Con una multa millonaria y ordenó frenar préstamos.
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán recibió una dura sanción del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que le impuso una multa millonaria y ordenó el cese inmediato de operaciones de intermediación financiera. La medida volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo provincial y abrió un nuevo foco de tensión institucional en torno al control de los fondos públicos y las responsabilidades de su conducción.
Una sanción de alto impacto
De acuerdo con la resolución difundida en las últimas horas, el BCRA resolvió aplicar una multa superior a los $100 millones a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y dispuso el cese de préstamos vinculados a actividades de intermediación financiera. La decisión se originó en un sumario en el que el organismo nacional concluyó que la entidad provincial incurrió en operatorias incompatibles con la normativa vigente.
El punto central observado por el Banco Central fue que la Caja habría desarrollado actividades de intermediación financiera sin ajustarse plenamente a las exigencias de la Ley de Entidades Financieras. Entre las irregularidades señaladas, se mencionó la falta de una separación contable clara entre fondos propios y depósitos captados del público, una situación que impidió determinar con precisión el origen del dinero utilizado para otorgar préstamos.
La gravedad de la observación
Según la evaluación del BCRA, se trata de una infracción de “gravedad muy alta”, debido al impacto que este tipo de maniobras puede tener sobre el sistema financiero y sobre el esquema de control que regula la actividad crediticia en el país. La resolución no sólo implicó una penalidad económica, sino también un fuerte llamado de atención a la estructura operativa de una de las entidades estatales más relevantes de Tucumán.
La Caja Popular de Ahorros es un organismo histórico dentro de la provincia. Además de administrar juegos oficiales, concentra distintas líneas de créditos y herramientas financieras que le otorgan un peso político e institucional significativo. Por eso, la sanción excede el plano técnico y se proyecta directamente sobre el debate por la transparencia y los controles en organismos autárquicos.
El rol del interventor José Díaz
En este escenario, todas las miradas se posan sobre José Díaz, actual interventor de la Caja Popular de Ahorros. Su nombre aparece en el centro de la discusión institucional por ser la máxima autoridad del organismo en esta etapa, mientras crecen los pedidos de explicaciones sobre el funcionamiento administrativo, la trazabilidad de los fondos y las medidas que se adoptarán para adecuar la actividad de la Caja a la normativa nacional.
La situación también derivó en la intervención del Tribunal de Cuentas de Tucumán, que busca determinar posibles responsabilidades administrativas, conocer de dónde salieron los recursos utilizados para afrontar la multa y exigir un plan de adecuación para evitar nuevas observaciones.
Un nuevo frente político en Tucumán
El caso reabre una discusión de fondo en la provincia: qué controles reales existen sobre los organismos públicos que manejan recursos millonarios. La sanción del Banco Central no sólo afecta a la Caja Popular en términos económicos, sino que además instala un problema político para la gestión provincial, en un contexto donde la demanda social por mayor transparencia y rendición de cuentas aparece cada vez con más fuerza.
Con la multa ya confirmada y con el cese de determinadas operaciones ordenado por el BCRA, la Caja Popular quedó frente a uno de los cuestionamientos institucionales más delicados de los últimos años. El foco ahora estará puesto en las respuestas oficiales, en el alcance de la revisión administrativa y en el costo político que pueda tener un expediente que ya escaló a nivel nacional.
FUENTE: https://quediario.com.ar/2026/03/09/el-banco-central-sanciono-a-la-caja-popular-de-tucuman-con-una-multa-millonaria-y-ordeno-frenar-prestamos/
