El grupo Lucci pretende compensar al Estado con tierras protegidas por una ley nacional.
El vicepresidente segundo de la Honorable Legislatura de Tucumán, Fredy Toscano, manifestó su rechazo al proyecto que propone desafectar del dominio público una fracción de un inmueble ubicado en El Manantial para transferirlo a la empresa Citrusvil S.A. (Grupo Lucci).
PUBLICIDAD
El legislador sostuvo que la iniciativa busca convalidar una situación irregular y advirtió que parte de las tierras ofrecidas como contraprestación no pueden ser cedidas por encontrarse protegidas por la Ley Nacional Numero 27.453. Durante su intervención en el recinto, Toscano afirmó que el Barrio Ohuanta integra el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), bajo el protocolo N.o 4070, condición que garantiza la protección de las familias que allí residen y prohíbe cualquier intento de desalojo mientras avanza el proceso de regularización dominial.
PUBLICIDAD
«El Estado no puede aceptar como parte de pago tierras que están protegidas por una ley nacional y sobre las cuales el privado no tiene libre disposición. Se pretende entregar algo que no le pertenece y eso
es, lisa y llanamente, hacerle el cuento del tío al Estado tucumano», expresó.
El parlamentario recordó que el barrio ya fue alcanzado por programas nacionales de integración socio urbana, entre ellos «Mi Pieza», que permitió mejorar las condiciones habitacionales de numerosas familias, y remarcó que el objetivo de la legislación vigente es avanzar en la titularización de esos terrenos a favor de sus ocupantes. Asimismo, cuestionó que el proyecto termine regularizando una ocupación que, según denunció, la empresa mantiene desde hace años sobre tierras del Estado.
PUBLICIDAD
«No podemos permitir que quien usufructuó un inmueble público sin autorización termine siendo beneficiado con su propiedad y, además, pretenda compensar esa cesión con tierras que tampoco puede disponer», señaló. En ese marco, Toscano informó que presentó una nota dirigida al presidente de la Honorable Legislatura, a la Comisión de Legislación General, al ministro del Interior y a la Fiscalía de Estado para advertir sobre la situación jurídica del Barrio Ohuanta.
Además, anticipó que remitirá la misma documentación al gobernador de la provincia, solicitando que el Estado no acepte esos terrenos como parte de la operación.
PUBLICIDAD
Finalmente, el legislador insistió en que cualquier negociación debe ajustarse al marco legal vigente y resguardar el patrimonio público. «La seguridad jurídica de los vecinos debe garantizarse aplicando las leyes, no mediante acuerdos que beneficien intereses particulares en perjuicio del Estado y de todos los tucumanos», concluyó.
