Una delegación de legisladores del peronismo y la izquierda aseguró que autoridades migratorias bolivianas les negaron el ingreso al país en el aeropuerto de La Paz, retuvieron sus documentos y finalmente los expulsaron hacia Argentina.
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Una delegación integrada por legisladores argentinos denunció que fue impedida de ingresar a Bolivia y posteriormente deportada, luego de haber viajado con el objetivo de relevar denuncias vinculadas a la represión de protestas que se desarrollan desde hace semanas en ese país.
El episodio se produjo en el aeropuerto de La Paz, donde los integrantes de la misión aseguraron que agentes de la Dirección de Migraciones retuvieron sus documentos y les negaron el ingreso sin brindar explicaciones detalladas. Según relataron en registros audiovisuales difundidos en redes sociales, las autoridades intentaron derivarlos a una sala destinada a inadmitidos, instancia que los legisladores rechazaron. Tras ese momento, fueron trasladados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde se concretó su deportación de regreso a la Argentina.
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La comitiva estaba integrada por dirigentes del peronismo y de la izquierda. Entre ellos se encontraba el diputado nacional Juan Marino (UP), quien, de acuerdo con lo expresado por su par Germán Martínez, había sido invitado formalmente por la Asamblea Plurinacional de Bolivia y ya había cumplido previamente con los trámites migratorios en otra ciudad del país.
Martínez reclamó que se garantizara la posibilidad de que el legislador desarrollara la actividad para la que había sido convocado, y pidió además la intervención de las autoridades consulares argentinas para asegurar su integridad.
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También formó parte de la delegación el diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, quien sostuvo que el viaje tenía como finalidad verificar denuncias presentadas por organizaciones sociales en el marco de las protestas. En ese sentido, reclamó que se autorizara el ingreso inmediato de la misión para poder avanzar en el trabajo previsto.
“Mientras tanto, el gobierno profundiza la represión y amenaza con imponer un estado de excepción, sacando al Ejército a las calles para intentar aplastar el levantamiento popular. Pero en cada bloqueo y en cada asamblea se reafirma una misma exigencia: ¡que renuncie este gobierno proimperialista y ajustador que pretende gobernar a fuerza de represión!”, proclamó Del Caño.
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A su vez, la legisladora porteña Vanina Biasi sostuvo que “el gobierno de Rodrigo Paz impidió el trabajo de una misión humanitaria internacional que viajó a Bolivia para relevar las denuncias de represión contra trabajadores y sectores populares que luchan contra el ajuste”.
“Integré una delegación de diputadas, diputados y organismos de derechos humanos que ingresó legalmente al país en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, pese a que Migraciones había autorizado nuestro ingreso, las autoridades en La Paz retuvieron nuestra documentación de manera arbitraria y avanzaron con un operativo de hostigamiento y deportación contra integrantes de la misión”, señaló Biasi, para quien “lo ocurrido constituye una vulneración de las libertades democráticas y un intento de impedir que organismos y representantes políticos constaten la magnitud de la represión que atraviesa el pueblo boliviano”.
