La pelea entre la diputada Soledad Molinuevo y el gobernador Osvaldo Jaldo ya dejó de ser apenas una disputa política. Lo que está en discusión es algo bastante más delicado: si en Tucumán todavía existe un Poder Judicial con autonomía real para intervenir en conflictos donde el poder político aparece como parte interesada. El caso expone una postal inquietante. Una diputada opositora denuncia censura, se niega a borrar sus posteos, apela la decisión judicial y plantea que la discusión debería ventilarse en el ámbito federal.
Del otro lado, el gobernador acude a la Justicia provincial para pedir que se ordene el retiro de publicaciones críticas. La escena, por sí sola, ya enciende todas las alarmas republicanas.
No hace falta convertir a Molinuevo en heroína para advertir el problema. Tampoco hace falta coincidir con cada una de sus expresiones. El punto central es otro: cuando el poder político se siente agraviado y encuentra una vía judicial rápida para intentar silenciar a una opositora, el mensaje institucional es mucho más grave que el conflicto puntual.
Porque acá no se discute solamente un posteo. Se discute el precedente. Se discute si en Tucumán un dirigente puede cuestionar al poder sin terminar atrapado en una maquinaria judicial que, casualmente, parece moverse con más velocidad cuando el afectado es el gobernador. No es un fallo aislado: es un síntoma.
La defensa libertaria habló de “bozal legal”. La expresión puede sonar áspera, incluso exagerada para algunos. Pero toca un nervio sensible. Si la política empieza a resolver en Tribunales lo que no tolera en el debate público, entonces la democracia entra en una zona gris. La judicialización de la opinión es una forma moderna de disciplinamiento.
Y en Tucumán ese ruido se escucha todavía más fuerte. Porque la sospecha de dependencia entre poderes no nace con este caso. Hace años que una parte importante de la sociedad observa con desconfianza el vínculo entre la política gobernante y sectores de la Justicia. Cada episodio como este no hace más que reforzar esa percepción. La credibilidad judicial no se derrumba de golpe: se desgasta con fallos que parecen oportunos para el poder.
El oficialismo dirá que se busca poner un límite a acusaciones graves. Es un argumento atendible en abstracto. Pero en una república sana ese límite debe ser aplicado con una prudencia extrema, sobre todo cuando se trata de discursos políticos, de representantes electos y de críticas al poder. De lo contrario, el remedio termina siendo más peligroso que el exceso que supuestamente corrige.
La pregunta de fondo, entonces, no es si Molinuevo se excedió. La pregunta de fondo es mucho más incómoda: si mañana cualquier opositor duro denuncia al poder en Tucumán, ¿puede esperar un árbitro independiente o debe prepararse para enfrentar un sistema que primero protege al poder y después analiza los hechos?
Ahí está el verdadero escándalo. Y mientras esa duda siga viva, el problema ya no será Molinuevo. Será Tucumán.
FUENTE: 
https://quediario.com.ar/2026/03/27/molinuevo-jaldo-y-una-pregunta-incomoda-para-tucuman-quien-controla-a-una-justicia-que-parece-mirar-siempre-al-poder/
