políticos. Había muchos intereses cruzados para desviar la investigación y plantar pistas falsas.

– ¿Esa pista siria de la que habla conducía directamente al ex presidente Carlos Menem? -le preguntó Juan José Avila, abogado de la AMIA.

– Llegaba hasta la primera magistratura de la República. La SIDE dependía del presidente, así que no había que ser demasiado fantasioso para explicarse por qué no se avanzaba en esta pista.

De Menem, la entonces primera dama dijo que si bien no había imputaciones concretas para vincularlo con la pista siria, “aleteaba el espíritu” y se refirió en varias ocasiones a un episodio nunca esclarecido, sobre un supuesto llamado sospechoso que un hermano del ex presidente, Munir Menem, habría hecho al juzgado del doctor Galeano para interiorizarse sobre la situación de un comerciante de origen sirio llamado Alberto Kanoore Edul, quien en ese momento estaba preso en la causa. En tal sentido, Cristina recordó que la última reunión que mantuvo con el magistrado fue “borrascosa”, porque Galeano no pudo darle explicaciones verosímiles respecto del llamado de Munir.

“Me dijo que no se acordaba, algo inverosímil, había reticencia manifiesta de Galeano. Era el hermano del entonces presidente, era la única causa en su juzgado y además era el atentado… Hubo un entredicho y todo finalizó abruptamente”, recordó Cristina, para enfatizar luego que “yo nunca le creí a Galeano”.

Los elogios los guardó en cambio para el exsecretario de Galeano Claudio Lifchitz, quien denunció irregularidades cometidas durante la investigación, como la filmación clandestina de una negociación entre Carlos Telleldín -el acusado de entregar la camioneta donde estaban depositados los explosivos que volaron la AMIA- y el juez Galeano. En efecto, el exsecretario del juzgado de Galeano declaró ante la Comisión por espacio de 8 horas, sacando a relucir todo tipo de detalles y haciendo gala de una memoria prodigiosa.

Los doce miembros de la Bicameral admiten haberlo bombardeado a preguntas y Lifchitz contestó todo el tiempo con una coherencia total.

– Me impactó lo que dijo de que había participado desde dentro de la instrucción, dio detalles de cómo se filmaba y fue absolutamente verosímil -señaló Cristina Kirchner sobre Lifchitz, aunque no pudo recordar con precisión los dichos de otros testigos como el fallecido jefe de la Policía Bonaerense Pedro Klodczyc.

A los fiscales Müllen y Barbaccia los preservó de las críticas, ya que dijo no recordar que ambos se hubiesen referido alguna vez a un supuesto pacto con Telleldín. El juez Pons acababa de leerle una versión taquigráfica de la sesión de la Bicameral en la que había declarado Lifchtiz.

– ¿Estas son palabras tuyas… suyas? -preguntó Pons, presidente del Tribunal, a quien ya antes se le había escapado otro tuteo.

Imperturbable, Cristina dijo no recordar haber dicho esa frase. Y así se mantuvo durante toda su declaración. El momento en que más incómoda debió haberse sentido fue al comienzo, cuando tuvo que pronunciar su nombre completo: Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, habida cuenta de lo que detesta su segundo nombre.

Cuando la primera dama declaró ante el Tribunal Oral 3, el mismo acababa de desplazar de la causa al juez Galeano en función de las irregularidades ventiladas durante el juicio. Las mismas que también llevarían al desplazamiento posterior de los fiscales. El magistrado ya acumulaba en el Consejo de la Magistratura algunos pedidos de juicio político y por lo bajo los legisladores admitían que su estabilidad tambaleaba, aunque -tal cual lo apuntado por los integrantes de Memoria Activa- preferían cajonear esas demandas al menos hasta que concluyera el juicio a la conexión local.

A las críticas de la comunidad judía contra la Comisión Bicameral -que excluían a Cristina-, otros integrantes de la misma responden recordando que en un acto público en memoria por las víctimas del primer atentado, el embajador de Israel sostuvo que en la Argentina había un fuerte cuestionamiento a la investigación en general de ambos atentados, críticas que se extendían a las fuerzas de seguridad y a la parte política. Pero en esa ocasión señaló que en la Argentina se notaban “solamente dos voces que reflejan la voluntad real de llegar hasta el fondo en esas investigaciones”, citando en tal sentido a Memoria Activa y a la Bicameral del Congreso argentino.

Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa, fue uno de los más críticos contra la Bicameral. De sus críticas la única que salía indemne era Cristina Kirchner, en quien se afirmaba para señalar que la investigación evitó seguir la pista siria. A quien presidió por más tiempo la comisión, Carlos Soria, lo fustigaba en cambio por haber respaldado la versión oficial del juez Galeano, añadiendo que “incluso hizo ingresar a un pariente suyo (el hijo) al juzgado”.

– ¿Cómo evalúa el accionar de la Comisión Bicameral?

– Yo la llamo “la Comisión Encubridora”, no investigadora, porque lo único que hizo fue respaldar la versión oficial y ocultar por todos los medios posibles que el gobierno realizó un pago a Kanoore Edul. Lo único rescatable fue la actuación de la senadora Kirchner, quien pese a ser justicialista nunca respaldó la versión oficial y siempre se mostró en disidencia. Y eso se puede ver claramente en sus dictámenes.

– ¿Entonces sólo destaca lo hecho por Kirchner?

– Tal vez respecto a la actuación de Juan Pablo Cafiero y Molinari Romero, podría considerarse que pecaron de inocentes, porque no los relaciono con el accionar de los demás integrantes de la Comisión Bicameral.

Sobre tantas críticas, un integrante de la comisión legislativa consultado admitió que la voz de Memoria Activa es la más crítica, pero hizo notar que en los alegatos finales del juicio a la conexión local, Jacoby “exculpa de responsabilidad penal a los policías bonaerenses; y sin embargo, el resto de las querellas pide reclusión perpetua para los mismos imputados. Lo que está indicando que la diferencia de enfoques en relación a la investigación judicial es muy notoria y eso se traduce en esa mirada hipercrítica también a los que tuvieron las responsabilidades de control, como nosotros. Es una evaluación que a mí no me corresponde decir si es buena o mala, porque la respeto, porque es una representación de las víctimas”.

Respecto a la excepción que Memoria Activa hacía de Cristina Kirchner, los miembros de la oposición que integraron esa misma comisión recuerdan que, en efecto, ella firmó todos los dictámenes en disidencia, pero advierten que ellos también fueron “hipercríticos”, aunque admiten que las críticas formuladas por Memoria Activa y la propia AMIA “deben englobar a la oposición por considerar que tuvimos corresponsabilidad ya que durante la época de De la Rúa tampoco se consideraron satisfechos”.

Ex compañeros de Fernández de Kirchner en esa comisión sostenían que la buena relación que ella mantenía con Memoria Activa tenía que ver con que “estaba muy convencida de que la mirada de esa agrupación era la más adecuada a la realidad. Nosotros teníamos en cambio como consigna escuchar a todo el mundo, revisar todas las pistas, pero no enamorarnos ni patrocinar oficialmente a ninguna de ellas, porque eso es tarea propia del juez. Si no, le hubiéramos agregado a esto un condimento fenomenal”.

Integrante de esa comisión hasta pasar a ocupar el Ministerio de Justicia durante la gestión De la Rúa, Melchor Cruchaga recordaba esa etapa como “uno de los trabajos más interesantes, más comprometidos, aunque con un sabor de amargura, en términos de que la investigación judicial no llegó a los asesinos. Llegó a la conexión local, pero nada más”.

Por José Angel Di Mauro