Un relevamiento del sistema de la Cámara Nacional Electoral muestra 32 sanciones distribuidas en 13 de las 29 agrupaciones inscriptas. El Partido Justicialista, con una multa, es el de mayor peso político entre los observados.
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La resolución del Juzgado Federal de Tucumán N°1 fue escueta pero certera. El Partido Justicialista presentó el informe final de campaña de las Elecciones Generales del 26 de octubre de 2025 -categoría Diputados Nacionales- recién el 4 de febrero de 2026, con más de tres meses de demora.
El juez aplicó la sanción que prevé el artículo 67 de la Ley 26.215: una multa equivalente al 10% del total de los aportes públicos para campañas electorales que le correspondan al partido en el próximo proceso electoral. Además, lo intimó a publicar en un diario de circulación masiva los datos del sitio web donde puede consultarse el informe, y remitió las actuaciones al Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral para su auditoría.
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El episodio cobró estado público en el contexto del cambio de apoderado legal del PJ tucumano -de Ana Escobedo a Pedro Cruz, abogado del presidente subrogante de la Cámara Sergio Mansilla– y de las tensiones internas que eso generó entre el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y los sectores ligados al senador Juan Manzur. Pero la multa por el informe de campaña es un expediente separado. Y el PJ, con una sola sanción, está lejos de ser el partido tucumano con mayor exposición ante la Justicia Electoral.
Lo que revela el sistema de consulta pública de la Cámara Nacional Electoral es que 13 de las 29 agrupaciones registradas en el distrito acumulan sanciones vigentes en el período 2025, por incumplimientos en la presentación de informes de campaña de las elecciones generales, por deficiencias en sus balances del ejercicio contable, o por ambos conceptos a la vez. En total suman 32 registros de sanciones, distribuidos de manera muy desigual entre los partidos.
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Los más castigados
Pro-Propuesta Republicana encabeza el listado con cinco sanciones: dos suspensiones -la penalidad máxima, que implica la pérdida total del aporte extraordinario para la próxima campaña- y tres multas adicionales por balance contable. Le sigue el Partido por la Justicia Social con cuatro sanciones, combinando multas por informe de campaña y por balance. Con tres registros cada uno aparecen el Partido Frente Grande y el Partido del Trabajo y del Pueblo, este último también con una suspensión entre sus sanciones.
Un segundo grupo de seis partidos acumula dos sanciones cada uno: el Frente Renovador, el Partido Tucumán Innovador, el Partido Trabajar, el Partido Socialista, Cambia Tucumán y Trabajo y Capacidad. En la mayoría de los casos se trata de multas escalonadas -del 20% y del 10%- que la ley aplica automáticamente cuando el incumplimiento persiste pasados los distintos plazos que establece la norma.
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Con una sola sanción figuran el Partido Justicialista, Somos Uno y Tucumán Avanza, todos con multa del 10% por informe de campaña.
El marco legal
La Ley 26.215 y sus modificaciones establecen un esquema de sanciones estrictamente económico. No existe la posibilidad de suspender la personería de un partido ni impedirle participar en elecciones por incumplimientos en financiamiento.
Las penalidades van desde multas porcentuales sobre los aportes -que arrancan en el 10% y escalan según la demora- hasta la pérdida total del financiamiento para la campaña siguiente, que es lo que implican las suspensiones aplicadas a Pro-Propuesta Republicana y al Partido del Trabajo y del Pueblo. Si además no puede acreditarse el origen o destino de los fondos recibidos, la ley habilita la inhabilitación de las autoridades partidarias responsables -presidente y tesorero- por entre seis meses y diez años para ejercer derechos electorales y cargos públicos.
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Antes de la última reforma, las multas eran montos fijos que la inflación licuaba antes de que la sentencia quedara firme. El nuevo esquema porcentual las hace efectivas en términos reales y proporcionales al tamaño de cada partido.
Dirigentes de distintas fuerzas señalan que los procedimientos ante la Justicia Electoral siempre fueron rigurosos y que subsanar observaciones era parte del trámite habitual. Lo que cambió, reconocen en el peronismo, es la intensidad con que se aplican los controles desde el cambio de gobierno nacional. Eso convierte lo que antes era una gestión administrativa de bajo voltaje en una presión concreta, especialmente para los partidos más pequeños, que no cuentan con equipos contables ni jurídicos permanentes.
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El PJ fue el que más ruido hizo, pero los números muestran que el problema es bastante más extendido.
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FUENTE: 
Fernando Stanich
