Desde su entorno difundieron un comunicado en el que señalaron que el conflicto alcanzó un punto crítico tras la presentación de un proyecto para establecer exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios públicos. De acuerdo con esa versión, la iniciativa —que tuvo amplia repercusión— habría generado fuertes reacciones en el recinto deliberativo.
La concejal aseguró que las tensiones con Aráoz no son recientes, sino que se remontan a septiembre del año pasado, en el marco del tratamiento del Código de Ordenamiento Urbano. En ese sentido, denunció prácticas intimidatorias en el ámbito legislativo: “Está acostumbrado a llevar patotas a las sesiones para agredir a los que no piensan como él”, afirmó.
Garolera también cuestionó el tratamiento que recibió su proyecto en la Comisión de Salud, presidida por María Decoud e integrada, entre otros, por el propio Aráoz y Álvaro Apud.
Según indicó, la iniciativa fue bloqueada en ese ámbito. Además, denunció descalificaciones personales durante el debate: “Me gritan traidora, me ningunean, me dicen que no sé sumar ni leer, pero estoy próxima a recibirme de procuradora. Es raro, pero con los concejales varones no se mete”, expresó.
Tras formalizar la denuncia el viernes, la edil, junto a su equipo legal, solicitó a la Justicia una restricción de acercamiento contra Aráoz, en la antesala de la sesión prevista para este jueves a las 9.30. En ese contexto, trascendió que el proyecto de exámenes toxicológicos no será tratado en esa jornada por falta de dictámenes.
Actualmente, Garolera permanece internada en un sanatorio del microcentro, a la espera de una resolución judicial sobre la medida solicitada. “Es difícil poder trabajar en este ámbito. Siento miedo. La perimetral de la Justicia debería haber salido antes y no esperar a estos resultados”, manifestó la concejala, en medio de un conflicto que expone fuertes tensiones dentro del cuerpo deliberativo.
El episodio se produjo alrededor de las 16.30, cuando la edil fue encontrada desvanecida y con signos de haber sufrido un golpe producto de la caída. La situación se enmarca en una serie de denuncias que la propia Garolera viene impulsando por hechos que, según sostiene, incluyen agresiones verbales y un contexto de persecución dentro del ámbito legislativo.
